Los magistrados pasaron la “papa caliente” al Congreso
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En muchos países de América Latina se suele utilizar de facto un dicho que inmortalizó el dictador mexicano don Porfirio Díaz, quien “para taparle el ojo al macho” solía decir de una ley: “promúlguese, pero que no se cumpla”. En otras palabras, simúlese que legislamos, pero vamos a darle tiempo al tiempo, a ver qué pasa…
En la sesión más larga de los últimos 29 años, la Sala IV del Tribunal Constitucional de Justicia de Costa Rica, fijó un plazo de 18 meses para que entre en vigencia el matrimonio homosexual en ese pequeño país centroamericano.
En tal periodo, según la sentencia de la Sala, la Asamblea Legislativa (la cámara de diputados) deberá adecuar las leyes al respecto. Mientras tanto, durante el próximo año y medio, permanecerá vigente el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, el cual prohíbe explícitamente el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El magistrado Fernando Castillo, presidente de la Sala IV, afirmó a los medios de comunicación cistarricenses que, si los legisladores no actúan en ese período, el inciso 6 del artículo 14 perderá vigencia, con lo cual se podrán celebrar los matrimonios homosexuales.
El Tribunal ordenó a la Asamblea Legislativa adecuar “el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo”. La Asamblea también podría asumir una “determinada figura por un periodo transitorio”, dijo Castillo.
Decisión ambigua
Para muchos actores pro matrimonio igualitario, la decisión de la Sala Constitucional solamente intenta transladar la responsabilidad al poder legislativo. Por ejemplo, la defensoría del matrimonio homosexual se declaró “sorprendida” por fallo, pues según esto, la Sala IV ‘dejó escapar la oportunidad de que la resolución fuera contundente”.
El magistrado presidente de la Sala IV de Costa Rica explicó que, por mayoría (seis a uno), el Tribunal declaró que había lugar a las acciones de inconstitucionalidad planteadas contra el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia. Lo hizo, dijo Castillo a los medios, a la luz de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, un organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos) la cual exigió a Costa Rica “reconocer el matrimonio homosexual sin ningún tipo de discriminación”.
Los magistrados pasaron la “papa caliente” al Congreso pues, según ellos, la CIDH observó que se deben “vencer dificultades institucionales” para adecuar la legislación interna y “extender el derecho de acceso a la institución matrimonial a las personas del mismo sexo, en especial cuando median formas rígidas de reforma legislativa, susceptibles de imponer un trámite no exento de dificultades políticas y de pasos que requieren cierto tiempo”.
La sentencia se produjo a raíz de acciones de inconstitucionalidad presentadas por el abogado y expresidente del Movimiento Diversidad, Marco Castillo, así como la pareja conformada por Laura Flores-Estrada Pimentel y Jazmín Elizondo. El propio Castillo dijo que el fallo de la Sala IV “no tiene sentido”, pues según el líder del movimiento “lo que hace es atrasar el cumplimiento de nuestros derechos”.
Cabe resaltar que los magistrados resolvieron las acciones de inconstitucionalidad siete meses después de que la CIDH le ordenara a Costa Rica garantizarles a las parejas del mismo sexo todos los derechos existentes en la legislación, incluido el matrimonio, sin discriminación alguna frente a las parejas heterosexuales.
Con información del periódico La Nación de Costa Rica
