Un país que no termina de levantar la cabeza y que se desangra en un conflicto interno motivado, sobre todo, por la tozudez de Ortega de aferrarse al poder
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El 18 de abril de 2018, una protesta contra la intención del gobierno de Daniel Ortega reformar el régimen de pensiones y seguridad social fue la chispa que inició el verdadero incendio que, un año después, aún abrasa a Nicaragua.
Las cifras de muertos, desaparecidos, presos políticos y exiliados son difíciles de conocer. Se habla de más de 325 personas fallecidas por la represión y la violencia de los grupos sandinistas; un número indeterminado de desaparecidos, más de 800 presos políticos y más de 25.000 exiliados.
La represión del régimen orteguista ha traído consigo, además del dolor, el llanto, el luto en cientos de familias nicaragüenses, la caída de la economía de un país que no termina de levantar la cabeza y que se desangra en un conflicto interno motivado, sobre todo, por la tozudez de Ortega de aferrarse al poder.
La mesa de diálogo nacional para salir de la crisis se ha abierto y cerrado en varias ocasiones. Ni la oposición interna –que ha aglutinado a campesinos con empresarios, a estudiantes universitarios con amas de casa–ni la presión externa –encabezada por la Organización de Estados Americanos—han logrado doblegar a Ortega.
Éste, junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha prometido vagamente liberar a todos los presos políticos (quizá en junio de este año), adelantar las elecciones y permitir las protestas públicas. Sin embargo, todo termina por ser una simulación: en el fondo, la familia se quiere perpetuar en el poder, como los Somoza, a los que combatieron antes.
Quizá por ello, el tema que más reacciones negativas genera en el presidente Ortega es el adelanto de elecciones, algo que rechaza categóricamente, aunque se haya comprometido a discutir reformas para “fortalecer” los procesos electorales.
Hasta el momento, Ortega controla el Tribunal Electoral, importante pieza para su permanencia en la presidencia de Nicaragua, misma que ha pactado cederla a la vicepresidenta, es decir, a su esposa.
Ya desde 2008 la oposición a la dictadura orteguista ha denunciado continuos fraudes electorales. Éstos han sido perfectamente documentados por organismos de la sociedad civil, y seguramente, si adelanta las elecciones, por más control que tenga de los órganos electorales, perdería el poder.
Por lo demás, al cumplirse un año del levantamiento popular, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de un comunicado oficial, consideró que el hijo del matrimonio Ortega Murillo, Laureano, se ha dedicado a negocios corruptos “en los que los inversionistas extranjeros pagaban por un acceso preferencial a la economía nicaragüense”.
Estados Unidos acusa al hijo de Ortega de usar a la Compañía del Gran Canal de Nicaragua como medio para lavar dinero “y adquirir propiedades a lo largo de la ruta del canal planeada” por lo que ha endurecido sus sanciones contra el régimen sandinista.
Pero esto no cambia la actitud de Ortega. La Alianza Cívica, la alianza opositora con más peso en Nicaragua, fue impedida, una vez más, por la policía del régimen de celebrar una protesta el pasado miércoles 17 de abril, por lo que, de nueva cuenta, el diálogo nacional se encuentra roto.
Con bastante ironía, Ortega daba un mensaje de Semana Santa –él, que ha llamado a obispos y sacerdotes “agitadores”, “terroristas” y “bravucones”– en el que insistió en que trabaja para “consolidar la paz” en el país, pese a amedrentar a sus críticos.
“Vamos avanzando, trabajando juntos para consolidar la paz que Dios quiere para Nicaragua”, sentenció Ortega al cumplirse el primer año de que sus leales, sobre todo grupos para-policiales, han tundido al pueblo y a la Iglesia católica –su voz más autorizada y cercana del pueblo—con particular saña.
