Una circular de los obispos locales explica quién en cómo puede hacerlo
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Algo debe haber hecho José Gabriel del Rosario Brochero, o por lo menos lo habrá mirado con simpatía. En efecto, algunos recuerdan que precisamente cuando volvió de Roma la delegación argentina que había participado en la canonización del Cura Gaucho en octubre de 2016, se dieron a conocer las disposiciones del Papa Francisco, acompañadas por las correspondientes instrucciones a la Secretaría de Estado, para que se completara “el proceso de organización y digitalización del material de archivo del período de la dictadura militar (1976-1983), conservado en los archivos del Episcopado Argentino, de la Secretaría de Estado de la Santa Sede y de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires”, y “de acuerdo con un protocolo que se establecerá próximamente” esos archivos fueran puestos a disposición “de las víctimas y familiares directos de los desaparecidos y detenidos y, en el caso de religiosos o eclesiásticos, también sus superiores mayores”.
Requirió menos de un año ponerlo a punto, y muy pronto se podrá saber qué contiene. Días atrás, en efecto, llegó también el protocolo de consulta que se redactó – como informa la Conferencia Episcopal Argentina – “teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz”. Adjunto al comunicado oficial, los prelados presentaron también un modelo de carta ya impreso que los interesados deben completar y presentar para solicitar la consulta.
Los requisitos no son muchos: datos personales de quien solicita el acceso al archivo, domicilio y grado de parentesco que tiene con la persona sobre la que busca información, el compromiso de asumir la responsabilidad sobre el uso que pudiera darse al material obtenido y, si fuera publicado, a mencionar la fuente de proveniencia del mismo, proporcionando al archivo de la Conferencia Episcopal una copia del medio donde eventualmente fuera publicado.
Todo esto se debe enviar por correo o entregar en mano en la sede central de la Conferencia Episcopal argentina de Buenos Aires, Suipacha 1032, en el horario de oficina consignado (9 a 17 hs.). A continuación sigue el texto del protocolo de consulta, de poco más de una página, organizado en seis puntos.
El primero especifica quién puede solicitar información sobre una persona: las víctimas, los familiares de los desaparecidos o detenidos, y en el caso de que se trate de eclesiásticos o religiosos, los respectivos obispos o superiores mayores.
El segundo punto limita la búsqueda al material donde se menciona a la persona sobre la que se requiere información.
El tercer punto indica la instancia a la cual se presenta la solicitud de búsqueda, el Secretario General de la Conferencia episcopal argentina, que en este mandato es el obispo Carlos Humberto Malfa, titular de la Diócesis de Chascomús, al sur de la provincia de Buenos Aires, quien como lema episcopal ha elegido un oportuno “Alegría y paz”.
El punto cuatro aclara que si la solicitud de información fuera rechazada parcial o totalmente, la Conferencia Episcopal debe entregar una notificación escrita y el solicitante, habiendo tomado conocimiento de las motivaciones, puede presentarla por segunda vez.
El quinto y sexto punto aclara que si en los archivos se encontrara información sobre el caso, la misma será transmitida al solicitante, y si allí se mencionaran los nombres de otras personas, estos “serán oportunamente oscurecidos en respeto a la confidencialidad de los datos privados”.
El séptimo y último punto está reservado a las autoridades judiciales – jueces, abogados, magistrados, policía judicial – quienes, si quieren obtener informaciones reservadas en los archivos de la Santa Sede o de la Nunciatura apostólica de Buenos Aires, deben presentar una rogatoria internacional a través de los habituales canales diplomáticos.
Nada se anticipa sobre el material clasificado y que a partir de este momento se encuentra disponible.
Por lo que respecta a la Nunciatura apostólica, se sabe que el tipo de documentos que normalmente produce consiste en informes periódicos de la Nunciatura a la Santa Sede (con documentación adjunta, especialmente sobre las intervenciones de la representación diplomática vaticana ante las autoridades locales); en la correspondencia entre el Vaticano y el Nuncio sobre cuestiones relativas a asuntos humanitarios y asistenciales (denuncias, solicitudes de ayuda, informaciones de amigos y parientes en busca de noticias sobre allegados desaparecidos, torturados o muertos, y testimonios).
También, en recolección de información neutra, es decir, información no atribuible a la Nunciatura porque se consiguió a través de los canales diplomáticos normales (conversaciones privadas con otros diplomáticos, políticos, hombres de gobierno, Episcopados locales).
Menos previsible es el material que se encuentra en el Archivo de la Conferencia episcopal, aunque se sabe que en aquellos años los familiares de las víctimas recurrían a las parroquias con la esperanza de averiguar qué había ocurrido con las personas desparecidas. Es probable que algunos párrocos o sacerdotes hayan informado a su vez a su obispo o transmitido copias de las cartas.
Por Alver Metalli. Artículo originalmente publicado por Tierras de América
