1.000 muertos en un mes, la pena de muerte más cruel jamás vista
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“Son más de 6.000 los muertos, todos presuntos traficantes de marihuana u otras drogas, y 1.000 asesinados solamente sobre la base de una sospecha, en el último mes. Para algunos puede ser un gran éxito: se trata de una pena de muerte de ‘facto’, sin necesidad de una ley sobre la pena capital o de largos procesos en los tribunales.
La eliminación de presuntos delincuentes con la ejecución es mucho más eficaz, según los partidarios de esta política. En todo esto hay algo siniestro y cruel” así lo dice a la Agencia Fides el p. Shay Cullen, misionero irlandés en las Filipinas, fundador y director de la “Fundación Preda”, que se ocupa de muchas obras sociales en favor de los niños abandonados, las mujeres explotadas, los drogadictos.
El misionero señala con preocupación que “este fenómeno, ampliamente denunciado por las organizaciones no gubernamentales en los últimos meses, no parece detenerse de ningún modo, o más bien parece que cuenta con la abrumadora aprobación del 76% de los filipinos”.
El padre Cullen observa que mientras que “el Parlamento podría aprobar la restauración de la pena de muerte, a pesar de todos los argumentos en contra de esta práctica: no disuade a la delincuencia, mata a inocentes y sospechosos, y además la mayoría de los cuales son pobres que no pueden pagarse un abogado; es cruel y priva al acusado de la posibilidad de redención; va contra el valor sagrado de la vida y de la dignidad de la persona humana”.
Pero esto sería “una forma legal para suprimir un condenado”, añade. En su lugar las “ejecuciones sumarias son más rápidas y apresuradas”.
“Matar a mil personas al mes, como se hace ahora, está lejos de ser un hecho que hay que infravalorar. Se trata de la pena de muerte más cruel jamás vista, que se practica todos los días. Es un crimen monstruoso para contrarrestar a los pequeños traficantes. Los sospechosos no tienen la oportunidad de defenderse de sus acusadores, como es su derecho constitucional. Estos derechos han sido suspendidos y el reto ahora es restaurarlos. Es necesario pedir un ‘alto el fuego’ en esta violencia que está costando muchas vidas, y que va en contra del estado de derecho”, concluye el p. Cullen.
