Las tres palabras que utiliza la Iglesia en Paraguay para definir un sangriento motín en la cárcel de San Pedro
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Lo acontecido el pasado domingo 16 de junio a Penitenciaría Regional de San Pedro del Ycuamandiyú (Paraguay) no ha dejado a nadie indiferente. Fue ahí donde aconteció un sangriento motín que dejó 10 muertos, varios de ellos decapitados, incinerados y baleados.
Detrás de esto, la presencia de integrantes de violentas bandas criminales de Brasil como el Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), organizaciones que en los últimos años han tenido fuerte incidencia tanto en Paraguay como en otros países de la región.
Es que el choque de reclusos integrantes de diversas bandas, entre ellas también grupos locales vinculados al narcotráfico, ha derivado en este violento motín –posteriormente controlado- que ha llevado a reflexionar sobre la compleja situación del sistema carcelario, tema que excede a Paraguay, pues merece también atención de otros países del continente.
Uno de los puntos más preocupantes en este caso ha sido la “brutalidad” del motín y el posterior desenlace y en el marco de un contexto de precariedad y falta de atención.
“Dolor, indignación y condena”
La Conferencia Episcopal de Paraguay (CEP) emitió un comunicado en las últimas horas de alguna manera “recogiendo el guante” ante un escenario “doloroso y preocupante”.
“Los hechos ocurridos ponen en evidencia, una vez más, la situación de precariedad y falta de atención estructural a los centros penitenciarios del país, que se encuentran rebasados en su capacidad de albergar a los reclusos con las condiciones mínimas requeridas para que cumplan con su objetivo de recuperación y reinserción a la sociedad de las personas privadas de su libertad”, señalan.
En ese sentido, los obispos reflexionan acerca de los factores que agravan la situación y entienden que que la masacre en San Pedro era una “cuestión de tiempo”.
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“El colapso del sistema penitenciario nacional es de larga data, ha sido suficientemente expuesto a través de diversos informes de la prensa y de organismos de derechos humanos, pero no ha recibido la atención y reacción adecuada de los organismos públicos competentes”, indican.
“Esta grave situación obliga aún más a tomar las correspondientes medidas para evitar situaciones similares o peores”, prosiguen.
“Finalmente, esta es una dolorosa oportunidad para atender e impulsar las reformas profundas que requiere el sistema penitenciario nacional para que cumpla con su misión de resguardar a la sociedad, pero a la vez recuperar a los reclusos y reinsertarlos a la vida social conforme a su dignidad de personas”, concluyen.
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