Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haga una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el suyo.
La información ha provocado polémica en algunos y escándalo en otros sectores de la opinión pública (y publicada) de México: se trata del pacto que sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica han hecho con los narcotraficantes para lograr bajar la violencia desatada en el Estado mexicano de Guerrero, al suroeste del territorio mexicano.
La noticia ha sido juzgada mal y pronto. Conviene, pues, aclarar algunos puntos que permitan profundizar en la delicada cuestión y dejar a un lado prejuicios y condenas. Por ello, hemos entrevistado a la profesora e investigadora de la facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac de México, María Elizabeth de los Ríos, quien aseguró que en este tema "la Iglesia católica ha actuado en nombre de muchos" y pidió que "ojalá sirva de ejemplo para otros que solo actúan en nombre de sí mismos”.
Aleteia: ¿Hay una doctrina sólida dentro de la Iglesia católica para poder enjuiciar este tipo de pactos?
María Elizabeth de los Ríos: Desde luego, es la doctrina propuesta por santo Tomás de Aquino en su obra Summa contra los gentiles pero retomada ya desde Aristóteles en donde, ante determinadas circunstancias en las que es preciso actuar y no siendo posible conseguir una acción totalmente benéfica, se deberá tolerar otra con tal de conseguir un bien mayor.
¿La palabra clave sería tolerar, no es así?
Así, es. Tolerar no quiere decir realizar o ejecutar. Esto es importante pues, desde la Doctrina Social de la Iglesia no es justificable, en ninguna circunstancia, hacer un mal para buscar un bien. Tal sería el caso, por ejemplo, de alguien que, queriendo remediar la pobreza, roba pertenencias privadas para dárselas a los que nada tienen.
¿Cuál es la obligación de la Iglesia en contextos como el del Estado mexicano de Guerrero –tan parecido a otros lugares de México y de América Latina—prácticamente "secuestrados" por las bandas criminales?
Hay que recordar que la Iglesia Católica siempre está obligada a participar en la búsqueda del bien común y promover la paz. Por ello, necesariamente, tiene que buscar caminos de conciliación y de justicia, dado que tampoco se cuenta con la acción de un poder político y de una autoridad civil que pueda resolver la situación de terror generalizado en las comunidades.
Desde luego, son vías parciales y temporales, ¿no es así?
Lo son, lógicamente. Son vías parciales y temporales encaminadas hacia una pacificación progresiva para, eventualmente, conseguir la paz. La pacificación es necesaria para la paz. Es por ello por lo que, un camino para la primera fue tolerar un pacto con los cárteles del narcotráfico en Guerrero y comenzar a frenar sus actos destructivos que sufren personas inocentes.
¿Pero, desde el punto de vista moral, este pacto está bien?
Esta acción no significa que el pacto esté bien desde el punto de vista moral y menos aún, que sea lo que haya que hacer siempre y en todos los casos, pues aquí, como en muchas circunstancias, la Doctrina Social, mediante el principio de subsidiariedad, invita a discernir los casos y/o las situaciones en lo particular sin afán de proclamar como leyes universales lo que de ese discernimiento se desprenda.
Así, en el contexto de Chilpancingo (la capital del Estado de Guerrero) tolerar un pacto con narcotraficantes resultó ser el mal menor para comenzar a buscar un bien mayor y lo fue debido a dos circunstancias específicas: la violencia era ya extrema en la región y, segundo, se pidió ayuda del Estado y ésta nunca llegó.
La valentía de la Iglesia Católica y su compromiso inquebrantable con el bien y el orden social la llevó a buscar mejores condiciones, aunque eso implicara tolerar una acción que, en circunstancias distintas -un Estado fuerte que impusiera la ley y desarticulara las redes de criminales- no hubiera sido considerado como consentido ni tolerado.
Hay quienes dicen que esta no es tarea de la Iglesia católica…
… esta acción debe entenderse como de carácter temporal y paliativo. No es, ni remotamente, algo definitivo porque esto implicaría la desactivación de las redes de narcotraficantes que operan en el Estado y, sobre todo, la atención de las causas profundas de la violencia que ejercen, pero eso no es tarea primaria de la Iglesia Católica, lo es, más bien, de la autoridad política emanada del Estado fuerte y legitimado por la sociedad civil, debidamente articulado para poder hacer valer la ley y con el firme propósito de brindar seguridad a los ciudadanos.
¿Qué pasa con los sacerdotes y los obispos al poner en evidencia la fractura del Estado de Derecho?
Yo creo que se trata de un gran logro que, lejos de ser criticado, debe ser reconocido para que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde y no le deje a instituciones a las que no les es natural la difícil y peligrosa tarea de apaciguar la violencia que inunda al país entero y, también, para que la sociedad civil apoye las iniciativas que exigen a las autoridades cumplir su función y asumir su papel en la reconstrucción social y en la promoción de la paz.
Es tarea de todos buscar vías que nos permitan vivir seguros y en paz. Hoy la Iglesia católica ha actuado en nombre de muchos, ojalá que sirva de ejemplo para otros que solo actúan en nombre de sí mismos.
