El 70% de los recién nacidos en la frontera de Colombia son de padres venezolanos y la mayoría son indocumentados o están en condición de “apátridas”. No importa el nombre: cada infante le “cuesta” 300 euros, se queja el Sistema de Salud. La cantidad equivale a lo que paga el crimen organizado por cada migrante adolescente
Al menos 300 dólares le “cuesta” al sistema de salud colombiano atender a cada recién nacido venezolano cuyos padres ingresaron de manera ilegal a la tierra del café. Monto similar al que se transa por un adolescente venezolano captado en la frontera por el crimen organizado y el narcotráfico, que en algunos casos es “exportado” a Europa.
Cifras de inversión y costos son la gran preocupación de la Superintendencia de Salud neogranadina tras el histórico fallo de la Corte Constitucional de Colombia, la cual ordena que los niños venezolanos sean atendidos por el sistema de salud cafetero, aunque sus padres hayan ingresado de forma ilegal a su territorio.
La decisión no es menor. Y tampoco lo son sus costos, si se tiene en cuenta que siete de cada diez niños que nacen en la frontera colombiana son hijos de padres venezolanos. Además, el tribunal establece que los bebés inmigrantes sean afiliados al Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (Sisben).
La orden de la Corte establece que los niños de familias migrantes de Venezuela deben ser atendidos en el sistema de salud colombiano. La novedad es que, por norma, no podrán tomar en consideración su situación legal o la de sus padres, ni discriminarlos por ello.
Los bebés migrantes son los más afectados
La medida ocurre como reacción a un hecho conocido de rechazo a brindar atención a los bebés migrantes con estatus legal de “apátridas”. Aunque habitualmente invisibilizada, la situación se ha hecho notoria debido al éxodo masivo de los que a diario huyen de la crisis en la nación sudamericana, y por la que ya hay millón y medio de venezolanos radicados en Colombia.
El fallo se dio luego de que el Hospital Regional de Aguachica, en Cesar, se negara a afiliar a un recién nacido al Sisbén para poder ser atendido, y marca un precedente histórico a favor de los infantes migrantes -la mayor cantidad de ellos venezolanos- que hasta ahora se veían afectados por su condición de “apátridas”.
De acuerdo con la prensa colombiana, en esa ocasión el centro de salud argumentó su decisión en el hecho de que los padres venezolanos no contaban con los respectivos permisos migratorios. Pero la Corte estimó que la acción del centro médico hizo que se vulneraran los derechos de salud, dignidad humana e igualdad para el bebé.
Según el reporte de la estatal Colprensa, la Corte colombiana se basó en que “el niño tiene derecho a acceder al sistema de salud, independientemente de la situación irregular de sus padres”, por cuanto tal condición “no puede ser motivo para denegar derechos fundamentales a personas tan vulnerables como lo son los recién nacidos”.
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Un motivo para pedir más dinero
Un triunfo para los más vulnerables y quienes figuran en todos los reportes de petición de ayuda monetaria. Pues la presunta atención de los infantes fue el argumento principal a finales de abril del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), al pedir que se quintuplicara su presupuesto, hasta entonces de unos 5 millones de euros. Visto así, para muchos analistas, la crisis es un negocio.
En Colombia, se considera “apátridas” a los niños que nacen de madre venezolana en suelo colombiano, y que los afecta porque al momento de buscar una nacionalidad no hay forma de demostrarla, según advirtió esta misma semana el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Juan Mondelli explicó que los menores de edad que permanecen bajo ese estatus en tierras neogranadinas tienen serias “dificultades para acceder a todo tipo de derechoscomo la identidad legal, a ser registrados, tener un nombre o nacionalidad”; así como a contar con acceso real “a la escuela y a la salud”; sin olvidar, además, que en el futuro tendrán problemas “hasta para encontrar empleo”.
Respuesta de la ONU a Colombia
En las últimas horas, la Organización de Naciones Unidas (ONU) respondió a través del funcionario a la exigencia del gobierno de Iván Duque de mayor presupuesto para atender los ecos de la crisis humanitaria venezolana.
Dijo que la Acnur “está en capacidad de movilizar el apoyo operativo para poder lograr y respaldar las decisiones que tome el Gobierno para la reescripción de estos niños”, que terminan siendo el argumento principal para la movilización de recursos, aunque en la práctica es uno de los sectores menos atendido.
El organismo recordó que de acuerdo con los estándares internacionales, el país donde nace el niño debe darle la nacionalidad, lo cual coincide con el fallo de la Corte cafetera a favor de los recién nacidos venezolanos.
Tanto las organizaciones no gubernamentales como la administración Duque coinciden en que tras el éxodo nacieron hasta 20 mil niños de madre venezolana en suelo colombiano. La cifra es “alarmante” para la ONU, que apela a una resolución urgente para atender las condiciones de apatridias y evitar nuevos casos a futuro.
300 euros por niño o por adolescente…
Las reacciones al fallo no se hicieron esperar, así como una rápida serie de cálculos que establecieron montos derivados de la medida. Es el caso de la Superintendencia de Salud, la cual se apresuró a contabilizar que “cada niño migrante podría ‘costar’ 800 mil pesos”, unos 265 dólares (alrededor de 300 euros).
El ente estimó que la acción legal supone una inversión elevada, por cuanto “la atención a los niños venezolanos podría ascender al billón de pesos”. En declaraciones a la prensa cafetera, el superintendente Fabio Aristizábal dijo que sumando los costos por afiliación, más la atención, se estaría “hablando de esa cifra que tendría que conseguir el sistema de salud colombiano para cumplir esa orden”.
Según el funcionario, la “unidad de pago” por cada niño migrante podría costar al sistema 800 mil pesos, un monto apenas similar al que según las denuncias documentadas por Aleteia son “comprados” los adolescentes venezolanos en la frontera colombiana para destinarlos a trabajos del crimen organizado o el narcotráfico.
En la víspera, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, admitió que “a la fecha, más de 20 mil niños de padres venezolanos han nacido en territorio colombiano”. Más allá de las cifras y los “costos”, dijo que esta realidad conlleva “a una situación crítica y nuevas atenciones para la población infantil”.
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