El presidente boliviano pretende que la Iglesia acompañe su intención de seguir gobernando el país sudamericano Desde el 2006, cuando comenzó su primer mandato, Evo Morales viene repitiendo el mismo esquema de Chávez y Maduro en Venezuela: está enfrentado con la Iglesia Católica. La cúpula eclesiástica boliviana, haciendo uso de su derecho a opinar, cuestionó en octubre de este año la decisión de una comisión del tribunal de “admitir la acción de inconstitucionalidad abstracta” planteada por legisladores oficialistas, destinada a prorrogar la gestión de Morales, que debe concluir su tercer mandato en enero del 2020.
Esta solicitud “podría colocarnos en una situación de vulneración del orden constitucional de imprevisibles consecuencias”, dijo un comunicado de la Iglesia, en consonancia con una fuerte corriente adversa contra la propuesta esgrimida por la oposición.
“Este hecho constituye un grave daño a la democracia, y desconoce la voluntad popular expresada en el referendo del 21 de febrero de 2016″, que rechazó con 51% de los votos una eventual reforma de la Constitución, señaló la Iglesia.
El representante de la Conferencia Episcopal Boliviana Ricardo Centellas dijo el viernes 14 de octubre que “no podemos permitir que los populismos poco a poco se vayan convirtiendo en dictadura en nuestra sociedad”. De inmediato, Morales ripostó lamentando que algunos representantes de la Iglesia católica boliviana, que siguen en tiempos de la inquisición, no toleran que los indios estén al mando del Estado por decisión popular.
“No faltan algunos curas que son enemigos nuestros (..). La Iglesia católica institucionalmente de qué democracia nos pueden hablar (…), algunos curas todavía piensan que están en tiempos de inquisición, no aguantan que los indios seamos presidentes del gobierno y cuestionan, lamento mucho eso”, dijo al otro día con ocasión de entregar obras en Cochabamba.
El mandatario indígena aclaró que no todos los sacerdotes son iguales y recodó la visita del papa Francisco a Bolivia en 2015, cuando pidió perdón por “crímenes” de la Iglesia Católica hacia los pueblos originarios.
“No todos somos iguales, algunos padres siguen los pasos del papa Francisco, con quien tenemos mucha amistad, que nos defiende y defiende ‘Mar para Bolivia’ por ejemplo”. Acto seguido, culminó pidiendo a la población orar por el papa Francisco para que siga trabajando por los pobres y buscando igualdad entre los seres humanos. Exactamente igual a la cartilla de Chávez y Maduro, mismas palabras, misma intención. Deslindar al Santo Padre de la “molesta” Iglesia local y separar los curas “buenos”de los curas “malos”.
En las últimas horas Morales “comisionó” a su ministro de Transportes para exigir a la Iglesia católica incorporarse de lleno a la campaña electoral a su favor, llegando al extremo de proponer la utilización de los púlpitos de todos los templos a divulgar las obras del gobierno: La Iglesia Católica debe “sumarse al proceso de cambios” -dijo- “los curas católicos que aprovechen sus homilías para difundir los resultados de la gestión del gobierno de Evo Morales”.
El ministro Galo Bonifaz retó a la Iglesia católica a definir de una vez si finalmente estará con los sectores más vulnerables o con el sistema neoliberal. Esto ocurre semanas después del lamento de octubre, cuando Morales se declaró «víctima» de algunos jerarcas de la Iglesia que no toleran que «un indio sea presidente».
En otra semejanza evidente con el discurso oficialista venezolano, no faltaron las contradicciones cuando reiteró que “la labor de la Iglesia católica es ponerse al lado de las personas humildes y no incurrir en política, como, en su criterio, hacen los integrantes de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), que critican el intento oficialista de perpetuarse en el poder”.
La incoherencia lo delata: si la Iglesia incursiona en política para propagar las obras del gobierno de Morales y apuntalar su campaña electoral, esa incursión es buena, la Iglesia es sabia y los curas son buenos; si lo hace para cuestionar el que se salte a la torera la Constitución -que le impide repetir en el poder- y el referéndum del 21 de febrero de 2016 cuando la mayoría de la población se opuso a la posibilidad de facilitarle un nuevo mandato, esa incursión en mala. La ley del embudo impera en Bolivia.