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“Sigo de cerca, con preocupación y tristeza, la situación en Nicaragua, que preocupa a personas e instituciones”, dijo el Papa Francisco al margen del Ángelus del 21 de agosto de 2022. Dos días antes, un obispo del país, así como ocho religiosos fueron detenidos por las autoridades nicaragüenses.
“Quiero expresar mi convicción y mi esperanza de que, a través de un diálogo abierto y sincero, aún se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica”, insistió el Papa Francisco en su llamamiento, que no mencionó la detención de monseñor Rolando. Álvarez, obispo de Matagalpa. El pontífice simplemente concluyó con esta oración: "Pidamos al Señor, por intercesión de la 'Pura Purísima', que suscite en el corazón de todos una voluntad tan concreta".
Se esperaba la palabra del Papa Francisco sobre Nicaragua, mientras las tensiones son máximas entre la Iglesia Católica y las autoridades nicaragüenses. El presidente Daniel Ortega y sus allegados acusan a la Iglesia Católica de ponerse del lado de los manifestantes que han desafiado su poder desde 2018.
Durante la noche del jueves al viernes se realizó un allanamiento por parte de la policía contra la residencia del obispo de Matagalpa. Nueve personas, incluido el obispo Álvarez, fueron arrestadas. El obispo fue puesto bajo arresto domiciliario.
Este arresto despertó la indignación de muchas conferencias episcopales en América pero también en el mundo. El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo el 19 de agosto que él también estaba "profundamente preocupado por la grave reducción del espacio cívico y democrático y las últimas medidas contra las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de la Iglesia católica".
Volvió a hacer un llamado al gobierno de Nicaragua para hacer valer los derechos de todos los ciudadanos, “en particular los derechos universales de reunión pacífica y las libertades de asociación, pensamiento, conciencia y religión”. António Guterres finalmente exigió "la liberación de todos los detenidos arbitrariamente".
Desde 2018, Nicaragua atraviesa una crisis política sin precedentes marcada por una fuerte oposición al gobierno que, según se informa, ha llevado a la muerte a cientos de personas y ha obligado a miles de nicaragüenses a exiliarse. En esta crisis, la Santa Sede trató de articular las negociaciones entre el poder de turno y los opositores. En vano.
En marzo pasado, el Nuncio Apostólico en Nicaragua, Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, fue expulsado del país, una decisión entonces calificada como “grave” e “incomprensible” por el Vaticano. El obispo Sommertag había pedido repetidamente la liberación de los presos políticos, como lo hizo el Papa Francisco en 2019.
Más de 1.600 personas han sido detenidas arbitrariamente en los últimos años en las cárceles del país, según un informe publicado en diciembre de 2020 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
