El atentado contra los bosques venezolanos formará parte del debate del Sínodo de la Amazonía. A la Iglesia le preocupa tanto la explotación minera emprendida por el ala militar y guerrillera, como la desaparición de poblaciones indígenas en la peor devastación de su historia
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Calificado como “ecocidio” en Venezuela y defendido por el oficialismo, su génesis obedece al gobierno de Nicolás Maduro, bajo el argumento de generar ingresos como respuesta al modelo rentista petrolero.
Creado el 24 de febrero de 2016 como parte de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, el Arco Minero del Orinoco es un área particularmente rica en recursos minerales de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Con más de siete mil (7000) toneladas de reservas en oro, diamantes, cobre, bauxita, hierro y coltán, abarca un área de 111.843,70 km², el 12,2% del territorio venezolano.
Al recordar que el Arco Minero forma parte de la Amazonía, el diputado Ramón Flores lamentó la “destrucción indolente cometida con el pulmón vegetal más grande del planeta”. Sostuvo que la región es víctima “de manos criminales por la extracción de recursos naturales”.
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“El proyecto más depredador”
En Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), ONG con décadas de trayectoria en el país, condenó el Arco Minero a través de su vocero, Rodolfo Montes De Oca, afirmando que “es uno de los proyectos más depredadores de Venezuela”.
Recordó que la extensión territorial -que duplica la de la Faja Petrolífera del Orinoco- es mayor que la de Cuba, Portugal, Bélgica o República Dominicana. Dijo que no existe control, por lo que no sólo “se acabará con la biodiversidad, sino que se va a someter a pueblos originarios”.
Agregó que el proyecto “atenta contra el derecho humano a un ambiente sano” y lesiona “derechos de pueblos indígenas”, mientras reafirma una “política desarrollista donde no importan la vida humana y la naturaleza”.
Electo por esa región, el diputado Américo De Grazia asegura que los guerrilleros “son agentes de retención de oro del régimen de Maduro”. Sostiene que los mineros explotan el oro y lo reportan a la guerrilla, la cual “les retiene el diezmo”.
Arco Minero es inconstitucional
Fue puesto en marcha a pesar de ser calificado por el Parlamento de “inconstitucional”, pues viola los artículos 52, 53, 68, 120, 127, 128, 129, 150, 187, 304 y 327 de la Carta Magna. Y según De Grazia, sería “etnocida”, porque afecta a los ancestrales pueblos indígenas como: Inga, Eñepá, Kariña, Arawak, Akawako y Pemón.
No son denuncias aisladas. El alcalde indígena pemón de la Gran Sabana, Emilio González, denuncia que hay “mafias del oro” en el sitio y alerta que “allá hay un desastre… ¡Están matando a hermanos nuestros!”.
De su lado, el parlamentario señala que “el Arco Minero es un ‘Chernóbil ecológico’ en el seno de Guayana, donde afecta nuestras aguas y reservas forestales”. Implica la “destrucción de 110 mil kilómetros cuadrados de bosques” en el proyecto minero más grande de Venezuela.
Distintas academias venezolanas se han pronunciado. La Sociedad Venezolana de Ecología, la Asociación de Arqueólogas y Arqueólogos de Venezuela y la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, entre ellas.
Coinciden en su preocupación por la ausencia de estudios de impacto ambiental y sociocultural, amén de la violación de derechos de las comunidades indígenas arrasadas, en medio de una explotación sin control.
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Tierra fértil para la guerrilla
Abundan denuncias sobre la presencia de guerrilleros y paramilitares acusados de explotar oro y coltán con respaldo de la Fuerza Armada Nacional (FANB). Lo ha documentado Aleteia con base en reportes de FundaRedes. Coinciden con acusación del presidente colombiano Iván Duque.
Prensa local e investigaciones de campo dan cuenta de la presencia de toda clase de irregulares armados, disidencias paramilitares y guerrilleras colombianas; así como la práctica de minería informal, principalmente con el uso de mercurio.
Una tierra de nadie escoltada por militares, donde son comunes las balaceras en medio de disputas por la riqueza mineral que guerrilleros y paramilitares arrebatan a la “Casa común” en Venezuela. Diamantes y “oro de sangre” se suman a la explotación del coltán, que sale del corazón de la Amazonía hasta equipos electrónicos o joyería, cuyo usuario final ignora su procedencia.
Mineros de la zona afirman que operan en medio del control de bandas armadas, a pesar de que el sitio está bajo militarización. Funciona en medio de la invasión de tierras –históricamente- indígenas; y en teoría protegidas por la ley, cuya fragilidad se pone cada vez más a prueba.
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Ley de Mega Reserva
En 2016, la Asamblea Nacional desautorizó el decreto de Arco Minero, mientras que en 2018 aprobó la Ley de la Mega Reserva. Aunque en la práctica es “letra muerta”, la acción legal del Parlamento condujo a muchos países a calificar como “Oro de sangre” el explotado bajo estas condiciones de extracción y alentó a emprender acciones legales.
Según el decreto de creación, el Arco Minero ocupa 111.843,70 km2 (12% del territorio nacional), pero en la actualidad “abarca todo el estado Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro”, totalizando 458. 345km2; es decir, el 47,43% del territorio, según denuncia Américo de Gracia.
Afirma el parlamentario que esa cifra no incluye “otras zonas mineras en proceso de saqueo”. Y sostiene que para ejecutar “esta tragedia” eliminaron el Ministerio del Ambiente. Cancelaron las concesiones forestales y expulsaron las ‘Nuevas Tribus’ del Amazonas.
Detalla que tras un complejo proceso se pasó “de la operación directa de las minas por la Fuerza Armada (FAN), a los pranes; y de estos, al ELN, Hezbolá y la FARC”. Estima De Gracia, que un año de producción de “Oro de sangre” equivale a 3 días de petróleo, lo que implica “riqueza para cúpulas usurpadoras y ruina para Venezuela”.
Debatirán caso en Sínodo Panamazónico
La Iglesia católica ha mostrado particular interés en el tema. El administrador apostólico de Caracas, Enrique Baltazar Porras, recordó que “el Arco Minero se encuentra dentro de la Región Amazónica y también arde”. Sostuvo que “mientras la opinión pública reacciona tarde, el Papa recordó al mundo que ‘la naturaleza es el libro abierto de Dios”.
Dijo que “para el Sínodo de la Amazonía existen imperativas morales que nos interpelan a todos”. Tras conocer su designación en la presidencia del Sínodo Panamazónico, reiteró que “será un tema de debate en el Sínodo Panamazónico en Roma”.
El cardenal venezolano llamó a sumar esfuerzos para “rescatar el Arco Minero”, como una indeclinable “tarea de todos para el bien de la humanidad”.
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