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Elena Lorenzo ayuda a personas con atracción al mismo sexo. Las autoridades consideran esa ayuda ‘terapias de aversión’ y lo castiga como ‘falta grave’; sin tener en cuenta la voluntad ni el consentimiento de las personas que acuden a ella. La Justicia ha dado la razón a la coach tras un largo proceso judicial de cinco años en el que Lorenzo se ha sentido ‘perseguida’.
En 2016, la asociación LGTB Arcópoli denunció a la terapeuta madrileña especialista en orientación sexual, por ofrecer y aplicar un ‘coaching’ especializado en cambio de hábitos para personas que “desean entrar en un proceso de experimentación y consejo” profesional.
Numerosas personas han acudido a sus terapias y consejos durante su larga carrera profesional, con casos de éxito que cuentan su historia en la web de Elena Lorenzo.
La Ley LGTB de la Comunidad de Madrid considera esos cursos una infracción grave y la condenó a una multa de 20.001 euros en 2019.
El entonces vicepresidente del gobierno regional, Ignacio Aguado (del PP), en rueda de prensa, afirmó que “es la primera vez que se autoriza la sanción a una persona como consecuencia de haber incumplido la ley contra la LGTBfobia”. Y añadió que se trabada de una “sanción histórica y pionera” y que “no vamos a dar ni un paso atrás”.
El recurso de Abogados Cristianos ha dado la razón a Lorenzo, obliga a devolver la multa y a la Comunidad de Madrid a pagar las costas. Según la Justicia, se ha cometido “fraude de ley” y ha “supuesto una efectiva indefensión para la recurrente”.
Con la denuncia de Arcópoli comenzó lo que Abogados Cristianos ha calificado como “una clara persecución ideológica”.
La propia Lorenzo avisó cuando fue multada que se trataba de “una advertencia muy seria a los que pensamos diferente, para que acatemos a través del miedo y del silencio” estas normativas LGTB. Se sentía víctima de una ‘persecución política’. Ella, en su web, agradece todo el apoyo recibido y se mantiene firme en sus convicciones y en sus cursos de ayuda.
Una persecución que comienza con la perversión del lenguaje. Los denunciantes pasaron a llamar los cursos que ofertaba la coach como terapias para “curar la homosexualidad”, cuando la propia Lorenzo nunca ha dicho tal cosa y rechaza tratar a los homosexuales como enfermos.
Otras asociaciones LGTB lo calificaban de ‘terapias reparativas’, obviando la propia información que proporcionaba la terapeuta. La Comunidad de Madrid, al multar a Lorenzo, asumió que esos cursos eran "terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona".
El artículo de la ley añade que "para la comisión de esta infracción será irrelevante el consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias". Las penas pueden llegar hasta los 45.000 euros.
Para Abogados Cristianos, "cualquiera debería de tener libertad para acudir a quien considere oportuno para buscar ayuda. No podemos consentir que se impongan sanciones desproporcionadas por ello".
El obispado de Alcalá de Henares, en Madrid, también ha sido objeto de una campaña similar. Como a la terapeuta, les acusaron de ofrecer "terapias clandestinas e ilegales para curar la homosexualidad".
Como defendió el propio obispado, tienen un Centro de Orientación Familiar que ofrece ayuda a las familias en todas su dimensiones: asesoramiento jurídico a matrimonios; temas de fertilidad, apoyo a madres con embarazos inesperados; servicios pastorales a personas que han sufrido abusos sexuales; y también personas homosexuales que buscan un "acompañamiento integral, pastoral y espiritual".
El propio Secretario General de la Conferencia Episcopal aseguró: "Nos preocupa asistir a un ejercicio de manipulación de la verdad y desinformación intencionada que termina provocando odio".
La CEE pide que se respete a las personas que quieren acceder a esas charlas voluntariamente y a los padres que desean que sus hijos reciban "esa ayuda" de acompañamiento.
