Solamente 136 años después del inicio de las obras
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La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Y sin embargo, desde hace más de un siglo, la basílica de la Sagrada Familia estaba fuera de la ley.
En 1882, por iniciativa del arquitecto catalán Antoni Gaudí, los trabajos comenzaron simplemente con el acuerdo del ayuntamiento del municipio de Sant Martí de Provençals.
Doce años después, la pequeña localidad pasó a pertenecer administrativamente a Barcelona. Sin embargo, los constructores siguieron sin pagar el impuesto municipal y picoteando sin complejos del espacio público.
Resumiendo, la rebelde mística de exuberante decoración, la bandolera del cristianismo, la forajida mediterránea, hacía lo que se le antojaba. Pero estar inscrita en el patrimonio mundial de la Unesco no dispensa de los buenos modales. Así se están llevando a cabo las obras:
Una díscola administrativa
Hasta que llegó Ada Colau, alcaldesa de Barcelona desde 2015, quien decidió plantar cara a esta falta de disciplina. El jueves 18 de octubre de 2018, se firmó en la debida forma un acuerdo de regularización entre la alcaldía de la capital catalana y los constructores del rebelde edificio.
Después de 136 años de espera, ¡ya iba siendo hora! La basílica, uno de los lugares más turísticos del país, abonará así 36 millones de euros en diez años a la ciudad para mejorar el entorno y los transportes de sus inmediaciones. Los trabajos deberían finalizar en 2026, año del centenario de la muerte de Gaudí. Cada año, 20 millones de visitantes se acercan al edificio y, de ellos, cuatro millones de aventuran en su interior.
