En la recta final de las elecciones generales en México (domingo 2 de junio) en lo último que puede confiar el ciudadano medio de este país es en las encuestas y en los dichos de los contendientes. Cada quien, según su inclinación política, usa encuestas y proclamas para desmentir lo que dijo el contrario.
Lo cierto es que se trata de unas elecciones generales que centran su atención en lo que los críticos llaman “dos sopas”: continuidad de un régimen que ha intentado desaparecer las instituciones y ponerlas a modo del presidencialismo exagerado que por 70 años sufrió México en el siglo XX; o consolidación de la democracia que alcanzó el país en este siglo XXI.
La disección no es fácil. Si bien el foco se dirige a la presidencia de la república, hay que considerar que se trata de las elecciones más grandes que se han llevado a cabo en México con un total de 20,009 cargos: de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) además de la presidencia, se renovará el Congreso de la Unión, ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, además de renovarse los Congresos locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías.
Una jornada electoral marcada por la violencia
Durante el proceso previo a las elecciones –en las cuales podrán votar 95 millones de mexicanos—el ambiente de violencia se ha cernido sobre candidatos y partidarios de todas las formaciones políticas. Al momento de redactar esta nota al menos 36 personas que aspiraban a un cargo han sido asesinadas desde el pasado mes de junio de 2023, cuando inició el proceso electoral en el país.
Seguramente, el factor clave que incline la balanza por la presidencia y el Congreso de la Unión, así como gubernaturas y presidencias municipales será la violencia y la inseguridad que asola buena parte del territorio mexicano. Aproximadamente 186 mil homicidios dolosos han sucedido en lo que va de la presente administración, a los que se suman 50 mil personas “desaparecidas”. Especialistas consideran que el 35 por ciento del territorio nacional está en manos del crimen organizado.
Como lo expresa el escritor Jorge Volpi en un reciente artículo suyo publicado en el periódico español El País: “Para que estas elecciones sean un parteaguas, gane quien gane, las dos candidatas (Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum) deberían abrir juntas una auténtica discusión sobre cómo salvar a México de la barbarie”.
Y en el mismo periódico, Salvador Camarena remata: “Para unos, el único voto correcto es apoyar a un movimiento que busca galvanizarse para hacerse irreversible; para los otros, ese intento es el mayor de los peligros democráticos en décadas”.
Se puede decir, con certeza, que “la moneda está en el aire”, sobre todo por el novedoso papel activo que ha tomado la sociedad civil a través no solo de redes sociales, sino en repetidas marchas multitudinarias para expresar su descontento por el ataque oficialista a las instituciones autónomas, en especial al INE y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este nuevo componente deberá ser considerado por los historiadores como un hito en la vida política de México. Los ciudadanos, acostumbrados a “saber quién era el que seguía" en la silla presidencial, dejaron de actuar y consideraron que no tenían ningún rol que desempeñar en las decisiones de los partidos políticos. Pero ahora han despertado y pueden dar un vuelco espectacular a las elecciones del 2 de junio.
De cualquier forma, es una fuerza que irá cobrando peso con el tiempo. Una fuerza a la que la Iglesia católica ha reconocido e, incluso, se ha aliado con ella para exigir elecciones limpias, ordenadas, transparentes y, algo muy importante en un país en el que a menudo triunfaba el abstencionismo: participativas. Sabe muy bien que el voto es la única defensa que tiene el ciudadano ante los abusos del poder.
Por ello, los obispos mexicanos han querido componer una “Oración por las elecciones” en la que destacan: “Que cada voto refleje nuestro compromiso con la verdad y el amor” para que “podamos caminar juntos en la paz, la verdad y la justicia”.