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Es difícil imaginar un escenario más adverso que el de Haití en los últimos once años (y en casi toda su vida independiente): un devastador terremoto en enero de 2010; el paso de ciclones como Matthew en 2015,; la crisis política que acabó con la vida del presidente Jovenel Moïse hace un par de meses y el temblor de 7.2 grados en la escala de Richter el pasado 14 de agosto.
Y eso no es todo: la inseguridad y la presencia pública de pandillas o “gangs” aumentaron exponencialmente en los últimos años y se han convertido en dueñas de las calles y de la vida de los haitianos mediante el secuestro, la intimidación y, ahora, el control de las miles de toneladas de ayuda humanitaria que el mundo está enviando esta semana, dirigidas –sobre todo—a las comunidades de Los Callos, en el sudoeste del país.
Pero tampoco es todo: las protestas políticas contra el asesinado presidente Moïse coincidieron con la pandemia del coronavirus. Sin datos oficiales creíbles, el país más pobre del continente americano simplemente no tiene con qué combatir la Covid-19. El primer lote de 500.000 dosis de vacunas donadas por Estados Unidos, llegó a este país apenas el 15 de julio de 2021, según lo dijo la Organización Panamericana de la Salud.
Finalmente, para completar el cuadro de horror que presenta en este momento Haití, uno de los focos de tensión, las elecciones para suceder a Moïse (quien ya se había quedado en el poder por un año más de lo previsto) se han vuelto a aplazar por el último temblor (que ya se acerca a los 2.300 muertos) y no se celebrarán en septiembre, sino en noviembre. Quizá hasta 2022.
Quienes conocen la situación interna Haití mantienen serias dudas que el país pueda salir de la enorme crisis en la que se encuentra tras las elecciones. La corrupción en los partidos políticos y en el poder, tiene una larga data. Sin embargo, uno de los aspectos más discutidos es el de la ayuda internacional. Pocos países del mundo reciben tanta ayuda como Haití. Y ello podría haber generado más corrupción.
“Los fracasos de Haití no han ocurrido en un vacío; han recibido la ayuda de la comunidad internacional, que ha inyectado 13.000 millones de dólares para ayudar a la recuperación del país en la última década. Sin embargo, en vez de la construcción nacional que supuestamente se lograría con el dinero recibido, en años recientes las instituciones de Haití se han vuelto cada vez más vacías”, escribió Maria Abi-Habib en el New York Times.
Desde luego, esa cantidad de dinero, junto con el trabajo de organismos internacionales e iglesias, particularmente la Iglesia católica, han ayudado a que Haití pueda superar las situaciones de emergencia (como la que ahora enfrenta), pero no ha logrado impactar en la calidad de vida ni a generar un Estado capaz de atender, institucionalmente, las necesidades del sesenta por ciento de la población haitiana que vive en pobreza.
Entrevistada por el diario Süddeutsche Zeitung, de Múnich, la directora regional para América Latina y el Caribe de la Orden de Malta, Jelena Kaifenheim, dejó en claro algo más (que no suele decirse muy a menudo): que, históricamente, “Haití siempre fue un campo de juego político de otras potencias y pudo tomar muy pocas decisiones en forma autónoma. Haití no se ha destruido a sí mismo”.
Organizaciones no gubernamentales que están trasladando ayuda a la región más afectada por el último terremoto han denunciado el control que tienen sobre la carretera que une Puerto Príncipe, la capital, con la ciudad de Los Cayos. Esther Belliger, coordinadora regional de la organización humanitaria suiza Helvetas, dijo que llegar al lugar más afectado solo es posible si las bandas criminales dan “luz verde”.
Bellinger calificó la situación como “dramática y caótica” en una entrevista publicada por el Nueue Zürcher Zeitung, de Zúrich. Pero que exista este control por bandas criminales, no le sorprende: “Las autoridades haitianas no están en condiciones de reaccionar a semejantes situaciones, a pesar de que siempre se producen catástrofes naturales' (…) Siempre se ven afectados los más pobres. Una y otra vez”, sentenció.
Lo cierto es que grupos paramilitares o “gangs” se han apoderado del tráfico de ayuda humanitaria entre la capital y la zona más afectada por el temblor del sábado pasado. La agencia EFE ha mostrado cómo durante el reparto de comida del Programa Mundial de Alimentos, en la comunidad Camp Perrin (en el distrito de Los Cayos) la policía tuvo que intervenir para que no se desatara el caos.
Pero no solamente son los convoyes de comida o de artículos de primera necesidad los que están siendo “controlados” por los paramilitares; también ha habido ya denuncias de médicos y personal humanitario extranjero en el sentido de que están siendo amenazados y que ya han secuestrado a dos trabajadores sanitarios, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Mientras sigue la operación criminal de obstruir la ayuda del exterior, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, aproximadamente, unas 500 000 personas (el cuarenta por ciento de la población total de los departamentos afectados en el sudoeste del país antillano) necesitan ayuda humanitaria de emergencia.
