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Ante esta iniciativa, los obispos de la Iglesia Católica en Costa Rica se pronunciaron, mediante un comunicado, por analizar las posibles consecuencias negativas –que no los fines-- que se persiguen en esta nueva Ley,
De hecho los obispos calificaron los fines del proyecto de Ley --favorecer la salud de la población así como promover el desarrollo económico y social y el adecuado reparto de la riqueza en las zonas rurales-- como “altamente positivos”.
Sin embargo, los prelados advirtieron que el texto de la Ley aprobada en la Asamblea Legislativa, contiene “disposiciones que entrañan riesgos para la salud y la seguridad públicas, así como algunas incongruencias que conviene resolver”.
Incongruencias y riesgos
Los obispos señalaron que en el cultivo, la producción, la industrialización, la comercialización de cáñamo y del cannabis psicoactivo, no existen garantías de que puedan contribuir a promover el reparto de la riqueza en las zonas rurales.
En la iniciativa no se contemplan medidas que garanticen que los pequeños productores puedan obtener suficientes beneficios para migrar de sus actuales cultivos al de estas plantas.
Y más aún, afirmaron en su comunicado que liberar sin vigilancia estas acciones en el campo costarricense “puede convertirse en la actividad de grandes productores, incluidas empresas transnacionales”.
“Dada la gran similitud entre las plantas de cáñamo y de cannabis psicoactivo, la vastedad de los terrenos dedicados al cultivo del cáñamo hará sumamente difícil el control de las plantaciones ilícitas y resultaría “altamente probable” que suceda esto en Costa Rica.
Basando sus dichos en experiencias de otros países, los obispos afirmaron que el cultivo descontrolado de cannabis psicoactiva, “ocasionaría un grave daño a la salud pública, sobre todo a la población adolescente”.
“Nos parece que este aspecto obliga a una revisión a fondo de las disposiciones propuestas en el proyecto de ley al respecto”, agregan en su comunicado y pidieron al Presidente y al Legislativo, “una verdadera reflexión que permita sopesar beneficios y perjuicios de este proyecto de Ley”.
El veto parcial del Presidente Alvarado
Pocos días después de conocerse el comunicado de los obispos costarricenses, el presidente de este país, Carlos Alvarado, vetó parcialmente la Ley de Cannabis Medicinal y dijo que no la firmaría hasta que no se apliquen cambios al texto.
Alvarado vetó tres artículos de la iniciativa de Ley que permitían el "autocultivo y el autoconsumo" de las personas, y aseguró que el Ejecutivo presentará un texto complementario para fortalecer las capacidades institucionales de fiscalización.
El mandatario está decidido a apoyar la Ley pero quiere que se cambie el artículo que permite el "autocultivo y el autoconsumo" del cannabis por parte de personas diagnosticadas con dolor crónico.
A juicio de Alvarado –en consonancia con las advertencias que hacían los obispos en su comunicado-- esto podría “abrir la puerta a sobredosis y al cultivo para fines ilícitos”, ante lo que las autoridades no tendrían capacidad de fiscalización.
¿Habrá hecho caso Alvarado a las advertencias de los obispos? De ser así, se trataría de un “garbanzo de a libra” en América Latina donde los mandatarios suelen no escuchar lo que dice la Iglesia por considerarla "anacrónica".
