La orden presidencial restablece la política “Mexico City”, que ya mantuvieron sus predecesores republicanos
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En una de sus primeras decisiones ejecutivas, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha firmado el día de hoy, 23 de enero, la restitución de una política que prohíbe que organizaciones no gubernamentales (ONG) estadounidenses reciban fondos del Estado si proveen servicios de aborto en el exterior.
También firmó dos acciones ejecutivas más. La primera que desliga a Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), y la otra en la que –salvo en las fuerzas armadas—se prohíbe la contratación de funcionarios federales.
La orden ejecutiva en contra del aborto restituye la política llamada “Ciudad de México” (por haberse anunciado en la capital mexicana en 1984 por el entonces presidente de Estados Unidos, el también Republicano Ronald Reagan).
En suma, esta orden ejecutiva bloquea el financiamiento federal para organizaciones internacionales que promuevan el aborto o den información acerca de él.
Reagan sostuvo la política “Ciudad de México” hasta el término de su segundo mandato y se alargó hasta 1993, al terminar el mandato de George Bush padre. Pero cuando Bill Clinton tomó la presidencia en 1993 y hasta 2001, los Demócratas la echaron atrás. De nueva cuenta, en el período de George W. Bush (2001-2009) estuvo en vigor.
Fue una de las primeras medidas de Barack Obama (el reestablecerla) en 2009 y formó parte de sus políticas hasta el día 20 de enero de este año, cuando dejó en manos del Republicano Donald Trump la presidencia de Estados Unidos.
Esta medida era de esperarse, dado que forma parte de la tradición Republicana y el mismo Trump se había afanado en señalar que iba a llevar a cabo la orden ejecutiva en cuanto tomara posesión de la presidencia.
La presión ejercida sobre este tema en la pasada marcha de las mujeres, que concitó miles de personas en Washington y en otras capitales del mundo, no fue óbice para que Trump firmara la orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos federales para financia programas internacionales que promuevan el aborto como método de planificación familiar o salud reproductiva.
