¿Quieren callar la voz de la Iglesia en Bolivia?

San Ignacio de Velasco, capital de la provincia de Velasco en el Departamento de Santa Cruz de Bolivia, ha suscitado la atención mediática en los últimos días. Esto a raíz de una denuncia que lanzó el obispo de esa diócesis, monseñor Robert Flock. A través de la misma se hace referencia a una resolución del Ministerio de Defensa de expropiar el cerro donde la diócesis de San Ignacio tiene torres de transmisión de medios de comunicación como Radio Juan XXIII.

En el mensaje original, con fecha 18 de abril, Flock indica que la resolución representa “una acción hostil contra la diócesis”. “De forma unilateral, arbitraria y sin negociación previa, el actual ministro abrogó esa resolución para luego expropiar todo el terreno donde se encuentran nuestras instalaciones”, se expresó.

“La diócesis luchará por defender sus intereses y derechos, pero es posible y probable que en cualquier momento interrumpan nuestras transmisiones”, prosiguió el obispo.  

A partir de este contundente pronunciamiento, las reacciones no se dejaron esperar. El propio Flock se presentó ante la prensa para ofrecer más detalles del comunicado, así como del proceso que derivó en años anteriores en la adquisición del cerro (donde se reafirma que es propiedad de la diócesis) con el fin de generar un sitio de transmisión de medios.

Fuentes vinculadas a la diócesis de Velasco confirmaron a Aleteia que de manera inmediata, ante la situación suscitada, hubo apoyo tanto desde la Conferencia Episcopal, como también de la Nunciatura o la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra. Lo mismo desde organizaciones civiles tanto del departamento como de otras zonas del país.

Lo propio, se indicó a Aleteia, desde los Comités Cívicos, la voz del pueblo civil sin participación de partidos políticos o ideologías. Para la diócesis este apoyo es considerado muy valioso. Finalmente, mientras en principio se esperaba que el 27 de abril se realizara una inspección de parte del Ministerio de Defensa en el lugar de conflicto, las transmisiones desde el cerro San Ignacio continúan. Además, existe la confianza de que la diócesis salga triunfante debido a que afirman que tienen respaldo con documentos válidos.

En el medio de este conflicto, considerado el más grande con la diócesis de San Ignacio desde que asumió el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) con Luis Arce a la cabeza, en las últimas horas surgió un nuevo pronunciamiento. Esta vez desde el Consejo Boliviano de Laicos en el que se considera que la resolución de expropiación “esconde la intencionalidad de callar la voz profética de la Iglesia Católica para así mantener cegada a la población”.

“En anteriores manifiestos a la opinión pública hemos enfatizado en defender la libre expresión y derechos democráticos de los ciudadanos, independientemente del credo que profesen, pues así lo dispone nuestra Constitución”, continúan.

Por su parte, desde el Ministerio de Defensa se niega que se quiera callar la voz de la Iglesia, que la expropiación se hace para instalar radares como parte del denominado “Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo”. También se promete una indemnización justa (ver El Deber).

No son pocas las voces consultadas por Aleteia para este trabajo las que afirman de manera enfática que “con el gobierno del MAS casi no valen las garantías constitucionales”. Lo mismo en cuanto a una situación política compleja en la que se indica directamente que “Bolivia se dirige en dirección de la dictadura del régimen del MAS”.

Como argumento se toma el ejemplo, además de lo sucedido en este caso con terrenos vinculados a la Iglesia, la detención de la presidenta interina, Jeanine Áñez, así como casos graves de corrupción, entre otras cuestiones. Y todo en medio de un contexto para nada favorable con los efectos de la crisis del coronavirus a cuestas.  De momento resta esperar cómo sigue el conflicto desatado con la diócesis, algo que sin dudas en las próximas horas tendrá nuevos capítulos.