Monseñor Moronta llamó a los sacerdotes a acompañarle para concelebrar misa “este domingo” en una de las Iglesias atacadas por militares
Los obispos en pleno rechazaron los hechos de represión y exigieron detener el uso de fuerza letal para el control de manifestaciones.
Aunque el domingo es el día del Señor por excelencia, y cuando los párrocos tienen mayores compromisos en sus parroquias, el obispo de la Diócesis de San Cristóbal difundió una invitación en la que pide a los sacerdotes de la entidad que tengan posibilidad, acompañarle a “concelebrar Eucaristía de 11am en la Iglesia parroquial Nuestra Señora de Fátima”.
Se trata del templo católico que fue objeto de ataque por parte de militares cuando se realizaba una misa el primero de mayo. El hecho consternó a la comunidad y dejó al menos una religiosa herida, luego de que irrumpieran dos motorizados armados al recinto sagrado, seguidos por “una horda de 40 Guardias Nacionales” que lanzaron bombas lacrimógenas.
Cuarto hecho de persecución religiosa en 1 mes
No se trata de un hecho aislado. Es el cuarto de persecución religiosa en el estado Táchira; y en tres de esas situaciones, el gobierno de Nicolás Maduro -desconocido por medio centenar de países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea- apuntó de manera directa al obispo Mario Moronta, quien también es vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).
Tampoco fue exclusivo del Táchira, la entidad “rebelde” de Venezuela, venida a menos tras la emigración masiva de su población joven y paralizada casi totalmente por medio de apagones diarios de hasta 10 horas. Un territorio sumido hoy en colapso económico y comercial, sin suministro de gasolina y servicios básicos como agua, transporte público y gas doméstico.
Los episodios de persecución religiosa se multiplican… y comunicacionalmente se silencian por vía de presiones, legislación acomodaticia y censura, que incluye el cierre de estaciones radiales y amenazas directas a plantas televisivas o medios digitales, bajo control permanente de órganos del Estado.
Represión junto a Iglesia Nuestra Señora de La Chiquinquirá
En paralelo al hecho ocurrido en cercanías de la caliente frontera con Colombia y que fue escenario reciente de un pulso de poder por el control del lucrativo negocio del contrabando, ocurrió una situación parecida en la emblemática Iglesia Nuestra Señora de La Chiquinquirá, en pleno centro de la Gran Caracas.
Ubicada en la urbanización La Florida del municipio Libertador, la imponente Iglesia fue el sitio donde el cardenal Enrique Baltazar Porras Cardozo dio inicio a su ministerio episcopal como Administrador Apostólico de Caracas. Lo hizo al amparo de “La Chinita”, patrona del Zulia, la alguna vez rica entidad petrolera que hoy acumula el mayor número de detenciones arbitrarias en el marco de las protestas contra Nicolás Maduro.
Su enorme atrio y torres imponentes sirvieron de refugio a quienes corrían despavoridos del caos generado durante la represión del régimen de Maduro, en medio de la peor crisis humanitaria de su historia reciente.
Aleteia pudo constatar cómo una lluvia de bombas lacrimógenas y perdigones arremetió hacia el interior del recinto, en contra de quienes se creían protegidos por estar bajo los techos de la histórica infraestructura sacra, pero que igual acabó con los signos de odio de quienes se aferran al poder a toda costa en la sufrida nación sudamericana.
Cientos de personas, jóvenes en su mayoría, corrían en medio de la confusión, huyendo de los gases hasta acabar literalmente atrapados junto al templo. En lo alto, la mirada sufriente de una Madre observaba a sus hijos arremetiendo contra quienes clamaban libertad y justicia, horas después de una sublevación militar.
Escalada de violencia supera a la del 2014
En el caso tachirense, la violencia muestra su rostro más duro. Los nuevos episodios contrastan con los ocurridos en 2014, cuando el Gobierno trasladó sus fuerzas militares al sitio; y violando todo tipo de derechos silenció por completo la entidad llenando cárceles y apagando juventudes que aún muestran signos de daño irreversible.
Ni siquiera en medio de aquellos dantescos escenarios de los que nunca se recuperó la región, se violaron los recintos sagrados. En esta ocasión, sí. Y no sólo fue una bomba que se coló… Fueron al menos “dos militares motorizados” quienes llegaron junto al altar portando sus armas largas cuando se celebraba la misa.
“Una horda de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana atacó el templo de Nuestra Señora de Fátima en Barrio Sucre”, San Cristóbal”, por lo que “el párroco bajó del presbiterio para detenerlos”, explicó el obispo Mario Moronta en un comunicado que compartió con Aleteia y rápidamente se hizo viral.
Un general del que sólo se indicó su apellido, Ochoa, arremetió contra el párroco, “en términos nada respetuosos”, y “no contento con el atropello, los guardias (GNB) lanzaron bombas lacrimógenas adentro”, donde adultos mayores participaban en la misa, lo que obligó a la evacuación del sitio sacro y dejó una religiosa herida.
Las reacciones de consternación y solidaridad no se han hecho esperar. Partidos políticos, líderes sociales y comunidad en general se sumó en repudio al hecho que mantiene conmovida a la región.
“Fuertes actos de reprensión en Barrio Sucre, San Cristobal, dejan 5 manifestantes heridos. Se irrumpió con gases lacrimógenos en la Misa. Están atentando contra el pueblo los mismos que aguantan hambre en los cuarteles”, dijo la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez.
En línea con guerrilla del ELN de Colombia
Sostuvo que los hechos van en aumento. Otras actuaciones se evidenciaron en el municipio Junín, “donde el pueblo fue violentado por manifestar y exigir mejores condiciones de vida”, dijo la mandataria. Fue allí donde la casa de un párroco apareció marcada tras ser declarado “enemigo y objetivo militar” por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tal como denunció Aleteia.
“El pueblo no estaba armado, los colectivos sí lo estaban y actuaron bajo la mirada complaciente de los organismos de seguridad. ¡Qué triste que civiles armados puedan tener más poder para amedrentar, cometer fechorías y reprimir al pueblo que desea un cambio!”, dijo.
En las últimas horas, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) emitió un comunicado en el que se expresa “preocupación por los hechos acontecidos en las manifestaciones del país entre el 30 de abril y el 02 de mayo”, que culminó con saldo de varios asesinados (la mayoría jóvenes y dos menores de edad), 240 detenidos y más de 300 heridos.
Los obispos condenan “el ataque violento al templo de Nuestra Señora de Fátima en Barrio Sucre de San Cristóbal, estado Táchira”, y señalan que las “acciones de criminalización, violencia y represión suscitadas en las manifestaciones son contrarias a las obligaciones de respeto y garantía de los Derechos Humanos”.
Exigen detener “uso criminal de la fuerza letal”
En este aspecto, exigen a las autoridades “el cese inaplazable del uso criminal de la fuerza letal para el control de las manifestaciones y la inmediata liberación de los detenidos arbitrariamente”.
Mientras que la vecina arquidiócesis de Mérida emitió una alerta “por los ataques a una Iglesia de nuestra provincia. Nos unimos en oración al señor Obispo, a los sacerdotes y a todos los fieles de la Diócesis de San Cristóbal, para que se mantengan firmes en la esperanza y sigan mostrando, a pesar de las dificultades, la luz del Resucitado”.
En su mensaje, monseñor Moronta invitó a unirse en oración a los representantes de las parroquias, a los laicos; así como a religiosas, religiosos y quienes hacen vida en seminarios. Dijo que “oportunamente comunicaremos otros eventos para manifestarnos como Iglesia”, y concluyó con el clamor y la esperanza fiel de que “¡Dios nos siga bendiciendo!”.
