El gobierno de Duterte es una “una calamidad” en materia de derechos humanos y se ha cobrado ya más de siete mil vidas por su “lucha contra las drogas”
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Llamar “autoritario” al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte es lanzarle un piropo. Este político y abogado de 73 años, de origen mindanaense, es presidente de Filipinas desde el 30 de junio de 2016.
A partir de entonces, no ha parado de insultar a medio mundo. Desde al ex presidente Obama de Estados Unidos hasta el Papa Francisco. Pero nunca se había atrevido a tanto: ahora ha insultado a Dios, llamándolo “estúpido”.
Filipinas, con 85 millones de católicos, es el tercer país con mayor número de católicos del mundo, solamente por debajo de Brasil y México, pero por arriba de Estados Unidos e Italia. Y tiene un presidente que insulta a Dios como ninguno otro se ha atrevido a hacerlo.
El mandatario filipino, no nada más insulta y agrede verbalmente. También mata. Justifica su “guerra” contra la droga diciendo que él mismo se encarga, cuando las tareas de gobierno le dejan tiempo, de “asesinar criminales”.
Según informe de la CIA estadounidense, Duterte es una “amenaza” a la democracia. Este organismo de inteligencia lo compara con líderes de regímenes autoritarios de la región, como el primer ministro camboyano, Hun Sen. Pero sería mejor compararlo con el antecesor de Sen, Pol Pot.
La polémica “guerra contra las drogas” que ha llevado a cabo Duterte, según estimaciones extra oficiales, ha causado más de 7.000 muertes. El mandatario filipino ha dicho, una y otra vez, que “podría suspender la Constitución, declarar un gobierno revolucionario e imponer la ley marcial”.
Si no lo ha hecho es porque no lo ha necesitado. Cuenta con el apoyo de 90 por ciento de los filipinos. Aunque tras de sus insultos a Dios, es muy posible que el apoyo vaya en picada. Y quizá entonces, Duterte pase de las amenazas a la suspensión indefinida de las garantías constitucionales.
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) califica como “una calamidad” al gobierno de Duterte, en materia de derechos humanos, ante las más de siete mil vidas que ha cobrado su “lucha contra las drogas”.
Duterte no quiere oír hablar de derechos humanos. El 15 de abril de este año, las autoridades de Filipinas –por orden del presidente Duterte- aprehendieron
y expulsaron al secretario general adjunto del Partido Socialista Europeo, Giacomo Filibeck,, cuando se disponía a participar en un foro sobre derechos humanos.
La razón de Duterte fue que Filibeck había formado parte en 2017 de una misión internacional donde se denunciaron los asesinatos en la campaña antidroga que él promueve.
Contra el pecado original
Su gobierno autoritario también se ha manifestado contra la religión católica, aunque él mismo creció como católico, al igual que nueve de cada diez filipinos lo son. Sin embargo, se ha negado a disculparse por decir recientemente que “Dios es estúpido”,
Uso el insulto a Dios por el pecado original: “¿Quien es este Dios estúpido? ¿Crea algo perfecto y luego piensa un evento que destruirá la calidad de su trabajo? ¿Cómo se puede racionalizar a un Dios así? Ahora todos nacemos con el pecado original, incluso en el vientre de la madre se ha pecado ¿Qué tipo de religión es esa?”
El presidente de Filipinas sostuvo que su creencia religiosa es una decisión particular. “Si decido no creer en Dios, ¿cuál es el problema? Cada uno es libre de elegir”.
Aunque ha tratado de aclarar sus recientes y provocativas declaraciones, explicando que el ser superior en el que cree él “tiene sentido común, la verdad es que su aclaración es muestra del embrollo mental en el que está metido::”No dije que mi Dios era estúpido. Su Dios no es mi Dios, porque su Dios es estúpido. El mío tiene mucho sentido común”.
Como buen autócrata, Duterte se defiende diciendo que sus declaraciones acerca de Dios estaban relacionadas con su frustración ante las críticas de una monja australiana a su Gobierno.
En los últimos 27 años, la misionera Patricia Fox (71 años) madre superiora de la congregación católica de Notre Dame de Sion en Filipinas, ha llevado a cabo actividades “en defensa de los derechos humanos y de ayuda a los más desfavorecidos” en Filipinas.
Pero su crítica por la guerra en contra de las drogas de Duterte fue suficiente para el arresto de la monja australiana por “alteración del orden”. Aunque ya fue liberada, aguarda un posible juicio pues sus declaraciones constituyen una “violación de la soberanía” de Filipinas.
La ley filipina prohíbe a cualquier extranjero participar en actividades políticas, aunque hasta ahora raramente se había aplicado. Pero Duterte no repara en minucias. Ni en insultos. Los derechos humanos y toda su retórica no le mueven un pelo. Y, desde luego, de temor de Dios, nada.
