Aunque varias ONG consideran “tibio” y hasta “acomodaticio” el informe, exigen a la ONU crear una comisión de investigación para evitar que las violaciones a los derechos humanos queden impunes
“Después de la visita de Bachelet, el régimen de Nicolás Maduro ha profundizado la crisis venezolana”. Por eso, “un grupo de organizaciones nos hemos concentrado frente a la sede del PNUD para apoyar las actuaciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas sobre Venezuela, pero también para exigirles que activen mecanismos adicionales, como la conformación de una comisión de investigación para determinar qué ocurrió en casos concretos”, conocer a los responsables y presentarlos ante la Corte Penal Internacional.
Estas ideas las planteaba Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en el marco de una protesta pacífica que se realizó este 9 de septiembre, frente a las puertas de las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Caracas. Al lugar asistieron representantes de unas 110 instituciones independientes que expresaron su apoyo a la segunda actualización oral sobre Venezuela, presentada por Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, ampliando así el informe del 4 julio de este año.
En defensa de los derechos ciudadanos
“El régimen, lejos de actuar a favor de la vida, permite que más niños mueran de hambre; de negligencia médica ante el deterioro del sistema de salud pública en el país; y continúen privando de libertad a los que piensan distinto”, dijo a Aleteia, América Salazar, del Frente Nacional de Mujeres, mientras un grupo de activistas ambientaba la protesta con pancartas y consignas por la democracia y la liberación de presos políticos, entre otras exigencias.
Iguales consideraciones emitió Feliciano Reyna, fundador de Acción Solidaria, para quien la oficina de la ONU de Caracas debe continuar recabando información de lo que ocurre en el país. “Existe suficiente documentación del daño y sufrimiento para confirmar la gravedad de lo que sucede en Venezuela”, expuso el activista de los derechos humanos. Reyna criticó “la actitud indolente del régimen de no actuar en favor de la vida”.
Por su parte, la educadora Lilian Arvelo lamentó la situación venezolana, especialmente en materia de la enseñanza, y argumentó que “a las dictaduras sólo les importa el hambre y la ignorancia”. Sostuvo además que “el 30 por ciento de los profesionales de la educación han abandonado el país”, y “el régimen pretende sustituirlos por docentes exprés”.
Maduro apoya al FAES, un grupo de exterminio
Fue muy amplia y genérica la actualización (puedes ver informe completo aquí) presentada por Michelle Bachelet. Uno de los temas se vinculó a la situación económica en Venezuela la cual continúa deteriorándose rápidamente, considerando que el país pasa por “el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región”. Igualmente, citó “la dolarización de facto en varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades”.
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Respecto a los servicios públicos, indicó Bachelet que éstos han seguido presentando fallas graves y recurrentes, con especial intensidad en el estado Zulia. “El desabastecimiento de combustible fuera de Caracas ha agravado la situación”, precisa.
Según el informe, intranquiliza a la diplomática los problemas de acceso a la salud, especialmente las dificultades para conseguir medicamentos, y tratamiento de más de 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas. Pese a esa realidad, Bachelet resaltó que según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se ha ampliado la cobertura de vacunación contra la poliomielitis, el sarampión y la difteria.
Es de resaltar que la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos, objetó que en Venezuela no hayan recibido información sobre las medidas para implementar la recomendación de su informe inicial sobre la disolución de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. “Las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno”, señaló.
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“Tan sólo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas”, los cuales vendrán a sumarse a los 5.287 asesinatos durante las operaciones de seguridad, reportados el 4 de julio, y que “revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres”.
Bachelet indicó que según información recibida recientemente por parte del Ministerio Público, de agosto de 2017 a mayo de 2019, se condenaron a 104 miembros de fuerzas de seguridad por violación a los derechos humanos. Sin embargo su oficina está en espera de “información detallada sobre el tipo de violación a los derechos humanos, la adscripción institucional de los funcionarios, y el perfil de las víctimas”.
#Venezuela: @mbachelet detalla serias preocupaciones sobre los #DDHH y reitera su llamamiento tanto al Gobierno como a la oposición para que superen sus diferencias y den prioridad a las negociaciones: "es la única manera de superar la crisis": https://t.co/jCMSDQcGTZ #HRC42 pic.twitter.com/lyLttCdLQB
— UN Human Rights (@UNHumanRights) September 9, 2019
Reacciones. Funcionarios del régimen de Maduro reaccionaron a la actualización presentada por Bachelet, cuestionando la metodología utilizada por la oficina de la alta comisionada y consideró que el informe fue “sesgado”. Jackeline Farías catalogó de “lamentable el papel que juega Bachelet”, además de señalar que “no aboga por el respeto a vivir dignamente que tienen los venezolanos”. Sectores opositores, aunque con sus matices también mostraron sus posturas. Una de estas fue la diputada Delsa Solórzano quien dijo: “Insólitamente Michelle Bachelet no hizo suya la propuesta de su antecesor Zeid sobre la creación de una comisión de investigación para Venezuela”, publicó en Twitter.
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