Piden a la administración Trump que detenga las tres ejecuciones previstas
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El 12 de enero era el día indicado para la ejecución de Lisa Montgomery. La primera mujer que se enfrenta a la pena de muerte en casi 70 años en los Estados Unidos. De momento, la inyección letal ha sido suspendida por un juez del Tribunal del Distrito local. Para ello, ha pedido la necesidad de una audiencia probatoria para determinar la condición mental de la mujer.
Los obispos de Estados Unidos han lanzado un nuevo y apremiante llamamiento contra la pena de muerte. En él piden a la administración Trump que detengan las tres ejecuciones que están previstas antes del 20 de enero, cuando tomará posesión la nueva administración.
Carta de los responsables en el episcopado
Se trata de una carta enviada por Monseñor Paul S. Coakley, presidente de la Comisión para la Justicia Interna y el Desarrollo Humano de la Conferencia Episcopal (Uscbb) y Monseñor Joseph F. Naumann, presidente de la Comisión Episcopal para las actividades pro-vida.
En ella piden que aprueben la Federal Death Penalty Prohibition Act. Una nueva ley que podría prohibir la pena de muerte a nivel federal y convertiría estas penas en penas alternativas. “Con las prisiones modernas, no necesitamos la pena de muerte para mantenernos a salvo”.
Además explican los dos prelados que la pena de muerte no es necesaria: “Podemos obtener justicia sin ella y fortalecer el respeto por la dignidad y el carácter sagrado de toda vida humana que es tan necesario hoy en día”.
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Imagen y semejanza de Dios
La carta muestra la Doctrina Social de la Iglesia y el claro posicionamiento de los obispos ante este tema: “Cada persona fue creada a imagen y semejanza de Dios, y alentamos a todos a trabajar para eliminar la pena de muerte de nuestras leyes estatales y federales y desarrollar un mayor aprecio por la sagrada dignidad de cada vida humana”.
En su carta los obispos también tienen palabras de aliento y cariño hacia las familias de la víctimas: “También se debe considerar la terrible pérdida sufrida por las familias de las víctimas”.
Por ello piden a los legisladores que “redirigir la energía y los recursos que actualmente se destinan a las ejecuciones para brindar asistencia compasiva y profesional a las familias de las víctimas”.
