No pareciera el padre Pepe, ni el Obispo Lugones, y tantísimos sacerdotes y obispos de todo el país, religiosos, laicos, agentes pastorales, de distintas afinidades y estilos, una amenaza para la seguridad exterior e interior de la Argentina
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La justicia federal argentina investiga una causa de posible espionaje ilegal del que habrían sido víctimas numerosos funcionarios y figuras públicas argentinas, entre ellas dos sacerdotes de la pastoral de las villas y un obispo del Gran Buenos Aires.
Se trata de delitos que habrían sido perpetrados por la Agencia Federal de Inteligencia durante la anterior gestión en contra más de 500 personas, entre ellas entonces políticos opositores e incluso del mismo partido, periodistas, entre otros. Pero entre los mencionados que trascendieron figuran el sacerdote José María Di Paola, referente de la pastoral de los curas villeros, el sacerdote Francisco Oliveira, también de la pastoral de las villas, y el obispo de Lomas de Zamora y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social monseñor Jorge Lugones.
Los obispos argentinos se solidarizaron con el prelado y desde la Conferencia Episcopal se emitió un comunicado pidiendo por la búsqueda de verdad y justicia: “Tenemos la esperanza que se puedan desterrar de nuestra República estas acciones contrarias a los valores de la democracia, y que afectan gravemente la libertad individual y la privacidad de los ciudadanos”.
¿Iglesia terrorista?
La Agencia Federal de Investigación está orientada a la protección y promoción de los intereses políticos, institucionales, sociales, económicos y culturales del pueblo argentino, según afirma, con el propósito de resguardar el sistema democrático. Independientemente del nombre y las formulaciones, la información que recaba, en el marco del sistema nacional de inteligencia, tiene como propósito resguardar la seguridad exterior e interior. Básicamente, desarticular acciones terroristas, vinculadas al narcotráfico, o acciones que tengan impacto en la seguridad nacional.
Si su actividad no está relacionada a estos fines, y tiene más que ver con proveer información que pueda ser usada con fines políticos o partidarios, independientemente de quien ejerza el poder, se está ante un caso de espionaje ilegal.
Años atrás desde organismos del Estado, cuando el gobierno lo ejercía otro espacio político, también se denunció espionaje sobre el padre “Pepe” Di Paola, en un caso conocido como Proyecto X, por el cual la Gendarmería habría espiado a cientos de organizaciones sociales.
Ni el Padre Pepe ni el Obispo Lugones han sido nunca estos años parte actividades que ameriten espionaje: por el contrario, el padre Pepe fue perseguido y denunciado abiertamente por narcotraficantes, y en su defensa pública, para exponer el riesgo al que estaba expuesto el cura por defender a las víctimas de los delincuentes, tuvo que salir el entonces cardenal Jorge Bergoglio.
No pareciera el padre Pepe, ni el Obispo Lugones, y tantísimos sacerdotes y obispos de todo el país, religiosos, laicos, agentes pastorales, de distintas afinidades y estilos, una amenaza para la seguridad exterior e interior de la Argentina. Más aún, por su acción social es muchas veces su propia seguridad la que está amenazada.
