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Estamos cerca, muy cerca de que acabe el eterno litigio existente entre la Iglesia y el Estado sobre el tema de las inmatriculaciones en España. Un tema polémico que cada cierto tiempo, a cuenta de las negociaciones Iglesia-Estado, vuelve a resurgir. Podrán darse conflictos entre particulares y la Iglesia; incluso se podrán abrir reclamaciones judiciales, pero en esta cuestión Gobierno e Iglesia parecen estar de acuerdo en lo fundamental.
Ahora la polémica es el relato: ¿La Iglesia devuelve bienes mal inmatriculados, como dicen algunos medios de comunicación afines al gobierno? ¿O es la Iglesia la que informa al gobierno de que esos bienes no son suyos, como se destaca desde la conferencia episcopal?
Así lo "vendieron" algunos medios de comunicación:
Y así respondían desde la Conferencia Episcopal Española:
Más allá del relato, vayamos al origen de esta polémica.
¿Qué es inmatricular?
Se trata de inscribir por primera vez un bien en el Registro de la Propiedad. Para que ello se realice es necesario acreditar el título de propiedad, realizar un expediente de dominio, o se puede realizar mediante certificación.
¿Por qué podía la Iglesia matricular los bienes?
La Iglesia en España, debido a la desamortización de Mendizábal que dejó a la Iglesia sin título de propiedad de muchos de sus bienes, pudo inscribir “los bienes inmuebles que les pertenecían” desde el comienzo del Registro de la Propiedad (1863) hasta el año 2015 cuando se produce la reforma de la Ley Hipotecaria.
Sin embargo, uno de los decretos impedía a la Iglesia poder inmatricular los templos (iglesias y ermitas) pues la propiedad era evidente y esos templos no podían ser objeto de comercio.
A partir del año 1998 se permite esta inscripción y hasta el año 2015 se produce una oleada de inmatriculaciones.
No se trataba de que la Iglesia se apropiara de lugares que no eran suyos, sino que querían dar legitimidad a propiedades que eran de la Iglesia desde tiempo inmemorial. Un ejemplo, que siempre creó polémica: ¿De quién es la Mezquita-Catedral de Córdoba?
¿Cuál es la polémica?
Diversos grupos políticos y sociales pusieron el grito en el cielo ante la posibilidad de que la Iglesia pudiera inmatricular bienes (llevaba en vigor desde 1863) y pidieron que se revertiera este sistema.
Hubo algunos sectores que consideraron que la Iglesia se estaba “apropiando” de terrenos que no eran suyos (fincas anexas a la parroquia, tierras de cultivo o terrenos contiguos a ermitas).
En algún caso se dieron fuertes polémicas en pueblos donde la ciudadanía creía que el registrar la Iglesia, el terreno o la casa parroquial podría hacer que el pueblo perdiera la oportunidad de disfrutarla.
Y en determinadas ocasiones, por qué no decirlo, se dieron errores de inmatriculación debido a la dificultad de delimitar lindes, campos vecinales o las prisas, que hicieron que desde 1998 a 2015 se multiplicaran las inmatriculaciones.
¿Son legales las inmatriculaciones?
No hay duda de la legalidad de las inmatriculaciones. El mismo gobierno de España lo reconoció y mediante un Consejo de Ministros remitió al Congreso de los Diputados el informe en el que se desglosan los 34.961 bienes: 20.014 referidos a templos o dependencias complementarias y 14.947 a terrenos, solares o viviendas, inmatriculados.
¿Por qué entonces vuelve a la actualidad este polémico tema?
Tras hacerse público este listado de inmatriculaciones, la Conferencia Episcopal Española ha estudiado, remitiendo la información a cada una de las diócesis, los bienes de la lista.
No hay duda de la legalidad de las inmatriculaciones en cuanto al procedimiento, pero había que ir viendo uno a uno los bienes para ver si estos realmente pertenecen a la Iglesia. Este listado tiene errores y la misma Iglesia es la que lo reconoce.
De los casi 35.000 bienes inmatricucados, reconoce, tras depurar toda la información, que estarían bien inscritos 32.401.
De entre estos más de 2.000 errores, cerca de 1.000 se habrían adjudicado erróneamente a la Iglesia y el resto se debería defectos de forma, tales como estar duplicados, ser propiedad por donaciones, compraventas,... y otros no deberían estar en la lista por haber sido inmatriculados antes de 1998.
¿Estamos en el fin?
Sea como fuere, la polémica de las inmatriculaciones de la Iglesia con respecto al Estado llega a su fin.
El gobierno ya hace tiempo que reconoció que se habían realizado conforme a derecho y sólo quedaba ir una por una viendo los posibles errores de propiedad.
Ahora se han hecho públicos. Cerca de 1.000 errores sobre 35.000. Cualquiera que se vea perjudicado podrá reclamar en los tribunales.
¿Imponer un relato?
El problema esta vez viene, como viene siendo habitual, por la interpretación de la información y los datos.
Algunos creen que se trata de la devolución de unos bienes de los que se habrían apropiado y otros explican que precisamente se trata de colaborar para subsanar los posibles errores y abrir las puertas de posibles reclamaciones judiciales.
Pero esto ya son otros temas e interpretaciones que van más allá de los hechos. Como siempre… la cuestión relato.
