La decisión sobre avanzar con la Ley General de Coca abre varias interrogantes
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Fueron seis días de tensión, enfrentamientos y movilizaciones, pero finalmente se lograron apaciguar algunos ánimos. Por un lado, los productores cocaleros bolivianos de los Yungas (noroeste de La Paz) y por otro la policía.
¿El reclamo?
La decisión del gobierno vinculada a la propuesta de la Ley General de Coca que preveía la legalización de 20.000 hectáreas de coca a nivel nacional, cifra que no dejaba conformes a los productores que se movilizaron.
Debido a esto, luego de instalada una mesa de negociaciones, fue posible logar un acuerdo con los cocaleros de los Yungas, quienes lentamente empezaron a abandonar la concentración para volver a sus hogares, pues de alguna manera habían logrado algo que habían reclamado: llevar a más hectáreas el cultivo de coca, quedando finalmente la cifra en 22.000.
La ley fue aprobada por Diputados y estaba en tratamiento del Senado a la espera de los mimos resultados para su posterior promulgación. Pero mientras esto sucedía, otra gran interrogante surgía, ¿acaso esta disposición no le estaría abriendo las puertas al narcotráfico?
Patrimonio cultural
“Si es nuestro patrimonio cultural, no podemos estar pensando en erradicar completamente la coca como dice la Ley 1008, lo que tenemos que hacer es que sea parte de nuestra vida”, expresó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia César Cocarico, reproduce Sputnik.
Precisamente, este uno de los principales argumentos de las autoridades bolivianas para defender el avance de la ley y contemplar el reclamo de los productores.
Es que la hoja de coca está fuertemente arraigada en la cultura boliviana y desde siempre estuvo vinculada a la alimentación, los rituales y otras actividades.
El propio Evo Morales, vinculado a los pueblos originarios, antes de asumir su rol como principal mandatario era sindicalista cocalero.
Por lo tanto, con el avance de esta nueva legalización, que le quiere poner fin a la “guerra de la coca”, el gobierno busca separarla de la lista de estupefacientes y generar el cultivo legal.
Y es aquí donde empiezan a aparecer las opiniones encontradas de parte de quienes sostienen que este paso lo único que provoca es que se aliente al narcotráfico en el país.
Por ejemplo, se recordó que en el año 2012 el gobierno elaboró un estudio financiado por la Unión Europea en el que concluía que el requerimiento mínimo de la hoja está en algo más de 14.000 hectáreas. La ley vigente, la que se quiere sustituir, establece como mínimo las 12.000 hectáreas, reproduce Los Tiempos de Cochabamba.
En ese sentido, la medida del gobierno es interpretada por muchos como electoral y provoca que la coca excedentaria que se generaría en el corto plazo vaya directo al narcotráfico, además de privilegiar solamente a los productores cocaleros.
“Hemos visto que el presidente Morales y su Gobierno busca solamente acuerdos electorales, busca darle respaldo al sector cocalero del Chapare, pero no está siendo consecuente con la grave situación que está atravesando nuestro país. Tenemos que ser claros, la coca excedentaria está pasando de manera directa al narcotráfico y recordó que para el consumo tradicional el país sólo requiere de 6.000 hectáreas a nivel nacional”, señaló el diputado opositor Tomás Monasterios.
Incluso, para algunos analistas, como el sociólogo Fernando Salazar –citado por Los Tiempos– las 25.000 toneladas de cocaína que se podrían producir representa una cantidad enorme y que tendrán como principal destino países de la Unión Europea, por ende, no descartan posibles sanciones internacionales.
“Existe un mercado negro de la coca que es real, existen grupos que viven del narcotráfico, bandas y crimen organizado que están detrás de ese mercado”, alertó el especialista, para quien esta medida lo único que hará será aumentar el crimen organizado, además de tener mayor penetración entre los jóvenes.
Mientras tanto, ahí están los productores cocaleros, como los Yungas, muchos de los cuales dependen también de este cultivo milenario, patrimonio cultural, para seguir viviendo y lejos están de todos los debates políticos y los vinculados al narcotráfico. Su situación también merece ser contemplada.
