La lista va más allá de números. Son venezolanos con nombre y apellido. Adultos y menores de edad, mujeres y hombres, civiles y militares, privados de libertad en procesos contrarios a la ley, según el recuento de Aleteia con base en informes del Foro Penal Venezolano
Son 528. Según la lista oficial del Foro Penal venezolano (FPV) certificada por la Organización de Estados Americanos (OEA), cifra que varía con el efecto “puerta giratoria”; según ella, cada vez que es “liberada” alguna de las víctimas, otra es encarcelada en su reemplazo.
La amplia mayoría está constituida por hombres, aunque 8 de cada 100 presos de Nicolás Maduro son mujeres. En la actualidad, según el reporte de agosto, todos son adultos; pero son muchos los informes que registran menores de edad, o personas que alcanzaron la mayoría estando ilegalmente privados de libertad.
“La persecución contra diputados simplemente hace más obvio ante el mundo que el régimen usa la prisión política como mecanismo de control e intimidación. Y es evidente que todos los que deciden, encarcelan, persiguen -así sea cumpliendo órdenes- incurren en crímenes de lesa humanidad”, advirtió en este aspecto Alfredo Romero, director del FPV.,
“El taxista Antonio Pérez, ¡inocente!”
La lista es interminable. Casos hasta para escoger. Unos más dramáticos que otros. Todos con nombre y apellido, muchos con familias enteras afectadas. Hay de todas las profesiones. Antonio Pérez es uno de los 528. Taxista, privado de libertad por motivos políticos desde el 14 de enero del año 2018.
De acuerdo con el Foro, “se han denunciado torturas ante instancias nacionales e internacionales. Sus informes médicos arrojan varias patologías”. Está claro para las organizaciones no gubernamentales que documentan su caso, que “Antonio es inocente”.
Algunos tienen final feliz, pero tras daños irreversibles y pérdidas definitivamente irreparables. Es el caso de Aidysmar Figueroa, de 20 años de edad. A la 1:00 pm del 19 de julio finalizó la audiencia preliminar en su caso.
Un tribunal ordenó su excarcelación, y la medida se hizo efectiva “con presentación periódica cada 30 días”. Fue excarcelada 173 días después de su arbitraria detención. Nadie podrá devolverle los seis meses de vida que perdió de libertad.
Pero al menos ve la luz que a Antonio José Pérez Cisneros le prohíben desde enero 2018, cuando siendo civil fue recluido en la cárcel militar de Ramo Verde. Fue detenido arbitrariamente cuando regresaba de la procesión de la Divina Pastora, en Barquisimeto. Pasó por una alcabala sin identificación, desde donde luego lo llevaron a la DGCIM.,
Civiles en prisiones militares
Este mismo mes fue excarcelado en tribunales militares, aunque “con restricciones” el preso político José Vicente Méndez. Otro civil en Ramo Verde. Anteriormente estuvo en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). El 12 de junio de este año fue privado de libertad bajo la imputación de los delitos de “traición a la patria y rebelión militar”.
La lista también incluye a la abogada Antonia Turbay, quien primero pasó cuatro días en “desaparición forzosa”. Aunque tiene actualmente “boleta de excarcelación”, no ha sido efectiva su liberación, ni siquiera condicionada.
Fue detenida por razones políticas el 26 de junio de 2019. Días después, el 30 de junio, a través de la fórmula de “libertad bajo fianza”, quedó arbitrariamente privada de libertad. EL Foro Penal advierte que “cumplir con requisitos puede demorar meses”.
El 12 de agosto, Alfredo Romero denunció que Antonia Turbay “Toñita” estaba “secuestrada en El Helicoide”, tras una “evidente detención arbitraria”. Recordó que “Toñita es abogada” y denunció que “la responsabilizaron falsamente por supuesta fuga de Simonovis”.
Reacción de la Iglesia Católica
“La política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre, pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio, puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación e incluso de destrucción”. Lo afirmó en las últimas horas el cardenal Baltazar Porras, administrador apostólico de Caracas.
A propósito de la visita a Venezuela de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, la Iglesia Católica emitió un comunicado a través de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).
En el detallado escrito de los obispos del país, los pastores exigen “la liberación de los presos políticos y la eliminación de las comisarías como centros de reclusión. Que se eliminen las prácticas abusivas que violan los derechos humanos de los distintos grupos de seguridad del Estado (Sebin, Faes); grupos irregulares como los colectivos que actúan con absoluta impunidad”.
Entre enero de 2014 y agosto de 2019, el Foro Penal Venezolano contabiliza en su registro un total de 848 civiles “que han sido procesados arbitrariamente ante tribunales militares”. Lo recuerda el abogado Gonzalo Himiob.
El también profesor universitario y escritor, es director vicepresidente de la ONG. Sostiene que la condena a Rubén González, una de las más recientes, “reitera que en Venezuela persiste esta práctica que es una grave violación a los Derechos Humanos”.
También este mes, en el marco de las festividades del Santo Cristo de La Grita, el primer vicepresidente del episcopado, monseñor Mario Moronta, sostuvo que “en Venezuela no debería haber ciudadanos presos debido a sus ideas políticas”, y dijo que “quienes torturan están locos o han perdido el temor de Dios”. Admitió creer “que es lo segundo”.
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