Familiares y abogados de 402 presos políticos solicitaron ante la sede de la ONU en Caracas, que la visita de Bachelet constate “in situ” las violaciones de los derechos humanos en Venezuela
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Abogados de la Coalición de Derechos Humanos constataron que para el mes de enero de 2019, se registran 402 presos políticos en Venezuela. Uno de los últimos que ingresó al inhumano listado es Elías Rodríguez, dirigente juvenil del partido Voluntad Popular. Elías fue aprehendido en Caracas el pasado 8 de enero, por tener en su poder unos volantes contentivos de las medidas para recuperar el país elaborada por Leopoldo López, uno de los presos políticos más emblemáticos de Venezuela.
Sheila Pérez, la madre de Elías, dijo este 17 de enero en conversación con Aleteia, que antes de su detención “sentía mucho miedo de que en cualquier momento el régimen de Nicolás Maduro pusiera preso a mi hijo. Lamentablemente, hoy está secuestrado en un calabozo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin”.
La mujer se encontraba con algunos familiares, amigos y abogados frente a la sede de las Organización de la Naciones Unidas, ONU, en Caracas, donde acudieron para solicitar que la visita de Michelle Bachelet a Venezuela, en su condición de Alta Comisionada del organismo, constate “in situ” las violaciones a los derechos humanos.
Muy consternada por la detención de su hijo, la mujer de 36 años reveló que de acuerdo con la información que maneja, “a Elías lo tienen encerrado en una celda de castigo en El Helicoide, sin razón alguna”. Dejó claro que el joven “no es ningún delincuente, sino un luchador social, director de la fundación Recuperando la fe de Caracas, y activista del partido Voluntad Popular. Por eso lo privaron de libertad”.
Elías comenzaría sus estudios de derecho, el próximo mes de marzo, en la UCAB, razón la cual la desesperada mujer aspira que pueda ser liberado y regresar pronto a casa para que también comparta con su familia, su esposa y la hija de ocho meses de edad.
¿Qué agenda le proponen a Bachelet?
A la actividad acudieron Lilian Tintori de López y varias organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos de los venezolanos; también, los familiares del diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens, del historiador Vasco Da Costa y el comisario Iván Simonovis, entre otros presos por razones políticas.
Tintori precisó que esta es la onceava vez que acuden a la sede de la ONU para solicitar la presencia de la alta funcionaria internacional, y la importancia de que la misma tenga una agenda que le permita conocer de cerca la trágica situación por la cual están atravesando los venezolanos. “No queremos que la presencia de Bachelet se quede en una mera visita diplomática, se quede en un simple encuentro con Maduro”, apuntó.
En el documento entregado proponen una agenda que permita a Michelle Bachelet reunirse con diversos actores sociales de Venezuela: “familiares de los presos políticos, visite hospitales, cárceles, el metro, perreras, escuelas, sectores populares y que viva cómo vive el venezolano, sin gas, sin agua, sin luz, sin comida ni medicinas, y así constate que hay una violación de derechos humanos propiciados por el régimen”.
Expresó que llevan 4 años denunciando la crisis que ya avizoraban y pidiendo se abriera un canal humanitario. “¿Cuánto tiempo se tardaron, cuántas muertes y niños desnutridos se han podido evitar con abrir el canal humanitario?”, se preguntó la esposa de Leopoldo López. “Hoy tenemos hospitales en estado deprimente donde no se pueden salvar vidas por falta de luz como lo vimos recientemente en el Hospital Clínico Universitario; tenemos familias que comen de la basura, madres que dejan de comer para darle el plato de comida a sus hijos; hoy tenemos familias que se separan por no tener oportunidades”. “Por eso seguiremos viniendo a la ONU, exigiendo la visita de Bachelet con esta agenda propuesta”, añadió.
El abogado Alonso Medina Roa precisó que en el escrito entregado al organismo multilateral se hace un balance de la violación sistemática de los derechos humanos de los 402 presos políticos. Una de las propuestas es crear una Comisión de la Verdad que investigue objetivamente la situación de los derechos humanos de los privados de libertad por motivos políticos y que el gobierno e Maduro niega deliberadamente.
El pasado 4 de enero desde la ONU se conoció que el gobierno de Venezuela había invitado formalmente a la alta comisionada a visitar el país. Aunque todavía no hay una fecha determinada, el portavoz del organismo Ravina Shamdasani, informó que primero una comisión técnica se adelantará para asegurar “acceso a todas las áreas necesarias”.
