Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haga una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el suyo.
Presentado como una investigación periodística orientada a articular protagonistas del pensamiento provida, denominados en el trabajo “reacción conservadora”, “derecha desdemocratizadora” o “nueva derecha”, el sitio web reaccionconservadora vio la luz este fin de semana, y generó una contundente ola de críticas.
Funcionarios nacionales, sitios de internet, pero también cuentas de Twitter, cuyos propietarios identifican con nombre, apellido y foto, y particulares que jamás se han expresado públicamente, aparecen mencionados en un sitio al pie del cual se lee explícitamente el patrocinante: IPPWH - International Planned Parenthood Federation/Western Hemisphere Region.
Entre los cerca de 400 mencionados, en la lista aparecen personas y entidades que difícilmente pueden ser consideradas conservadoras, como la Unión Cívica Radical, o desdemocratizantes, como el senador Esteban Bullrich. También particulares que han dedicado tiempo y recursos para apoyar el rechazo a la nueva ley del aborto en la Argentina, o simplemente se han expresado con vehemencia de acuerdo a sus convicciones. Asimismo, integran el listado médicos, jueces, abogados, parlamentarios, individuos de los que se espera obrar a conciencia con ciencia.
“El objetivo de esta investigación es identificar a sus principales integrantes y a su red de vínculos; contar cómo actúan en la Argentina y su relación España, y aportar una mirada histórica sobre este ‘nuevo’ conservadurismo”, expresaron los responsables del sitio, seis periodistas de distintos medios de comunicación.
La reacción fue casi inmediata. #LaGestapoArgentina se impuso rápidamente como tendencia en las redes sociales. Y muchos aprovecharon a reconocer el trabajo de los individualizados a favor de la vida:
Taambién se oyeron respaldos de figuras públicas que sin estar individualizados en el listado. Incluso personas con ideas similares a las de los que promovieron el sitio, observaron la gravedad de este tipo de publicaciones. El ganador del Oscar Juan José Campanella advirtió que “esto no es progresismo, es fascismo puro y duro. Son lo más reaccionario del país y no tienen límite moral alguno”.
Figuras políticas como el ex candidato a la presidencia Ricardo López Murphy advirtieron que “único objetivo es perseguir a quienes piensan distinto”.
El artículo 14 de la Constitución Argentina reafirma el derecho a publicar ideas sin censura previa. Y también a peticionar a las autoridades, por lo que aún con ley del aborto el pensar distinto y reclamar algo distinto, por más que suene obvio, es algo absolutamente propio de la vida democrática. Y aún en las diferentes visiones, dice el artículo 16, “todos sus habitantes son iguales ante la ley”.
Por eso existe una ley contra la discriminación, la ley 23.592, que advierte sobre “los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”. Por estar en contra del aborto, las personas señaladas en el artículo pueden sentirse discriminadas. También vinculadas a estructuras o corrientes de pensamiento con las que no concuerden.
El sitio de internet, al momento de elaboración de este artículo, está caído. Se desconoce si es por voluntad de los responsables, por saturación de tráfico, o por medidas legales que se hayan interpuesto.
El senador Joseph McCarthy (1907-1957) impulsó en la década del 50 una persecución política contra personas o instituciones, basado en acusaciones de deslealtad, subversión o traición a la patria por ser, desde una mirada amplia, comunistas. Cerca de 500 personas integraron una lista de perseguidos, y muchos otros sospechados, como Charles Chaplin, dejaron Estados Unidos.
Independientemente de que en este caso no hay uso político directo aún de esta información, que públicamente se expongan individuos e instituciones por pensar distinto genera más de un interrogante. Y más allá de la intencionalidad de los responsables, que pueden ser absolutamente lícitas en un contexto democrático en el cual pensar distinto está protegido, los antecedentes nacionales e internacionales cada vez que se elaboran listados de este tipo no son buenos.
