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Aquel día y en días posteriores, miles de cubanos, muchos de ellos jóvenes que hicieron de la canción “Patria y Vida” una especie de himno de resistencia, salieron a las calles, desde Pinar del Río hasta el malecón de La Habana, para exigir libertad de expresión y el fin de la escasez de alimentos, medicinas y un largo etcétera.
La respuesta del gobierno que encabeza Miguel Díaz-Canel fue contundente. Imágenes que rápidamente se hicieron virales por las redes sociales, dieron la vuelta al mundo. Sin embargo, no es sino hasta el informe de HRW que se puede hacer un balance de lo sucedido tras el 11-J. Y no es positivo.
“Brutal estrategia de represión”
El documento de HRW divulgado el martes 19 de octubre califica la respuesta del régimen cubano con una sola fórmula: “brutal estrategia de represión” en contra de los manifestantes que lo hicieron (mayoritariamente) en forma pacífica, según mostraron las imágenes y videos captados el 11-J.
La estrategia usada, señala el organismo, tuvo como objetivo principal “infundir miedo” a quienes desearan seguir manifestándose tras la respuesta popular al llamado del 11-J y devolverlos a sus casas disuadiendo a la gente de cualquier reivindicación callejera.
El resultado fue de al menos,130 detenciones arbitrarias, maltratos y juicios falsos. Juan Pappier, investigador de HRW, lamentó que muchos manifestantes hayan sido “detenidos, incomunicados, sometidos a abusos en condiciones carcelarias nefastas, y juzgados en procesos que son una verdadera farsa".
Estudio a fondo
El informe de HRW, en opinión de José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo, se basó en documentos judiciales y en más de 150 entrevistas con víctimas y familiares, activistas y periodistas realizadas entre julio y octubre de este año.
De tal suerte que los 130 casos de violaciones de derechos humanos que documenta HRW están relacionados con detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales abusivos a cargo de la seguridad del Estado, las fuerzas militares, la policía nacional y las "boinas negras".
También pone de relieve las golpizas propinadas a manifestantes por parte de las llamadas "brigadas de respuesta rápida" (grupos de civiles organizados por el gobierno”, así como el contubernio de jueces y fiscales que facilitaron el encarcelamiento sin posibilidad de defensa de los detenidos.
Nada de juicios justos
A la de detención arbitraria –que algunos activistas cubanos elevan a un millar de personas—HRW agregó que, en la mayor parte de los casos, a los detenidos se les incomunicó tras ser arrestados violentamente, se les privó del sueño y fueron segregados en condición de hacinamiento.
"Las autoridades violaron sistemáticamente el derecho de los detenidos a un juicio justo", subrayó el informe. Además de ser sometidos a juicios sumarios, no se respetó la garantía universal al debido proceso. Los delitos de los que fueron acusados –como el de desorden público—fueron vagos e imprecisos.
Según HRW, "muchos detenidos fueron sometidos a celdas oscuras, hacinadas e insalubres con escaso acceso a agua limpia o mascarillas para evitar la propagación del coronavirus", lo cual provocó que un número desconocido de ellos hayan adquirido la Covid-19.
Inercia perversa
En el Informe anual de HRW correspondiente a 2020, el organismo internacional denunció una práctica que el gobierno de Díaz-Canel estaba llevando a cabo de forma sistemática y que resumió diciendo que éste “reprime y castiga cualquier forma de disenso y crítica pública”.
Y añadió que el aparato de Estado cubano “sigue utilizando contra sus críticos tácticas como golpizas, denigración pública, restricciones a la posibilidad de viajar, detenciones por períodos breves, multas, acoso en línea, vigilancia y despidos de los puestos de trabajo”.
La protesta ciudadana del 11 de julio pasado vino a refrendar este señalamiento. Y a darle visibilidad a lo que el mundo ya comienza a olvidar.
