El sabor agridulce de las constituyentes en América Latina

Los procesos constituyentes, como toda herramienta de cambio político y social, pueden ser muy útiles y también muy decepcionantes. Pueden ser un obturador para la sociedad civil la sociedad civil o un subterfugio para dificultar la alternacia democrática. Muchos gobernantes se han valido de ese recurso para introducir cambios en las constituciones que les permitieron extender su permanencia en el poder o efectuar giros legales que legitimaran decisiones a todas luces contrarias al espíritu legislativo. Desgraciadamente, eso ha sido una constante.

Sin ir muy lejos, en Venezuela el fallecido presidente Hugo Chávez, apenas llegó al poder, anunció una constituyente la cual se realizó  sancionando en 1999 una Constitución que bate récords en violaciones por aquellos mismos que la promovieron y juraron. Ello ha contribuido al descrédito, de alcance continental, para  esta opción soberana. 

Los vecinos han visto como un proceso semejante sirvió para encumbrar gente impreparada que llegó a la condición de constituyente por su lealtad ciega al proyecto político de quienes gobernaban. Los conflictos no se hicieron esperar y la  apropiación de los poderes públicos con la consiguiente puesta al servicio del Ejecutivo, unido al desconocimiento de instituciones, gremios y sindicatos al crearles estructuras paralelas, entre otras arbitrariedades, ha puesto en guardia a otros pueblos que se cuestionan si se trata de un instrumento válido en medio de un panorama de ánimos caldeados que no ofrecen el ambiente sereno como para repensar un país y tomar decisiones sobre sus mecanismos institucionales.

No obstante, las presiones han obligado al presidente chileno, Sebastián Piñera, a facilitar una constituyente que unos celebran y otros ven con escepticismo cuando no con resquemor, pronosticando  toda clase de males derivados de lo que califican como una imperdonable debilidad del gobierno del presidente. 

“Chile tenía la constitución que dejó Pinochet –nos dice un analista chileno, profesor universitario- lo que presentaba motivos de tensión. Luego de aquel proceso traumático, el país siempre ha mostrado trazas de estar profundamente dividido, tanto política como anímicamente. Decidieron convocar un proceso constituyente que ha levantado un debate interesante sobre el presente y futuro de la sociedad chilena”.

Como ello siguió a mucha violencia que sectores radicales supieron aprovechar para sus intereses, la decisión se percibió como contaminada por esa circunstancia.

En Perú, el recién electo presidente Castillo ha planteado reiteradamente una constituyente, a lo cual se opone rotundamente la líder del Congreso. Es asunto que anuncia choques de poderes si la pretensión se mantiene.  Nada nuevo, empero, bajo el sol ya que el estira y encoge entre parlamento y presidencia ha sido una constante en Perú.

México presentó hace poco la nueva constitución con este encabezado:

“La Nueva Constitución Mexicana 2021, en el contexto del Siglo XXI, retoma el espíritu social de la Constitución de 1917 y recoge el legado de las culturas originarias y de las luchas sociales de nuestra historia. Como síntesis del pensamiento nacional, latinomericano y universal, plantea un nuevo diseño político, económico, cultural, educativo, ecológico y jurídico para una vida satisfactoria de todos los mexicanos, de las familias y de las comunidades. Garantiza la soberanía nacional y la independencia del país, con una democracia real en la que el pueblo toma las riendas de su destino, y no una oligarquía”. Asoma el sesgo ideológico.

Ciertamente, en ocasiones puede resultar una válvula de escape. Pero si no se tiene claro hacia donde escapan las pasiones, las consecuencias pueden ser peores que el remedio pretendido.

Un estudio publicado en la Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla sobre los Procesos Constituyentes Latinoamericanos, firmado por Roberto Viciano y Rubén Martínez, comenzó ubicando el problema en la historia:  

“Hasta hace dos décadas, si algo ha caracterizado tradicionalmente al constitucionalismo latinoamericano no ha sido su capacidad social integradora, su fuerza normativa ni su amplia legitimidad democrática. Más bien todo lo contrario. Si algo demuestra la historia constitucional latinoamericana es el fallo del constitucionalismo en momentos en que o bien no era aplicable en territorios colonizados —la época del constitucionalismo revolucionario de finales del siglo XVIII y principios del XIX—, o bien se aferraba a las tesis nominalistas de ese periodo oscuro de la historia constitucional que, teniendo su origen en las tesis positivistas del siglo xix, no fue capaz de avanzar hacia lo que en otras latitudes configuró el Estado democrático y, más tarde, el Estado social de derecho.

El constitucionalismo latinoamericano, salvo honrosas excepciones —y justamente este carácter excepcional apoya la validez general de la tesis—, ha sido de utilidad hasta hace poco tiempo, más para la historia de constituciones nominales que para el análisis de verdaderos procesos de transformación social”.

Y si bien es cierto que, de un tiempo a  esta parte (años 80), las cosas han cambiado notoriamente también lo es el que no necesariamente esos procesos constituyentes que proliferaron en el continente han sido fuertes y eficaces en sus propósitos. Y lo explican en esa bien fundamentada investigación que pone las cosas en su lugar en relación a lo ocurrido durante las últimas décadas:

“Los procesos de democratización fueron impulsados, en algunos lugares, por las propias fuerzas del sistema —en determinados casos incluso las autoritarias—; en otros, llanamente, por la activación directa del poder constituyente por el pueblo. Cuestión diferente ha sido la aprehensión de las tesis constituyentes por el poder constituido, lo que ha incidido en el final poco cohesionado de los procesos constituyentes más débiles”.

Así las cosas,  en un contexto a veces autoritario pero siempre marcadamente presidencialista como es el caso nuestros países,  diluidas las posibilidades del  voto transparente y con una carencia dramática de liderazgos que conecten con la agenda de sus pueblos, la constituyente aparece como una manera de conectar con el pueblo. También de ofrecer vías de expresión a su inconformidad y de reagrupar las fuerzas de la sociedad civil. Todo a fin de encontrar cauces para la reinvención del país y recuperar la credibilidad en los valores democráticos con un elenco dirigencial que los encarne y los proclame.

El coordinador del movimiento Alianza Nacional Constituyente, Enrique Comenares Finol, exministro y, como andino de tradición, un católico de corazón y convicción, se encuentra en una cruzada por hallar una salida que integre al país y canalice el deseo de cambio de las grandes mayorías en Venezuela. Ha puesto su bien ganada reputación de honestidad en un proyecto que, lejos de dividir, unifique al país en la consecución de acciones constitucionales, legales y pacíficas para remontar la crisis, evitando los brotes de violencia que podrían volver a ocurrir al no visualizarse una luz al final del túnel.

El grupo que representa ha pedido explícitamente que se ponga sobre la mesa ante la cual están hoy sentados gobierno y oposición, la propuesta de realizar una Constituyente en Venezuela para “refundar la nación”, una nación que se encuentra enfrentada, deshilachada en su tejido social y destruida en su economía. 

La familia venezolana sufre y eso llevó a la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana a plantear, en su último mensaje al país, una refundación de la república.

Aunque esta propuesta eclesial llevaba un sentido más profundo de conversión y compromiso personal y social de los católicos, ha reforzado el criterio de quienes opinan que este estado de cosas profundiza el sufrimiento del pueblo y que se debe hacer algo que transforme toda esta complejidad en un país vivible. Ello sólo es posible a través de la refundación del país, lo cual está perfectamente establecido en la Constitución vigente. Una alternativa de cambio que acepta la participación de todos los venezolanos pues se apela al soberano, que es el pueblo.

La sociedad civil se activa alrededor de propuestas como ésta que le permiten una expresión más contundente y una participación real, no condicionada por poderes del Estado genuflexos al Ejecutivo y posibilita un cambio total de gobierno y de políticas que abran el camino a la recuperación del país la cual, según los economistas más vinculados a la realidad venezolana, requerirá de 20 años para ver resultados. Cuanto antes se aborde un proceso orientado a detener el deterioro y encamine a Venezuela, devolviéndola a los venezolanos, se acortará la brecha entre el desastre y la restauración de condiciones dignas para la marcha del país.

Comenares Finol lo tiene claro: un proceso constituyente significa que todos constituimos, entre todos hacemos un pacto social. Aleteia lo consultó al respecto y piensa que Venezuela está en lo que se llama el momento constituyente. “Cuando ninguna solución funciona –explica- buscamos sentarnos todos para discutir un nuevo proyecto de país”. La calamidad no puede ser peor, 6 millones de venezolanos están fuera además de todos los problemas que componen la mega crisis que atraviesa el país. “La única manera de resolver es que nos sentemos todos en paz, gobierno incluido, para pensar y discutir lo que hay que hacer. ¿Por qué no podríamos hacerlo? Es imperativo”.

En Venezuela la reelección  permanente, la ausencia de doble vuelta electoral y una serie de factores que introducen la fricción. “La constituyente que convocó Chávez –dice Colmenares- la hicieron con otros objetivos. Se hizo con fines de control, de imponer unas bases comiciales que siempre los benefician y no de reconstruir al país y  plantear un nuevo contrato social. Esto ya es inaguantable y tenemos esa herramienta para reconstruir el país en paz”. 

Sostiene que descentralizar el país es clave para hacer funcionar, por ejemplo, los servicios.

“Que la capital del país no tenga agua y sufra constantes cortes de luz, es inaceptable. Caracas, con 5 millones de habitantes tiene 5 municipios. Eso no tiene sentido cuando en el mundo lo que crece es la municipalización”.

La constituyente no figuraba en la anterior constitución. La de 1999 consagra que el pueblo es el poder originario y por tanto puede convocar una constituyente con un 15% de firmas.

“Queremos que esta posibilidad se considere de manera determinante en las conversaciones entre el régimen y la oposición en México”. Los factores políticos, en general, han visto bien la idea. Pero con elecciones regionales andando, el foco de los partidos está allí, aún no siendo eventos excluyentes. “Venezuela está al borde de una guerra. Este es el momento de hacer algo por un cambio radical que enderece las cosas en este país. La Iglesia ha planteado la refundación de la nación desde un punto de vista moral, de compromiso ético. Ello tiene una vía de concreción política que es la constituyente donde cabemos todos”, concluye diciendo Comenares Finol.

Monseñor Ovidio Pérez Morales, reconocido pastor y una de las mentes mejor amobladas que tiene la Iglesia venezolana, sostiene:

“Pienso que la refundación planteada por el Episcopado -deliberadamente general como “imperativo moral” a ser concretado políticamente, so pena de nominalismo- pudiera comenzar de modo efectivo por algo que, surgido desde la sociedad civil, va cobrando cuerpo como medio factible, serio, próximo: una Asamblea Constituyente”. 

Y dibujó la línea argumental que conduce su tesis de respaldo a esta propuesta:

“Refundación, reconstrucción, aunque de distinto nivel semántico, son términos de sustancial significado. Tocan lo básico y causal de un proyecto, institución o estructura. No se refieren a elementos accesorios, secundarios, consecuenciales. Van a la raíz, al fundamento  del asunto; no se quedan en las ramas. Un ejemplo concreto de lo contrario lo tenemos en las elecciones programadas para gobernadores y alcaldes en el próximo noviembre, las cuales son, en nuestra actual coyuntura, más una expresión vacía de una ritualidad institucional, pues no encaran la causa principal de la tragedia nacional ni constituyen un paso directo decisivo hacia la solución de la gravísima crisis”.

Y remató con el mensaje central del cristianismo:

“El mensaje cristiano es claro al presentar el amor como el mandamiento máximo, centro y eje del comportamiento humano. San Pablo en su Carta a los Romanos precisa: “Con nadie tengan otra deuda que la del mutuo amor. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley” (13, 8) ) (…) A propósito del reciente llamado de los obispos a refundar nuestro país ante la magnitud y hondura del actual desastre, es oportuno subrayar que una refundación política ha de acompañarse de una ético-cultural: reconocernos prójimos, hermanos, en una misma comunidad nacional. No a pesar de nuestras diferencias, sino precisamente por ellas. La prédica ideológica fundamentalista nos ha dividido en extremo (…) La refundación exige un reencuentro nacional. Hemos de cambiar régimen e ideas, pero antes, durante y después tenemos que cambiar nosotros”.

Un eminente jurista, como lo es Román Duque Corredor, ex magistrado y de reconocida trayectoria pública, analiza el momento actual en Venezuela. Él señala el punto clave:

“Lo importante es saber qué se pretende con un proceso constituyente, si se trata de restituir la institucionalidad quebrantada por el desconocimiento de la Constitución vigente, dentro de una mentalidad plural y de refuerzo de los valores democráticos y constitucionales, pudiera lograrse”. 

Con esto introdujo la idea de que Venezuela podría estar  en un momento constituyente.  Aún así, para ser más preciso, puntualizó:

“Si lo que se pretende es una renovación de los poderes del Estado, por considerar que el cambio político no debe limitarse a la sustitución de unos funcionarios por otros, o de una mera alternatividad en  determinado poder público, sino de una manera de gobernar, es evidente que estamos en un momento constituyente. Todo depende, en primer lugar, de si el pueblo tiene conciencia de la necesidad de ese proceso pues es el pueblo el titular del poder constituyente, no son los factores políticos”.

La refundación exige, obviamente, renovar y cambiar estructuras. Después de todo, el soberano, según la constitución vigente, puede y debe actuar novedades indispensables para la reconstrucción de la República democrática y una reorientación humanista del Estado.