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Los esfuerzos conjuntos de los obispos del pacífico y suroccidente colombiano por visibilizar la profunda crisis humanitaria de la región, merecieron un mensaje de Francisco. El Papa los animó en su “búsqueda incesante por constituir lazos de paz” y reiteró “su firme reprobación a estos episodios de violencia”.
El documento, firmado por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, fue recibido con complacencia y agradecimiento por los pastores de la Iglesia. Ellos adelantan un proyecto colectivo con el fin de que los grupos armados finalicen las violaciones a los derechos humanos y el Estado responda por la deuda social que tiene con las comunidades de la región.
Estamos hablando de la zona suroccidental y occidental de Colombia, ocupada por los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo. Lugares con gran porcentaje de población afrocolombiana y de grupos indígenas.
Allí se conjugan el abandono del Estado y niveles pobreza muy altos frente al resto país. Una situación que los hace muy vulnerables. A esto se suman los actores armados que se disputan el territorio por el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, capital del departamento de Chocó, explicó a Aleteia que la región tiene los índices más bajos en productividad y de los más altos de pobreza. También coberturas mínimas en salud, educación, infraestructura vial y servicios públicos.
Además de los cultivos ilícitos de estupefacientes y las rutas de narcotráfico para sacar la producción hacia las costas del pacífico, que generan diferentes formas de violencia, existen megaproyectos de minería. Lo mismo extensos cultivos de palma y mucha ganadería, además de playas hermosas y miles de kilómetros de selva.
“Hay mucha riqueza para unos grupos pero no para los habitantes de la región”, comentó monseñor Barreto. El obispo aprovechó su entrevista con Aleteia para anunciar la próxima misión humanitaria que realizarán con la ONU y varias colectividades en Bojayá, para conmemorar 19 años de la masacre en la que murieron más de cien personas en un ataque guerrillero, durante el cual lanzaron un cilindro bomba a la iglesia de la localidad.
La misión se realizará del 26 de abril al 4 de mayo y será la segunda, teniendo en cuenta que ya estuvieron en la región del Alto Baudó. Las próximas serán en Ríosucio, el litoral del río San Juan y Bahía Solano.
“Es la mejor forma de acompañar a las comunidades y dialogar con ellas. Sabemos que nos estamos metiendo en la boca del lobo, pero queremos visibilizar lo que pasa ante las instituciones estatales”, concluyó el obispo.
También en el Chocó está la diócesis de Istmina-Tadó, sobre el océano Pacífico y en límites con Panamá, la cual tiene pueblos que no cuentan con atención mínima en salud, porque no tienen al menos enfermera. Aquí con más de 22 mil kilómetros cuadrados en los que viven cerca de 250 mil habitantes.
“Es una situación muy dolorosa”, dice monseñor Mario de Jesús Álvarez, su obispo, quien agrega un componente más a lo ya anotado: la corrupción que históricamente ha diezmado los presupuestos públicos.
Ante esta situación, monseñor Álvarez y los grupos evangelizadores han emprendido un trabajo pastoral a 15 años, bautizado Plan Global y Misionero La Champa Misionera, el cual inició este año y va hasta 2035.
Esta iniciativa genera una permanente cercanía con los alcaldes, grupos municipales de trabajo, cabildos y autoridades indígenas, así como actores de otras religiones. Dentro del plan, realizan un gran esfuerzo con los niños desde los cuatro años. Esto por la gran esperanza de futuro que representan.
“De las pequeñas generaciones saldrán los gobernadores, alcaldesas y sacerdotes del futuro”, puntualizó el obispo.
