Aunque Venezuela es el país más violento de la región y uno de los más peligrosos del mundo, “la multiplicidad de grupos armados y organizaciones criminales que operan en su territorio se fortalecen mientras aumenta el caos político” en la nación sudamericana
El reclutamiento permanente de niños y jóvenes venezolanos para trabajos indirectos con los grupos irregulares ocupa a unas 15 mil personas, “muchos de ellos en edad escolar”, que alimentan el crimen organizado en las zonas de frontera entre Colombia y Venezuela.
Los niños son literalmente “cazados” en las escuelas, donde la narcoguerrilla difunde su material didáctico informativo con alta carga ideológica, bajo el amparo de la administración Maduro.
Lo denuncia la ONG FundaRedes, cuya documentación formal reposa en el Ministerio Público, según confirmó su presidente, el investigador y docente universitario Javier Tarazona, en conversación con Aleteia, a propósito de un nuevo impasse entre los gobiernos de Nicolás Maduro e Iván Duque y el aumento de tensión en la frontera.
A lo largo de los más de 2.216 kilómetros de extensión territorial limítrofe ocurren acciones ilícitas que afectan a las comunidades de ambas naciones, donde operan las narcoguerrillas de las FARC y sus disidencias, el Ejército de Liberación Nacional (ELN); amén de la Fuerza Bolivariana de Liberación (FBL) y el Ejército Popular de Liberación (EPL).
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Captados para el terrorismo
Los más afectados son los menores de edad, quienes ante la indefensión oficial en sus tierras de origen, son vulnerables a las ofertas de la guerrilla, la cual los suele “tasar” en un monto que alcanza -en promedio- los 300 dólares mensuales por sus “tareas ilegales”. En el “mejor de los casos”, pues la mayoría no labora de forma voluntaria.
El más reciente informe del ente de investigación de la frontera señala que los cuerpos irregulares “actúan a sus anchas y captan venezolanos para incorporarlos a sus filas en actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión y terrorismo en general”.
Por esta razón han solicitado “a los órganos de protección de derechos humanos de la comunidad internacional y a las misiones humanitarias internacionales que dirijan su mirada y acciones hacia las víctimas venezolanas de esta situación dramática que se vive en la frontera con Colombia, pues han sido ignoradas por el Estado venezolano”.
En línea con las sistemáticas denuncias de Aleteia, según reportes desde la zona, FundaRedes insiste en que “los migrantes venezolanos en desplazamiento por la frontera con Colombia son reclutados por grupos armados”.
Éxodo venezolano en imágenes:
En el boletín citado en el informe, la institución recoge uno de los más de 200 testimonios documentados de personas que denunciaron haber sido víctimas de los irregulares durante los pasos por las trochas fronterizas, que en las últimas horas han sido escenario de grandes balaceras, entre otras, por el control del contrabando en la zona.
De acuerdo con tales declaraciones, fue formalizada una denuncia ante la Fiscalía de Colombia en el Norte de Santander el 28 de septiembre de 2018.
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Dos testimonios, miles de denuncias
“Un hombre que nos ofreció ayudarnos a acortar el camino, en el transcurso empieza a hablarnos de cuestiones de guerrilla, fuerzas armadas y esas cosas. No le quisimos poner cuidado porque nos parecía cosa de locos. Al caer la noche, nos cambiaron la mula en la que íbamos a otro transporte. Llevaban úrea y ácido sulfúrico, y pensamos que lo que querían era reclutarnos para la guerrilla y los grupos armados”, recoge un testimonio en la publicación.
Para escapar, se lanzaron del vehículo en movimiento, poniendo sus vidas en riesgo, señala la dama, quien es apenas una de las miles de afectadas por el drama en la frontera.
“Vimos que el camino lo estaban desviando y estaba todo oscuro. Los muchachos dijeron: ‘Vámonos, que esto no nos parece bien’; corrimos, nos aporreamos y, gracias a Dios estamos bien. No sabemos ni siquiera para dónde nos llevaban, pero de seguro nos pensaban reclutar”, narra el testimonio de un hombre publicado en el informe.
Según la ONG, las personas aseguran que “los reclutadores se mueven de noche en áreas poco transitadas, por caminos rurales entre la vegetación y transportando en animales de carga sustancias utilizadas para el procesamiento de estupefacientes, lo que les permite trasladarse de manera sigilosa, evadiendo la vigilancia de las autoridades”.
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Crisis política favorece a los grupos armados
Dedicada al estudio del crimen organizado, la plataforma de investigación Insight Crime advirtió que el “acelerado debilitamiento del Estado (venezolano) parece favorecer las acciones anárquicas de los grupos armados que actúan con impunidad; mientras el régimen de Nicolás Maduro intensifica sus políticas de ‘mano dura’ contra los pobres y los opositores”.
Señala la fundación que tras el alzamiento militar del 30 de abril en Venezuela, “cuando la especulación sobre el evento político-militar acaparaba la atención de los medios, se registraron llamativos hechos de violencia y matanzas ejecutados por colectivos, ‘pranes’ (líderes carcelarios) y ‘megabandas’ (grandes pandillas) esparcidas por todo el país y por grupos irregulares colombianos que operan en la frontera”.
También cita la balacera ocurrida en el puente Simón Bolívar que une a Táchira con Colombia, reseñada por Aleteia; el asesinato de un general de la Fuerza Aérea y otros 5 funcionarios en Aragua -ordenado por pranes de la cárcel de Tocorón-; y el enfrentamiento entre megabandas rivales en el estado Sucre, con ocho muertos y 14 heridos; que encabezan la lista de incidentes recientes.
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Escuadrón de la muerte de Maduro
Por tales hechos “aún no hay culpables, ni detenidos. Mientras los grupos criminales gozan de inmunidad e impunidad, el gobierno de Maduro ha respondido al alzamiento militar con su escuadrón de la muerte (Fuerza de Acciones Especiales de la Policías Nacional Bolivariana, conocida como FAES) y sus colectivos, intensificando la persecución a los opositores del régimen y reprimiendo a los manifestantes que demandan comida, agua y salud”.
Insight Crime recuerda que aunque “Venezuela ya es el país más violento de la región -con una tasa de 81,4 homicidios por 100.000 habitantes- y uno de los más peligrosos del mundo, la multiplicidad de grupos armados y organizaciones criminales que operan en su territorio parecen fortalecerse en la medida en que aumenta el caos político”.
Así como se ha debilitado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), “los grupos criminales se han fortalecido porque han crecido en impunidad. Nadie los persigue y nadie los acusa de nada. Tienen inmunidad. No hay justicia que los detenga y luego, ejercen control territorial”.
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