Aclaraciones sobre el caso del cardenal Mahony
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En estos días, el semanario Famiglia Cristiana ha relanzado en Italia la campaña que iniciada en Estados Unidos por un grupo católico de izquierda (Catholics United) que pide la exclusión de la participación en el próximo conclave del ex arzobispo de Los Angeles, Roger Mahony, acusado de haber encubierto a los sacerdotes pederastas de su diócesis.
No por casualidad, por tanto, el interés de los periodistas de la sala de prensa vaticana llamados esta mañana a un briefing de profundización sobre la constitución apostólica Universi Dominici Gregis en materia de sede vacante y elección del pontífice con monseñor Juan Ignacio Arrieta, secretario del Consejo Pontificio para los textos legislativos, se sugirió la posibilidad de que un cardenal renuncie o se vea obligado a renunciar al derecho de voto en conclave.
El derecho a elegir al Romano Pontífice, dice el artículo 33, de la Universi Dominici Gregis corresponde únicamente a los cardenales de la Santa Romana Iglesia, con excepción de aquellos que, antes del día de la muerte del Sumo Pontífice o del día en que la Sede Apostólica queda vacante, hayan cumplido los 80 años de edad. El número máximo de cardenales electores no debe superar los 120.
“La elección – explicó monseñor Arrieta – es pedida a un cuerpo electoral que no es demasiado numeroso para facilitar la convocatoria”.
Ningún cardenal, se subraya en el texto normativo, “podrá ser excluido de la elección, tanto activa como pasiva”.
Se trata, según el experto del Consejo Pontificio para los textos legislativos, de un “derecho inviolable y de un ministerio” y el electorado no puede minusvalorarse “para proteger la libertad de la Iglesia”.
Se trata de una exigencia tan importante, la de tutelar de cualquier incertidumbre la elección del pontífice, que “incluso en el caso del crimen de simonía (n.d.r. la adquisición de bienes espirituales a cambio de dinero), en que todos aquellos que sean culpables quedan afectados por excomunión latae sententiae, sin embardo su voto sigue siendo válido, para que no pueda impugnarse la validez de la elección del Papa”.
Cualquier injerencia en el voto en conclave – cualquier tipo de promesa, pacto, acuerdo para dar o negar el voto a uno o unos cardenales – prevé para quien se preste a ello o la cometa la excomunión latae sententiae (artículos 78-79). Así, en el art. 80 de la constitución está previsto que ninguna autoridad civil pueda ejercer presión sobre la elección del pontífice. “Hay más excomuniones latae sententiae en esta ley – comentó jocosamente con los periodistas monseñor Arrieta – que en todo el derecho canónico”.
¿Y si el cardenal Mahony , que mañana acudirá a un tribunal estadounidense acusado de encubrimiento fuese arrestado?
“No existen normas para un caso de este tipo” respondió monseñor Arrieta, quien se limitó a subrayar que el purpurado “no podría venir a Roma" pero no perdería por ello el derecho a voto.
Incluso la hipótesis de un impedimento de llegar a Roma por motivos de salud debe ser aceptado por el colegio de los cardenales reunido en la Congregación general tras el inicio de la sede vacante.
Es el caso del cardenal indonesio Julius Riyadi Darmaatmadja, arzobispo emérito de Jakarta, de 78 años, que ha anunciado que por “decisión libre y personal” no se encuentra en condiciones de sentarse con los demás cardenales y votar al nuevo Papa. “Por esto he decidido no ir a Roma, para un acontecimiento importantísimo e histórico para la Iglesia”. Su renuncia reduciría el número de cardenales electores de 117 a 116.
“Para no tener derecho al voto – explicó monseñor Arrieta – un cardenal debería perder la dignidad cardenalicia”. Esta rigidez de las normas se justifica con “la exigencia de conservar la unidad de la Iglesia”. “Es necesario leer estas prescripciones – concluyó el canonista – con el sentido de los 2000 años de historia de la Iglesia, de la experiencia de los cismas y por tanto con las preocupaciones que las inspiran”.
