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Buena parte de la movilización cubana del pasado 11 y 12 de julio fue motivada por las redes sociales. Tanto en el contagio colectivo en todos los rincones de la isla como en el transcurso de las diversas manifestaciones y en la difusión de la durísima represión del Gobierno, las redes e Internet jugaron un papel especial.
Grupos como el de San Isidro, un colectivo de artistas urbanos que han sido punta de lanza en la busca de un cambio en la isla a partir de sus demandas de libertad de creación y de expresión, han usado, en su resistencia pacífica, las posibilidades de una incipiente internet que opera en Cuba, lo mismo que ha crecido la penetración de “influencers” y “youtubers” cubanos en muchas partes de la isla y de la región.
Ante la evidencia de la herramienta tecnológica que poseen los ciudadanos para movilizarse y para difundir los actos de diversa índole que pueden ser desestabilizadores del poder en Cuba, y para evitar intromisiones del extranjero, el Gobierno anunció la puesta en marcha de una nueva ley de ciberseguridad.
Esta nueva ley, la ley 35, tipifica como incidentes “de alta peligrosidad” la publicación en las redes sociales de contenidos considerados como “subversivos”, muchos de ellos provenientes del extranjero, según el contenido de la normativa.
Wilfredo González, viceministro de Comunicaciones de Cuba señaló a Estados Unidos como el principal país injerencista al intentar ofrecer una Internet paralela a la que ofrece el Gobierno cubano a sus ciudadanos. Esto, dijo González, no solo viola la Constitución local sino también los tratados internacionales.
La Resolución 105 establece que serán delitos los "contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público", así como la divulgación de noticias falsas.
La reacción de buena parte de los colectivos cubanos disidentes ha sido de disgusto y de rechazo al considerar que se trata de una normativa que va en contra de la libertad de expresión y de difusión de las ideas; una “ley mordaza” que acalla voces contrarias a la versión oficial de los hechos.
Laritza Diversent, directora de la ONG Cubalex dijo a France24 que esta ley “tiene un objetivo claro y es impedir que los ciudadanos cubanos usen las redes sociales para expresar, compartir contenidos e incluso organizarse”.
Más adelante, apuntó que las manifestaciones del 11 de julio “lograron movilizar a la mayoría de las personas dentro de la isla, especialmente a través del acceso a esas redes”, aunque el origen de las manifestaciones que después se convirtieron en masivas, fue “espontáneo”.
Los nuevos delitos abarcan una amplia gama de conductas que van desde la "subversión social" hasta la difusión de noticias falsas en Internet, así como el ciberterrorismo. Lo que no quedará claro será qué se considerará como materia delictiva en cada uno de esos rubros.
Según el nuevo marco normativo es delito el "pretender alterar el orden público" al igual que "promover la indisciplina social" mediante las tecnologías de la información. Esto se justifica como un incidente de agresión con nivel de peligrosidad muy alto, y que pone en riesgo la estabilidad de Cuba.
Después del 11 de julio, el Gobierno cubano decidió bloquear Internet por una semana, lo cual motivó nuevas protestas y la busca de miles de cubanos de redes alternas para expresarse y expresar su necesidad de mejores condiciones de vida en el país caribeño.
“Esta norma viene a generar un efecto inhibitorio de las personas dentro de Cuba a compartir contenido, acceder a contenido e incluso por ejemplo a determinados programas, influencers, medios que pudiera el Estado considerar como una amenaza a su seguridad nacional o al orden público. Y también, por supuesto, protege los contenidos que al Gobierno le interesa”, estimó Diversent.
En las redes sociales cubanas la inquietud va en crecimiento. Ciertamente los usuarios no han podido analizar la profundidad de la nueva ley ni las posibilidades de aplicación de la misma.
Muchos creen que se trata de un recurso intimidatorio para la organización de protestas contra el Gobierno. Lo cierto es, dijo Diversent “que aunque la ciudadanía quisiera organizarse por métodos legales y pacíficos, estos no existen”.
