Cada vez gusta menos la pena de muerte

Estados Unidos, Malasia… Poco a poco más países abandonan esta práctica

La Corte suprema del Estado de Washington, en el extremo noroeste de Estados Unidos, rechazaba el jueves 11 de octubre por unanimidad la pena capital, porque “se impone de manera arbitraria y racial”. Para este organismo, la pena máxima viola la Constitución del Estado.

“La pena de muerte, tal y como se administra en nuestro Estado, no sirve a ningún objetivo penal legítimo; por tanto, viola el artículo I, sección 14 de la Constitución de nuestro Estado”, escribía la Chief Justice o presidenta de la Corte suprema del Estado, Mary Fairhurst, en su motivación, citada por el Seattle Times.

En su sentencia, los jueces supremos del Estado dieron también la orden de conmutar la pena de muerte por cadena perpetua para las ocho personas actualmente encerradas en el corredor de la muerte.

“Con este juicio, Washington se convierte en el 20° Estado de la Nación en no tener la pena de muerte, y yo estoy de acuerdo con esto”, declaraba el procurador del condado de King, Dan Satterberg.

En algunos casos – explicaba el representante de la acusación – el itinerario judicial podía durar más de veinte años. Además del enorme coste, las sentencias capitales eran a menudo conmutadas, y no contribuyen a la seguridad pública, añadía Satterberg.

Moratoria

Además, en el Estado estaba vigente desde 2014 una moratoria, decidida por el gobernador Jay Inslee, miembro del Partido Demócrata. En un reciente sondeo llevado a cabo por el Public Policy Polling, más de dos tercios, o sea, el 69%, de los entrevistados en el Estado se habían declarado favorables a la cadena perpetua, para quien haya cometido un homicidio, en vez de la pena de muerte.

Desde 1993 se produjeron en el Estado de Washington cinco condenas a la pena capital, y la última ejecución tuvo lugar en 2010. Como recuerda de nuevo el Seattle Times, en todos los casos los condenados eran hombres. Dos fueron ajusticiados por ahorcamiento y tres por inyección letal. En el Estado de Washington nunca se ha condenado a muerte a una mujer, subraya la misma fuente.

“La pena de muerte se está convirtiendo en un anacronismo a nivel nacional, en parte porque la sociedad ha evolucionado, ha madurado y comprende mejor que se trata de un sistema de castigo falaz”, escribe en un editorial el Seattle Times, que habla además de una “jornada de orgullo” para el Estado y recuerda que ya otros 19 Estados habían precedido a Washington, aboliendo la pena capital.

Abolida en 20 Estados de EE.UU.

Como hemos mencionado, en casi la mitad de los 50 Estados de la Unión, la pena capital ha sido abolida o declarada inconstitucional. Además del Estado de Washington, se trata de los siguientes Estados (en orden cronológico): Michigan (1846), Wisconsin (1853), Maine (1887), Minnesota (1911), Alaska (1957), Hawaii (1957), Vermont (1964), Iowa (1965), Virginia Occidental (1965), Dakota del Norte (1973), Massachusetts (1984), Rhode Island (1984), Nueva Jersey (2007), Nueva York (2007), Nuevo Mexico (2009), Illinois (2011), Connecticut (2012), Maryland (2013) y Delaware (2016).

Aunque en Vermont la abolición no es total, en el sentido que sigue en vigor para quien se hace culpable de alta traición, en algunos casos esta se remonta al siglo XIX, como por ejemplo en los casos de Michigan y Wisconsin, donde se aplicó aún antes de la guerra de secesión americana (o guerra civil americana, 1861-1865), respectivamente en 1846 y en 1853.

En otros cuatro Estados está vigente una moratoria de la ejecución de la pena de muerte: en Oregon (desde el 22 de noviembre de 2011, de cara a la abolición), Colorado (desde el 22 de mayo de 2013), Pennsylvania (desde el 13 de febrero de 2015) y finalmente en el Estado más poblado de todos los EE.UU., California (desde el 17 de julio de 2014). En cambio, en otros grandes Estados, como Florida y Texas, la pena capital sigue vigente.

Corte Suprema de EE.UU.

También la Corte suprema de EE.UU. se está ocupando en estos días de la pena de muerte, en particular por dos apelaciones, recuerda el sitio Catholic News Service (11 de octubre). La primera apelación, que parte de un caso específico en Alabama, es si se puede ajusticiar a un detenido afectado de demencia, aunque él ya no recuerda el delito por el que fue condenado a la pena máxima.

La segunda apelación, basada en el caso de un detenido encerrado en el corredor de la muerte del Estado de Missouri, se refiere a la pregunta de si un prisionero afectado por una patología particular, puede ser ajusticiado con un método menos doloroso a causa de sus condiciones, por ejemplo usando el gas en vez de la inyección letal.

Según Krisanne Vaillancourt Murphy, directora ejecutiva del Catholic Mobilizing Network, ambos casos – respectivamente Madison contra Alabama y Bucklew contra Precythe — “ponen ante los ojos de todos la inoportunidad y la inhumanidad de la pena de muerte”.

Como observó el juez Stephen Breyer, miembro de la Corte Suprema desde 1994, a causa del envejecimiento de los condenados que esperan su ejecución – en algunos casos, de 20 a 40 años –, se trata de una problemática destinada a volverse “cada vez más común”.

Además la VIII enmienda de la Constitución de EE.UU. prohibe infligir “penas crueles e inusuales” (cruel and unusual punishments), y la misma Corte suprema estableció en 2003 que la ejecución de personas afectadas por retrasos mentales debe ser considerada como una violación de la  VIII enmienda, recuerda la CNS.

Malasia, hacia la abolición

También en Malasia la pena capital parece tener las horas contadas, al menos si el parlamento de este país del Sudeste asiático aprueba la iniciativa promovida por el gobierno del primer ministro Mahathir Mohamad, elegido el pasado mes de mayo. La propuesta fue anunciada el miércoles 10 de octubre por el Ministro de Justicia Liew Vui Keong.

La noticia fue confirmada el jueves 11 de octubre por el ministro de Comunicaciones, Gobind Singh Deo. “Esto forma parte de nuestra promesa electoral, y está en línea con el alejamiento de la pena capital en el resto del mundo”, dijo el miembro del gobierno.

Según la agencia Fides, en el corredor de la muerte de Malasia, unos 1.267 detenidos esperan su ejecución, es decir, el 2,7% de toda la población carcelaria del país, que suma hoy 60.000 personas. “Nuestra opinión es que las condenas a la pena capital ya impuestas no deben ser ejecutadas. Apoyamos la posibilidad de conmutar estas penas”, explicaba el activista católico Hector Fernandez, miembro de la ONG Malaysians Against Death Penalty and Torture (MADPET).

Esta ONG ha expresado su esperanza de que los diputados y senadores del partido de la oposición en el parlamento de Putrajaya (así se llama el nuevo distrito administrativo federal del país) “apoyarán plenamente la iniciativa para abolir la pena de muerte”, se lee en una declaración publicada en el sitio Internet de este organismo.

Bangladesh: la pena de muerte como arma en la lucha contra la droga

Muy distinta se presenta la cuestión de la pena de muerte en Bangladesh, donde el gobierno del primer ministro Sheikh Hasina aprobaba el lunes 8 de octubre un proyecto de ley, que prevé la aplicación de la pena capital como arma en la lucha contra la droga.

La enmienda a la Narcotics Control Act de 1990 define por primera vez las pastillas de yaba (una sustancia sintética a base de metanfetamina) como droga y propone la pena capital como sentencia máxima por “la producción, el tráfico clandestino, la distribución y el consumo de más de 5 gramos de yaba”, explicaba el secretario del gabinete, Mohammad Shafiul Alam.

Hacen falta penas más severas para frenar la difusión de la yaba, que esse importa clandestinamente desde el cercano Myanmar, afirmaba Alam, pero según los críticos, la propuesta expresa solo la deriva autoritaria del ejecutivo de cara a las próximas elecciones.

Se teme una guerra contra la droga parecida a la que el presidente Rodrigo Duterte está llevando a cabo en Filipinas, caracterizada por un altísimo número de ejecuciones extrajudiciales. Desde la mitad del mes de mayo, las fuerzas de seguridad de Bangladesh han matado a más de 200 personas. Según el grupo para los derechos humanos Odhikar, en más de la tercera parte de los casos los sospechosos habían sido arrestados antes de ser matados.

Jornada Mundial contra la pena de muerte

Con ocasión de la Jornada mundial contra la pena de muerte, celebrada cada año el de 10 octubre, el secretario-general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, recordaba que actualmente en unos 170 países del mundo, la pena capital ha sido abolida o se ha introducido una moratoria de las ejecuciones.

Pero incluso en Europa hay aún ejecuciones. Bielorussia es el único país del continente en mantener la pena capital y por ahora no pretende dar pasos hacia la abolición, según explicó el representante permanente del gobierno de Minsk ante el Comité para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Jurij Ambrazevic, según recoge el sitio RaiNews. Más de 400 condenas a muerte por fusilamiento se han llevado a cabo en las dos últimas décadas en el país.

Según el último informe de Amnesty International, presentado el pasado mes de abril, durante 2017 al menos 993 personas – o sea, 39 menos respecto a 2016 — fueron ajusticiadas en todo el mundo, pero se trata sólo de una estimación mínima, porque faltan los datos relativos a países como China, donde el número de ejecuciones es de hecho un “secreto de Estado”.

Excluyendo a China, el 84% de todas las ejecuciones documentadas se llevaron a cabo en sólo cuatro países del mundo: Irán (al menos 507, de lo que al menos 5 eran menores de edad en el momento del crimen), Arabia Saudita (146), Iraq (al menos 125) y Pakistán (al menos 60).