Chile: El desafío de escribir un mejor texto constitucional que concite unidad

No había sondeo de opinión que no adelantara el rechazo al proyecto constitucional en Chile. El resultado era esperado. Lo que no pudo vislumbrar ninguna encuesta fue el margen que separó ambas opciones para dar un clamoroso y contundente «NO» a la Constitución política. El «rechazo» obtuvo casi un 62% de votos por el 38% del «apruebo» con más del 99% de los votos escrutados.

Decimos que lo social iba también implicado en esta jornada pues se trataba de conservar el histórico modelo de identidad republicana. También los valores e instituciones que le soportan. Por lo contrario, abrir camino a la legitimidad de la anarquía que facilite el progresivo desmantelamiento de la nación.

País que cae en dictadura, sociedad que se quiebra y polariza. Y generalmente las cosas no terminan bien, se profundizan las heridas y se torna complejo el camino para restaurar el tejido social e institucional. 

En su momento, en Venezuela las cosas se gestionaron de manera diferente al término del gobierno militar liderado por el general Marcos Pérez Jiménez. La estabilidad democrática de que gozó el país por décadas fue producto de un pacto entre los principales dirigentes de las organizaciones políticas que lucharon hasta derrocar la dictadura en 1958. Con una particularidad: en aquella Venezuela fueron los partidos los que  dieron forma y legitimidad a la democracia y no al revés. Por ello, el sistema de valores y principios libertarios que sostuvieron la gobernabilidad por más de 40 años, se estrelló cuando ellos lo hicieron. 

Fue ese desgaste y la falta de coherencia con los principios fundacionales de los partidos históricos en Venezuela, lo que abrió las compuertas, desde el seno mismo del sistema y no  por las dos intentonas fallidas de golpe de Estado, para la llegada al poder de Hugo Chávez. Fue por elecciones abiertas y transparentes que alcanzó la presidencia de la república y no por las balas que en vano disparó en 1992. Que impuso una dictadura es otra cosa y está por verse cómo terminan sus acólitos, enredados en los estropicios que ellos mismos han protagonizado.

El caso de Chile es diferente, pues la dictadura de Augusto Pinochet se entroniza justamente después de que la política ya había hecho de Chile un país dividido e ingobernable. Pero ningún autoritarismo resuelve eso, más bien lo agrava. Chile es un ejemplo. Mejoró la economía, pero el encono entre bandos nunca cesó. Heridas que nunca cerraron, a pesar de la pacífica sustitución de la dictadura militar en 1990 y los gobiernos que se alternaron bajo la bandera de la Concertación.  Un asunto pendiente que regresa, aderezado por los problemas sociales que los extremos de izquierda y derecha son incapaces de manejar.

Evidentemente, pareciera que América Latina –Chile, por supuesto- se encaminara hacia la izquierda de nuevo. Pero hay más que eso. Se intentó aprobar o negar algo crucial para la nación en un ambiente de extrema polarización que sigue presagiando inevitables enfrentamientos. Ganó indiscutiblemente el rechazo a la Constitución, pero la polarización sigue intacta y las fuerzas sociales a merced de vaivenes que no siempre son endógenos.

«Este proceso constituyente –explica para Aleteia el exembajador de Venezuela en Santiago de Chile, Julio César Moreno- es consecuencia del brusco trastocamiento de la democracia chilena, producido a partir de las vandálicas acciones iniciadas el 18 de octubre de 2019 durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Aquellos hechos provienen del plan diseñado para conquistar el poder en América Latina por el llamado Foro de Sao Paulo. Con el fin de realizar esas tareas se utilizaron fanatizadas vanguardias preparadas para convertir las legítimas protestas sociales que venían ocurriendo en violentas explosiones subversivas».

En ese punto comenzó a cambiar la historia reciente de Chile. Las protestas que expresaban descontentos por demandas no satisfechas, bien podrían dirimirse por los canales democráticos pero, en lugar de ello y a cuenta de ellos, comenzó una muy bien organizada ofensiva terrorista que se prolongó durante varios meses en todo el territorio chileno. Claramente, el extremismo había logrado imponerse al controlar y manipular el malestar colectivo marcándolo con el signo del odio y la destrucción.

Moreno recuerda: «Manipulando la causa indigenista en la Araucanía incendiaron iglesias católicas y evangélicas, realizaron atentados con saldo de muertos y heridos, y quemaron centenares de camiones destinados a transportar los alimentos que, producidos en esa zona, son comercializados en el resto del país».

En aquella ocasión -2019- y luego de tres días de movilizaciones masivas y actos vandálicos que paralizaron y causaron destrucción en diversas ciudades del país, la Iglesia llamó a asumir responsabilidades y buscar soluciones con la participación ciudadana.

«Entendemos -dijeron- que estos acontecimientos son parte de un proceso que venimos experimentado durante décadas y que tiene consecuencias profundamente humanas que no podemos ignorar. Aunque es compleja su adecuada comprensión y la búsqueda de verdaderas soluciones, es deber de todos realizar un esfuerzo mancomunado –especialmente autoridades y dirigentes sociales– para descubrir esas causas y recorrer los caminos de solución, los que no se darán sin la participación de la mayoría».

Horas después de la publicación de los resultados definitivos del «4-09», el obispo de la diócesis de Iquique, Isauro Covili, celebró en un comunicado oficial el resultado del plebiscito que rechaza así una constitución que «no acoge ni escucha a instituciones importantes» de la historia de Chile como son «la Iglesia y los obispos».

El obispo apeló «a los hombres y mujeres de buena voluntad» y especialmente «a los miles de devotos» de la región de Iquique a que, «movidos por el bien, la verdad y la justicia desde la fe en Jesucristo», colaboren «en el bien de la unidad del país» y  destierren «la cerrazón ideológica vivida en los últimos meses que ha hecho mal al alma de Chile».

Hay que tener en cuenta, desde la perspectiva eclesial, que se trataba de un texto-borrador de Constitución mediante el cual «una minoría pretendía imponer su visión» introduciendo el aborto libre y la eutanasia, entre otros temas. La Iglesia invitó a «transitar por caminos de análisis profundo, acompañados por espacios de silencio y de penitencia», así como a buscar «el valor y respeto de toda persona».

Consultamos también el criterio de Armando Durán, para el momento del golpe de Estado liderado por el general Pinochet canciller venezolano. Él  penetra igualmente en el análisis de las raíces de este plebiscito llamado «ratificatorio» que pretendió aprobar un borrador de Constitución:

«Se trata, por ahora, del último capítulo de un proceso constitucional que se inició con otro plebiscito, celebrado el 20 de octubre de 2020, forzada respuesta política del gobierno de Sebastián Piñera y del Congreso chileno para frenar las masivas protestas sociales que a lo largo de 2019 habían puesto en grave peligro la estabilidad del país. En aquella ocasión, con el voto del 78% de los electores, se aprobó la elección de una Convención Nacional que redactara el proyecto de nueva Constitución para reemplazar la todavía vigente de 1980, elaborada por la dictadura militar de general Augusto Pinochet».

Pero el tema siguió siendo objeto de fuertes debates luego de Pinochet, aunque el regreso de la democracia logró aplacar esos vientos. No obstante, la expresidenta Michele Bachelet planteó al Congreso la eventualidad de redactar una nueva Constitución. Piñera, su sucesor, logró frenar la iniciativa. Pero en su segundo gobierno la insostenible situación de violencia social obligó a toda la dirigencia política a reactivar el proceso.

Y Durán agrega: «Fruto de aquella explosiva situación fue la aparición de nuevas y poderosas organizaciones políticas, y de ellas surgió el liderazgo político de un joven político de izquierda, Gabriel Boric. Precisamente por esa combinación de desigualdad social, disturbios, nueva Constitución y triunfo electoral de Boric, se puso de manifiesto la extrema debilidad de los partidos políticos tradicionales y se evidenció que la población chilena seguía dividida ideológicamente».

Un representante de las filas de izquierda en el país llegó al Palacio de la Moneda por primera vez. Joven y carismático, a poco tiempo de haber ganado las elecciones, colecciona desconfianzas y ha perdido mucho respaldo hasta de sus propias bases. ¿Condicionó ello el rechazo que acaba de producirse hacia su proyecto en el plebiscito del «4-09»? Probablemente. ¿Se sentirá llamado a replantearse su proyecto político? Es una de las incógnitas.

Si bien es cierto que la presión baja por la clara voluntad de las mayorías al rechazar un proyecto de Constitución que hasta los obispos habían calificado como «proyecto destinado a no ser aceptado», también lo es el que la recomposición de los fundamentos de la sociedad chilena y la superación de la ingobernabilidad, aún son tarea pendiente.

Conciliadora, la Iglesia católica, según las más recientes manifestaciones de los obispos, luego del «4-09», destacó que el rechazo a la propuesta de Boric no significa «quedarse con el actual texto constitucional» sino que supone «el deseo de escribir un mejor texto que concite unidad y una visión del país compartido por una amplia mayoría».

En todo caso, no cabe duda de que el plebiscito chileno del domingo reviste un significado excepcional. Cualquiera de las dos opciones –y sabemos que ganó el rechazo de calle- representan un fracaso político difícil de superar.

Según Durán:

«Queda la opción de plantear una reforma del nuevo texto, pero ese recurso incrementaría el nivel de incertidumbre que sepultó al gobierno de Piñera, última expresión de la llamada Concertación, y pondría en riesgo hasta la estabilidad del gobierno de Boric. Un desenlace que sin la menor duda podría incendiar de nuevo la pradera política chilena».