La lista de muertes crece tanto como la indignación, en medio de un proceso de diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó -que vuelve al congelador. Mientras, la crisis del país sudamericano se agudiza, pese al clamor de reconciliación
Rafael Acosta Arévalo, un capitán de corbeta que permanecía detenido bajo presentación ante tribunales por su presunta participación en un “intento de golpe de Estado”, murió en extrañas circunstancias, tras las denuncias realizadas por su esposa de que el uniformado recibía torturas que atentaban contra su vida.
Rafael es el quinto venezolano que en menos de un lustro muere estando bajo custodia del gobierno de Nicolás Maduro. Rodolfo González “El Aviador”, quien “murió” en 2015, Carlos García cuyo deceso ocurrió en 2017; el concejal Fernando Albán, en 2018 -cuyo “suicidio” puso en duda la Iglesia Católica; y Ángel Sequera, en 2019, completan la fatídica lista roja.
Rodolfo González falleció en la noche de un jueves durante su reclusión en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). El opositor de 63 años de edad había sido acusado de participar en protestas; mientras su defensa negaba enérgicamente los cargos de “asociación e instigación para delinquir”.
De acuerdo con su abogado, Rodolfo González se ahorcó en su celda luego de que se le informara que sería trasladado a Yare, una cárcel común particularmente peligrosa. “Es cierto que le habían anunciado su traslado para mañana en la mañana. Hablamos con él por teléfono a las 9pm. Luego todo es incierto”, escribiría posteriormente Lissette González, su hija.
El piloto de aviación civil estuvo en prisión desde el 26 de abril de 2014 en la sede del Sebin por su participación en las manifestaciones de 2014; era considerado un “preso político” del gobierno de Nicolás Maduro.
Acusado por Rodríguez Torres, hoy otro preso de Maduro
Paradójicamente, fue acusado -en cadena, frente a las cámaras de la estatal Venezolana de Televisión– por Rodríguez Torres, para entonces ministro de Interior y Justicia, quien señaló a Rodolfo González de ser el “articulador logístico” de las protestas de 2014.
El mayor general Rodríguez Torres está actualmente tras las rejas, presuntamente en el Complejo Militar Fuerte Tiuna, luego de un traslado por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
El concejal Carlos Andrés García fue encarcelado por la administración Maduro en diciembre del año 2016. Su partido político, Primero Justicia, aseguró que García “fue detenido ilegalmente por los cuerpos de seguridad” que le sembraron “una suma de dinero en efectivo” en el marco de unas protestas que se registraron en diciembre de 2016 en el estado Apure.
Estando detenido ilegalmente, a Carlos Andrés le dio un accidente cerebro vascular (ACV) y le fue negado cualquier tipo de atención médica. Lamentablemente, el líder político falleció. La tolda trinó que el dirigente “sólo fue trasladado” a un centro de atención “cuando ya no había posibilidades de hacer nada para mejorar su salud”.
El partido aurinegro denunció que dos días antes le habían otorgado el beneficio legal de “casa por cárcel”, pero la orden “no fue ejecutada por los cuerpos de seguridad”. Por ello, los integrantes de la tolda denunciaron que “la muerte de Carlos Andrés es responsabilidad del Gobierno y se suma a violaciones de DDHH”.
El “suicidio” en duda del concejal Albán
El caso de Fernando Albán fue particularmente mediático. La versión oficial del gobierno, a través de la Fiscalía, es que el concejal se habría suicidado lanzándose desde el décimo piso de la sede del Servicio de Inteligencia (Sebin), según documenta Aleteia en un escrito de Macky Arenas.
Sin embargo, aún hoy “la opinión pública se mueve entre la más absoluta incredulidad y la exigencia de una investigación imparcial sobre las circunstancias que rodearon el hecho”, mientras los venezolanos siguen “impactados e indignados ante la noticia”.
La Arquidiócesis de Caracas hizo público un comunicado, firmado por el cardenal Baltazar Porras, no menos tajante: “Hacemos del conocimiento de toda la comunidad nacional e internacional que el concejal del municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán, era hombre de sólidos valores cristianos y compromiso con los pobres”.
“Por todos es sabido que desde el viernes 5 de octubre había sido detenido por el Órgano de Inteligencia Venezolana (Sebin). La información dada por el Fiscal General de la República nos deja perplejos y llenos de dudas razonables ante la tesis de un supuesto suicidio, no corroborado por una investigación profunda y objetiva”.
“Exigimos al Estado Venezolano que realice una investigación objetiva e imparcial sobre los hechos ocurridos en la sede del Sebin en Plaza Venezuela”.
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Ángel Sequera, el funcionario de Corpoelec
Angel Gabriel Sequera Romero falleció dentro de la subdelegación de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) de Ciudad Guayana, municipio Caroní del estado Bolívar. Su deceso se registró el jueves 7 de marzo de 2019, a las 10:30 de la noche.
Según el reporte del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), los presos avisaron a los custodios que el hombre había sufrido un “ataque epiléptico”, tras el cual “se desvaneció”. Sin embargo, cuando el cadáver fue inspeccionado en la sede forense encontraron que “la causa de muerte fue asfixia mecánica”, tal como documenta Provea.
La desaparición forzosa ocurrió en el marco del mega apagón que dejó sin luz a Venezuela durante un mes este 2019, ubicando a la nación sudamericana en un nada honroso récord como lo peor del planeta para la gestión energética.
Por el hecho están investigados los ya detenidos Gabriel Bruzual Figueroa, Anthoni Bruzual Figueroa, Edgar González Brazon, Dariet Torres Grillet y Clemente Rojas. Mientras que personal de Corpoelec denunció en redes sociales que Sequera Romero era jefe del despacho de carga de Guayana, con sede en Puerto Ordaz.
Se pudo constatar que el ciudadano venezolano había sido detenido “sin orden judicial” ese mismo jueves, por cuerpos de seguridad del estado, a cargo de Nicolás Maduro.
Capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo
La muerte de Rafael Acosta Arévalo, detenido hace apenas unos días bajo la acusación de haber participado en un golpe de Estado el 30 de abril, es la más reciente de la trágica lista.
A través de su cuenta en Twitter, la hija del militar, Lissette González, escribió tras visitar el Sebin: “Lamento confirmar que mi papá murió anoche”. En la víspera lo mencionaba Diosdado Cabello en su programa Con el mazo dando.
Por medio de la estatal Venezolana de Televisión indicaba el también directivo del Psuv: “…Rafaél Acosta Arévalo, que es el capitán de corbeta… Todos estos están detenidos (…) Todos están ahorita a buen resguardo de las autoridades declarando, sumando; sumando lo que tengamos qué sumar”.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López emitió un comunicado dela Fuerza Armada Nacional en el que indica que “antes de iniciar la respectiva audiencia de presentación”, el capitán “se desmayó”.
Su muerte, que ha generado una rotunda reacción internacional, llevó a Nicolás Maduro a exigir públicamente una “completa y exhaustiva investigación para esclarecer este lamentable suceso”, mientras que el Fiscal nacional designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab ordenó “’adelantar las diligencias a objeto de determinar las causas del deceso”.
El Grupo de Lima condenó el asesinato y denunció “visibles signos de tortura”, al tiempo que pidió a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyarepresentante Michelle Bachelet estuvo de visita en Venezuela, “actuar sin dilación para que los derechos de los venezolanos sean restablecidos y su integridad protegida”.
La Unión Europea también se pronunció dejando claro que “la muerte del capitán del ejército Rafael Acosta Arévalo, mientras estaba en custodia de las Fuerzas de Seguridad venezolanas, es otra cruda ilustración de la naturaleza arbitraria del sistema judicial en el país y de la falta de garantías y derechos para quienes están detenidos”.
Su posición quedó reflejada en un comunicado firmado por la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini. Mientras que los gobiernos de Alemania, Francia y la representación de España, condenaron la muerte del capitán.
El Ejecutivo alemán urgió a las autoridades venezolanas a esclarecer cuanto antes la muerte del funcionario y la calificó de obstáculo adicional a un acercamiento entre las partes. “Condenamos la muerte del capitán”, dijo la portavoz alemana de Exteriores, Maria Adebahr.
Diálogo en suspenso tras el asesinato
Aludió al hecho de que el fin de semana se suspendieran posibles conversaciones -en Barbados o Noruega- y dijo que “es comprensible en el caso de una de las partes que esto haya ocurrido así, porque este incidente es algo que no contribuye a rebajar la tensión y a crear una atmósfera de diálogo”.
Mientras que un portavoz del Ministerio francés de Exteriores señaló que “garantizar la integridad física de los detenidos es responsabilidad de cualquier Estado”, al tiempo que reclamó “una investigación independiente” para aclarar las circunstancias del hecho.
Entretanto, el ministro de Relaciones Exteriores en funciones de España, Josep Borrell, exigió respeto al debido proceso e integridad física del resto de personas bajo custodia de los cuerpos de seguridad. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, en voz del asesor de la Casa Blanca, John Bolton, señaló de manera directa al Dgcim.
“Denunciamos la muerte sin sentido del capitán Acosta Arévalo a manos del régimen de Maduro. La agencia de contrainteligencia militar de Venezuela (Dgcim) es responsable de su tortura y muerte, junto con sus cuidadores cubanos”,dijo.
Cierran las reacciones con el pronunciamiento de la Alta Comisiona para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien se confesó “conmocionada” por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo en Venezuela, “y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte”.
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