Experto acreditado en la materia, Fermín Mármol García analiza con Aleteia las razones que condujeron a Michelle Bachelet a pedir la disolución de este “escuadrón de la muerte” en Venezuela, acusado de un incontable número de ejecuciones extrajudiciales
“Llegan en camionetas negras sin placas de matrícula y bloquean puntos de acceso. Visten de negro, sin identificación, con pasamontañas cubriendo sus rostros. Llevan armas largas. Irrumpen en hogares y ejercen violencia de género contra mujeres y niñas, incluyendo desnudez forzada. Separan a los jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles”.
No es el guión de una película de ficción. Es un fragmento de la realidad venezolana descrita por testimonios. Los recoge y documenta en detalle el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las FAES en el país.
Creadas en 2017 bajo el argumento de combatir el crimen organizado, las Fuerzas de Acciones Especiales constituyen un órgano de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) sobre el que pesa el nada honroso liderazgo de acusaciones como el principal grupo de exterminio de Nicolás Maduro, tras causar innumerables ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad.
Aunque conocido en Venezuela, la mirada internacional se fijó con gran interés en el grupo luego de las recomendaciones que presentó en su informe el Acnudh, firmado por Bachelet, en el cual llama “al Gobierno de Venezuela a que de manera inmediata disuelva las FAES”.
Aleteia conversó con el abogado experto en criminología, Fermín Mármol García, quien dirige el Instituto de Ciencias Penales y Criminalística de la Universidad Santa María, para analizar el impacto de este “escuadrón de la muerte” en la nación sudamericana.
Profesor universitario y experto en seguridad ciudadana, Mármol señaló que la Policía Nacional Bolivariana es de rango constitucional y en su génesis fija tres premisas: ser eminentemente de carácter civil, ser un cuerpo uniformado y tener carácter preventivo.
Sin embargo, “de esas tres premisas, dos se han incumplido. El estamento militar está presente en la PNB. Quien dirige hoy la policía es un militar activo. Número dos: tiene funciones investigativas, invadiendo el numeral segundo del 332 constitucional, que establece un Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)”.
“El FAES debió existir solamente como un cuerpo táctico importante para labores de defensa de los policías preventivos que están patrullando calles, avenidas y parques”.
Pero ese FAES originalmente planteado mutó…
-Sí, se desfiguró, porque tiene una unidad de investigaciones contra la corrupción, una contra extorsión y secuestro, otra de investigaciones contra drogas y una contra la delincuencia organizada en el grupo táctico.
Es un híbrido extraño, amorfo, con funcionarios que no pasaron todos por la UNES (Universidad de la Seguridad), que fueron durante muchísimo tiempo comandados por militares. Por eso no responde a lo que debe tener una policía nacional de carácter preventivo y civil. Además, no cuenta con auditoría ciudadana ni con auditoría interna.
Sentenciada a fenecer, las FAES representan hoy un claro ejemplo de mala praxis policial.
Recuerdan el esquema de la OLP (Operación de Liberación del Pueblo) activada en 2015 supuestamente “para garantizar la paz y la estabilidad ciudadana”, que funcionó de forma cuestionada y sin normativa jurídica…
-Usan pasamontañas. Actúan con actitudes exageradas en puntos de control en urbanizaciones. Está muy alejada de la policía amable y respetuosa que se espera.
La Operación Liberación del Pueblo (OLP) acabó en fracasos tácticos, estratégicos y de resultados; amén de los fracasos de percepción ciudadana, por lo que tuvo que ser sepultada.
El FAES fue el nuevo plan no anunciado, no divulgado, no publicitado, de la actividad y actuación represiva y mano dura, primitiva y anacrónica que debe entrar en desuso.
¿Qué diferencias encuentra entre las desviaciones institucionales del pasado y las que ha surgido con los entes creados durante la administración de Nicolás Maduro?
-Siempre han existido desviaciones de los entes policiales y militares que tienen vinculación con la ciudadana. Ha ocurrido desde 1958. Pero esos gobiernos tenían equilibrio de Poderes públicos.
Estaba la Fiscalía, el Congreso (hoy Asamblea Nacional), actuaban los medios de comunicación social. En la actualidad no hay división de Poderes. Estamos en un Estado comunal con un solo Poder público. No gozamos de medios de comunicación independientes. La Asamblea Nacional no tiene potestad ni fuerza para interpelar ministros o directores de Policía.
Se rompió con la meritocracia y el concurso de credenciales del sistema de seguridad ciudadana y del de administración de justicia penal. Antes, el funcionario sabía que cada cierto período había cambio de gobierno. Ahora, en los cuerpos de seguridad y del Ministerio Público los directivos no tienen fecha de caducidad; “la revolución está por encima del Estado mismo”.
Contra todos estos grupos figuran graves denuncias de represión y ejecuciones
-Es que dentro de la revolución, el GAES (Grupo de Anti Extorsión y Secuestro) ha sido utilizado, al igual que el Conas, para funciones que no les corresponden. Son una fuerza de la Guardia Nacional, pero las vimos en materia de antimotines, en marchas y en manifestaciones.
¿Qué hace el GAES y el Conas en actitud de confrontación en protestas ciudadanas? Los desvirtuaron; eso es público, notorio y comunicacional, en Caracas y el interior del país. Eso marca un grave precedente.
Adicionalmente, no ha habido políticas públicas de Gobierno; ni siquiera políticas públicas de Estado, sino políticas públicas de ministros, y ¡eso es una gran tragedia! Van más de 24 planes de seguridad en 20 años de revolución.
Las graves confirmaciones del informe de la ONU
Las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en una denuncia recurrente contra las FAES. El móvil principal atribuido es “resistencia a la autoridad”, según los reportes oficiales. El informe de la ONU afirma que la GNB y la PNB han sido responsables de “uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014”.
Tras calificar a las FAES como “una unidad de respuesta rápida” para combatir el crimen organizado, los señala como responsables de “numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC”.
El Acnudh señala que las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un “escuadrón de la muerte” o un “grupo de exterminio”. Mientras que los informes de ONG los acusan de ser los “responsables de centenares de muertes violentas”.
El organismo entrevistó a familiares de decenas de hombres jóvenes asesinados por las FAES entre junio de 2018 y abril de 2019 bajo el mismo modus operandi:
“Los testigos reportan que las FAES manipularon la escena del crimen y las pruebas. Habrían plantado armas y drogas y habrían disparado sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría ‘resistido a la autoridad”.
“En muchos casos, las FAES llevaron a víctimas al hospital, aunque estaban muertas, con el propósito de manipular los cuerpos y modificar la escena del crimen. En algunos, las autoridades declararon que las víctimas eran delincuentes sin que hubiese concluido la investigación oficial”.
Con base en las evidencias, al Acnudh “le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES para infundir miedo a la población y mantener control social”. Documentó casos de hombres jóvenes ejecutados por las FAES “en represalia por su papel en las protestas antigubernamentales en 2019”.
Las muertes ocurrieron “durante allanamientos ilegales” tras manifestaciones. Miles, principalmente jóvenes, “han sido matados en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES”.
Por ello, piden que “de manera inmediata” se disuelvan las FAES y se establezca un mecanismo imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad; así como “asegurar que sus responsables rindan cuentas” y que “las víctimas sean reparadas”.
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