La sanción de la ciudad de Buenos Aires parece favorecer la inclusión en la agenda parlamentaria de un nuevo proyecto para la legalización definitiva del aborto en Argentina
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Con una amplia mayoría los legisladores de la ciudad de Buenos Aires adoptaron el protocolo para el aborto no punible del Ministerio de la Nación para el distrito capital del país. El aborto se practicaba en la ciudad bajo una interpretación local, que según quienes promovieron la legislación, era más restrictivo que el protocolo propuesto desde el gobierno actual a finales de 2019. Pese a ello, en la ciudad se realizaron en 2019 más de 8000 abortos legales, cerca de 7000 bajo la causal de riesgo para la salud de la madre.
“Este protocolo está en contra de la objeción de conciencia institucional, y no hace falta obligar al Mater Dei o a la clínica San Camilo que vayan contra sus principios. En 2012 hubo 91 intervenciones, en 2019, 8.350. ¿La causa de violación es real? Yo creo que no”, expresó el diputado de la ciudad Guillermo González Herrera.
El legislador hizo referencia a sólo dos de los centros de salud porteños que en reiteradas oportunidades ya hicieron saber que se oponen a realizar abortos. Como sus colegas públicos y privados, estos días están absolutamente abocados a la contención de la pandemia.
Las extraordinarias circunstancias en las que se aborda esta legislación es puesta de manifiesto en un documento emitido por el Arzobispado de Buenos Aires:
“Cuando los porteños padecemos los momentos más aciagos de la pandemia, en medio de una necesaria pero a su vez larga y agotadora cuarentena, cuando las cifras de contagios y fallecidos nos sobresaltan cada día, la Legislatura de la Ciudad Autónoma acaba de aprobar por amplia mayoría la adhesión a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), esto es, el aborto no punible, que ya se practica en gran parte del país”, expresa la declaración firmada por el cardenal Mario Poli y sus siete obispos auxiliares en la Arquidiócesis de Buenos Aires.
“Nos lastima y duele, que en medio de un letal contagio, donde tantos agentes sanitarios y servidores esenciales exponen y arriesgan su vida para salvar la del semejante, los legisladores vean oportuno avanzar en una ley, que ciertamente no es «honrar la vida», como nos gusta escuchar y cantar a los porteños”, expresa el contundente documento.
Desde hace varias semanas en distintos medios de comunicación con periodistas afines a la campaña para la legalización del aborto se viene advirtiendo que el gobierno nacional en breve enviará un proyecto para debatirla en el Congreso. El Parlamento lo había rechazado en 2018, pero el actual gobierno había anunciado en campaña que lo enviaría ni bien asuma. Era la intención del presidente Alberto Fernández, pero la misma semana que se había anunciado sería presentado en el Congreso, sobrevino la declaración de la pandemia y se restringió casi por completo la actividad en el país.
En esa línea de instalación del tema en la agenda pública de discusión, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, aseguró en una entrevista reciente que “estamos en el peor de los mundos, porque los abortos suceden en cientos de miles” y “las mujeres mueren en abortos clandestinos, amenazadas de ir a la cárcel”.
Parecen generalizaciones que contrastan con la claridad estadística de la pandemia del coronavirus, que ya superó los 120.000 infectados en el país, los 2200 muertos, y que pese a 120 días de ininterrumpidas restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires, no presenta un horizonte claro de superación de pico de contagios.
Más que una prioridad de julio de 2020, la sanción de la ciudad de Buenos Aires parece favorecer la inclusión en la agenda parlamentaria nacional de un nuevo proyecto para la legalización definitiva del aborto en el país.
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