Así lo establece un anteproyecto de nueva Constitución cubana impulsado por el nuevo presidente
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A menos de cuatro meses de haber sucedido a Raúl Castro Ruz en la presidencia de Cuna, Miguel Díaz-Canel ha impulsado ya un anteproyecto –avalado los los legisladores—de una nueva Constitución que buscaría “modernizar al país”.
Con este nueva Constitución se buscaría reemplazar la de 1976, redactada en el pináculo del poder de Fidel Castro y de su asociación directa con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS); es decir, se trata de una Constitución piramidal, con un poder central que rige todos los ámbitos de la vida del país.
Los cambios que contempla el anteproyecto no son menores: reconocer el derecho a la propiedad privada (un bofetón al rostro del comunismo) y abrir el camino al reconocimiento del “matrimonio” igualitario (un guiño al progresismo), son los dos grandes temas constitucionales que destacan los medios de todo el mundo.
Desde luego, no son los únicos. De ser aprobada, la nueva Constitución cubana insertará a la isla del Caribe en un modelo híbrido de economía de mercado, dejando el control de la industria prioritaria al Estado y generando otros cambios políticos, económicos y sociales que puedan darle viabilidad al país, entre ellos, el acceso (limitado) a la inversión extranjera.
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En las leyes, por vez primera se incluye la presunción de inocencia (todas personas es inocente hasta que no se demuestre lo contrario), desgajando, así, el edificio de culpabilidades construido en contra de cualquiera que fuese acusado de ser “enemigo de la revolución”.
Acorde con el desmantelamiento paulatino de la dinastía castrista, que gobernó con mano de hierro desde 1959, el gobierno cubano podría cambiar de manera radical. Por lo pronto se contempla la figura de un primer ministro (que compartiría funciones con el presidente) y de gobernadores de las diferentes provincias de la isla.
El anteproyecto, además, conllevaría una reorganización del gobierno, pues prevé la posibilidad de que haya un puesto de primer ministro que comparta poder con el presidente, y de gubernaturas para las provincias de la isla.
Sin embargo, antes que se oficialicen los cambios y Cuba entre en un proceso de transformación más o menos acelerado, la ruta del anteproyecto apenas si comienza. Habrá consultas en cada una de las provincias en las que se divide el país y, terminadas éstas, un referendo a nivel nacional. El proceso puede durar varios meses.
“Este ejercicio de participación directa del pueblo adquiere la mayor relevancia política y será un reflejo más de que la Revolución se sustenta en la más genuina democracia”, indicó en un discurso de presentación del anteproyecto constitucional el presidente Díaz-Canel, de acuerdo con el periódico oficial Granma.
Ciertamente, el anteproyecto excluye la meta que se proponía la Constitución de 1976 –aún vigente—en el sentido de construir una sociedad netamente comunista, pero (el eterno pero de Cuba) deja en las manos únicas del Partido Comunista Cubano la rectoría de la sociedad, de la política y, por ende, de la economía.
Se trata, pues, de no abandonar el fondo del régimen impuesto por Fidel Castro y la URSS, aunque cambiando la forma de presentarlo. No hay posibilidad de una democracia participativa ni de una economía de mercado. Como
expresó el Granma: el socialismo es “irrevocable” en Cuba y la isla “no volverá jamás al capitalismo”.
La figura de esta nueva Constitución la dio el presidente de la Asamblea Nacional cubana, Esteban Lazo Hernández, quien dijo que omitir la referencia al comunismo “no quiere decir que el liderazgo político renuncie a sus ideas”. Y agregó: “En nuestra visión, pensamos en un país socialista, soberano, independiente, próspero y sostenible”.
Otro de los cambios estriba en la posible transformación de la definición de matrimonio. Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado de la República de Cuba, les dijo a los asambleístas que el proyecto define el matrimonio como “la unión entre dos personas, y no exclusivamente entre un hombre y una mujer”.
De llegar a un consenso general, la nueva Constitución cubana –con sus dimes y diretes—cumpliría parcialmente aquella proclama de San Juan Pablo II quien, el 22 de enero de 1998, pidió, en el centro de la Plaza de la Revolución, un pequeño favor a Fidel Castro: que dejara que Cuba se abriera al mundo; única condición para que el mundo se abriera a Cuba.
