La Conferencia Episcopal Venezolana solidaria con quienes son deportados desde la isla del Caribe, recuerda las acciones humanitarias que se deben implementar de acuerdo con el mensaje del papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti: “acoger, proteger, promover e integrar”
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“Sobrevivimos como pudimos en el mar. No hemos comido, nos picaron las plagas, algunos de los niños están resfriados, vomitaron y están débiles. Pero gracias a Dios pudimos llegar”.
Estas palabras pertenecen a Cristian Mendoza, uno de los venezolanos retornados a Trinidad y Tobago; después que autoridades de esta isla del Caribe decidieron regresarlos a Venezuela, en una embarcación precaria, y sin respetar la condición de 16 menores de edad.
Ahora están en cuarentena obligatoria debido a la pandemia del coronavirus. Pero lo sufrido estará con ellos por el resto de sus vidas.
“Es una situación tan tremenda que no puedo hablar”, comentó Félix Marcano padre de dos niños de 9 y 5 años que fueron deportados junto a la madre. “Estuvimos a puntos de sufrir una tragedia mayor”, relató.
Devueltos al mar
El incierto destino de más de una veintena de personas que fueron deportadas desde las costas de Chatham Beach, en Trinidad y Tobago, el domingo 22 de noviembre, generó una alerta mundial.
Incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se hizo eco de la acción por parte del gobierno trinitense.
“Todos los refugiados y migrantes, independientemente de su situación, tienen derecho al respeto y la protección de sus derechos humanos”, dijo la ONU sobre los menores venezolanos “devueltos al mar”.
El sufrimiento duró unas 48 horas, aproximadamente, tiempo en el cual la débil embarcación sufrió la avería del motor, siendo empujado por la brisa del mar hasta la costa sur del país insular más próximo a Venezuela.
Al mismo tiempo, un fallo en un tribunal trinitense suspendió temporalmente la deportación de los migrantes, permitiéndoles regresar.
CEV: Fue una deportación sumaria
Pese a ello, los obispos venezolanos la consideran una “deportación sumaria” que “vulneró y puso en peligro la vida de los niños y sus acompañantes”.
El cardenal Baltazar Porras, en su condición de presidente de Cáritas Venezuela, junto a Roberto Lückert, de la comisión de justicia y paz de la CEV; Jaime Villarroel, obispo de Carúpano y la red CLAMOR Venezuela, difundieron un documento, que denominaron: “Ante los atropellos institucionales sufridos por los migrantes venezolanos en el caso de la deportación ilegal de niños y mujeres en Trinidad y Tobago”.
Las palabras del Papa en la encíclica Fratelli Tutti (129), del pasado mes de octubre, en las que habla del drama de los emigrantes, sirvieron a los obispos para cuestionar la medida:
“Nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse integralmente como persona. Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llegan pueden resumirse en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar”.
“Cumplan con los convenios internacionales”
“Dejamos sentada ante la comunidad internacional una clara posición de repudio a los referidos actos; y ratificamos el apoyo a estos niños y sus familias, manteniendo contacto con nuestra Diócesis Carúpano y de Trinidad y Tobago, para exigir al gobierno de ese país cumpla con los convenios internacionales, a favor de nuestros hermanos venezolanos migrantes que están en su territorio”.
En este orden, los prelados criticaron, en el documento de 3 páginas recibido por Aleteia:
“las conductas de los gobiernos que afectan a poblaciones vulnerables como lo son los solicitantes de asilo y los migrantes provenientes de la República Bolivariana de Venezuela, en particular de niños y adolescentes. A este particular son inadmisibles las deportaciones colectivas o sumarias”.
Nuevas deportaciones de venezolanos
Los medios de Trinidad y Tobago han informado de nuevas deportaciones de emigrantes venezolanos, de acuerdo a lo que se ha conocido el pasado fin de semana.
El 28 de noviembre le toco ser deportado a un grupo de 160 venezolanos que habían “entrado ilegalmente” al país; mientras un juez detuvo la deportación inmediata de otros 19.
El ministerio de seguridad nacional advirtió en un comunicado que la deportación de los 160 ciudadanos venezolanos, que entraron hace 60 días ilegalmente en Trinidad y Tobago, se llevó a cabo este sábado “en conjunto con las autoridades venezolanas”. Sin embargo, hasta el momento no ha habido pronunciamiento del gobierno de Nicolás Maduro.
La medida se hace en cumplimiento de la política del gobierno y respetando las leyes de Trinidad y Tobago “para proteger a sus ciudadanos”, se traduce de la misiva.
Desde el año 2015, casi 6 millones de nacionales han emigrado de Venezuela, obligados por la falta de alimentos y la atención médica en medio de una crisis humanitaria compleja.
De ellos, “al menos Trinidad y Tobago, con una población de casi 1,4 millones de personas, alberga a más de 40.000 venezolanos”. Así lo reconoce ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
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