La decisión, que bloquea por ahora una ley contra “ciudades santuario”, se dio gracias a la intervención de un juez federal
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El juez federal Orlando García bloqueó, temporalmente partes de una severa ley estatal de inmigración -la SB4- que se supone entrará en vigor hoy viernes 1 de septiembre en el Estado Texas.
La ley habría prohibido las “ciudades santuario” y penalizado a los funcionarios locales “que no cooperaran” con los esfuerzos federales de deportación de personas indocumentadas a quienes podrían haber exigido sus documentos por su mera apariencia física.
La decisión tomada el miércoles por el juez de distrito Orlando García en San Antonio (Texas) supone un golpe temporal a la campaña texana – respaldada por el gobierno federal- para obligar a las autoridades locales a detener a los inmigrantes para que los agentes federales puedan llevarlos bajo custodia.
En una decisión de 94 páginas, García escribió que es probable que partes de la ley de Texas sean encontradas inconstitucionales.
En su argumentación toca elementos de libertad de los funcionarios (que ahora serían obligados a detener indocumentados por una falta leve), de “erosión” en la confianza pública y de perjuicio económico para el Estado de Texas, además de hacer de muchas comunidades y barrios “menos seguros”.
De acuerdo con el dictamen de García, “el Estado (de Texas) no puede ejercer su autoridad de una manera que viole la Constitución de los Estados Unidos”.
No hay necesidad
El gobernador de Texas, Greg Abbott, y el procurador general de Texas, Ken Paxton, ambos republicanos, se comprometieron a apelar esta decisión del juez federal pues en su opinión “hace a las comunidades de Texas menos seguras”.
La decisión de García es muy importante ya que Texas es el hogar de un millón y medio de inmigrantes indocumentados, y hoy mismo se enfrenta a inundaciones históricas y decenas de muertes después del paso del huracán “Harvey”.
También llega en medio de crecientes temores de que el gobierno federal termine el programa DACA, de la era de Barack Obama, que ha librado de la deportación a casi 800,000 inmigrantes traídos por sus familiares a Estados Unidos cuando eran niños.
El juez García señaló que las localidades texanas han cooperado voluntariamente con los oficiales de inmigración durante décadas y pueden continuar haciéndolo sin necesidad de que sea obligatorio y que se les castigue duramente por no seguir el lineamiento federal.
García dictaminó que los mandatos y las penas en la ley “van más allá “de lo que exige la ley federal y “alteran el delicado equilibrio entre la aplicación federal y la cooperación local y violan la Constitución de los Estados Unidos”.
Con información de The Washington Post
