No permitir que los familiares hagan velorios ni entierren a sus muertos de acuerdo con sus creencias, se ha convertido en una marca de fábrica del régimen de Nicolás Maduro, contra los opositores venezolanos
“Hoy 10 de julio, yo, esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta, denuncio el procedimiento ilegal que está haciendo la morgue de Bello Monte, donde van a hacer entrega controlada del cuerpo de mi esposo, así como hicieron con Óscar Pérez“.
De esta forma se lamentaba el miércoles 10 de julio, la señora Waleswka Pérez, viuda del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo, denunciado muy temprano en las redes sociales la acción que el régimen de Nicolás Maduro iba a realizar. Waleswka alegaba no haber “solicitado ningún servicio fúnebre”, por el contrario, llevaba doce días reclamando el cuerpo de su esposo para trasladarlo a Maracay donde residían, y darle cristiana sepultura.
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Sin embargo, sus quejas no fueron escuchadas por el régimen socialista, y una vez más, desde las altas esferas del poder venezolano pusieron en práctica la “inhumación controlada”; una modalidad de violación de los derechos humanos en la que el gobierno decide cuándo, dónde y cómo enterrar a sus oponentes. Todo, bajo un estricto hermetismo.
Los defensores de los derechos humanos sostienen que con este tipo de inhumación se pretende ocultar las pruebas de presuntos delitos que pudieran incriminar al régimen socialista, especialmente en las ejecuciones extrajudiciales. Así, el abogado Alonso Medina Roa comparó esta situación con la ocurrida al “policía rebelde” Oscar Pérez, que luego de ser asesinado “en vivo y directo”, el 15 de enero de 2018, no fue sino hasta el 21 de enero que fue sepultado en presencia de dos familiares, su tía Aura Pérez y una prima.
“Esto es algo similar a lo que ocurrió con Óscar Pérez”, ratificaba el hombre de leyes. “Es el Estado quien va a entregarlo (…) Ya se reconoció, se hicieron todos los trámites de ley”, dijo el director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. El cuerpo del abatido Oscar Pérez, tuvo que esperar seis días para ser “enterrado de forma controlada”, con amenazas incluidas de cremar el cadáver sin la autorización de sus familiares.
La historia se repitió este 10 de julio, luego de mantener durante doce días “secuestrado” el cadáver del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo, quien murió torturado por presuntos funcionarios de la dirección de contrainteligencia militar. El gobierno lo entregó en una urna sellada sin posibilidad de ser velado por sus familiares. Su cuerpo fue trasladado hasta el cementerio del este de Caracas por una caravana con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, que se encargó de cerrar todos los accesos e impedir, incluso, el ingreso de parientes de otros difuntos que buscaban ingresar al tanatorio de La Guairita.
Pasada la una de la tarde se realizó la “inhumación controlada” del Capitán Rafael Acosta Arévalo. La PNB cerró los accesos al cementerio del este donde fue sepultado pese a que su familia deseaba hacerlo en Maracay. pic.twitter.com/fC2qDTNWYB
— Osmary Hernandez (@osmarycnn) July 10, 2019
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Lo torturaron tanto, que lo mataron
Rafael Acosta Arévalo fue uno de los seis funcionarios, cuatro militares y dos policías, apresados en medio de la visita que realizó a Venezuela, entre el 19 y 21 de junio, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Los funcionarios fueron señalados de organizar un complot contra Maduro. Acosta Arévalo fue “imputado por graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en estado de frustración”, según informó el gobierno de Maduro el 29 de junio, permaneciendo bajo custodia del Estado.
Waleswka Pérez informó que el 30 de junio, su esposo fue presentado ante un tribunal militar sentado en una silla de ruedas porque no podía mantenerse de pie debido a intensos dolores. Tenía el cuerpo lleno de escoriaciones, las uñas con restos de sangre y los ojos presentando golpes y hematomas. “No hablaba, solo pedía auxilio a su abogado”, dijo.
Los daños físicos eran tan evidentes que la jueza del caso ordenó trasladarlo al hospital de Fuerte Tiuna, en Caracas, para que fuese atendido de emergencia; sin embargo, falleció el 1 de julio. “Lo torturaron mucho. Tanto, que lo mataron”, señaló la viuda del militar.
Sobre esta manera del gobierno de Nicolás Maduro de dar el último adiós a sus críticos y oponentes, se pronunció el secretario general de la Organización de Estados Americano, Luis Almagro. “La dictadura de Nicolás Maduro sigue avasallando derechos y cometiendo crímenes”, dijo en su cuenta de Twitter.
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