El régimen sandinista, encabezado por la pareja presidencial Ortega-Murillo, ha dado otro golpe inusitado a la Iglesia católica de Nicaragua y ha ordenado cerrar las cuentas bancarias de varias diócesis a las que la Policía Nacional acusa de «malversación de fondos» como «parte de una red de lavado de dinero».
La inverosímil acusación se basa en supuestas investigaciones llevadas a cabo por la la Policía Nacional en las que «encontraron» una serie de actividades ilícitas en el manejo de fondos y recursos en cuentas bancarias que habían pertenecido a personas condenadas previamente «por traición a la patria».
El comunicado con el que se dio a conocer este nuevo atropello (congelar las cuentas bancarias es propio de gobiernos que enfrentan organizaciones criminales, terroristas o narcotraficantes) revela, sin dar datos, que las autoridades encontraron «centenares de miles de dólares, escondidos en bolsas, ubicadas en instalaciones pertenecientes a la diócesis del país».
«La Fiscalía General de la República, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero han confirmado movimientos delictivos con fondos que para la diócesis han ingresado irregularmente al país y se investigan y se han abierto procesos por todos estos delitos», señala el comunicado del ente policial, mismo que obedece ciegamente a los dictados del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.
Además, el comunicado enuncia que las autoridades de este país centroamericano -recientemente incluido en las listas de los mayores violadores de la libertad religiosa en el mundo— seguirán investigando otros delitos en los que incurrieron al «sustraer ilegalmente» recursos de cuentas bancarias que habían sido congeladas.
Por su parte, la Superintendencia de Bancos ha solicitado a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y al cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo José Brenes, «la presentación de los documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de la diócesis de manera que se cumpla en todo momento con las leyes del país, evitando los actos ilícitos que se han venido cometiendo».
El punto de mira: Matagalpa y Estelí
El punto de mira de la pareja presidencial sigue siendo las diócesis de Matagalpa y Estelí –de las cuales era obispo titular y administrador el obispo Rolando Álvarez, preso y condenado a 26 años de cárcel y actualmente en «La Modelo»— pues en el transcurso de los últimos días han sido arrestados tres sacerdotes de estas jurisdicciones eclesiásticas. El último de ellos es el padre Jaime Montecinos Sauceda (61), párroco de la iglesia de San Juan Pablo II, en el municipio de Sébaco (Matagalpa).
Según el parte oficial, el padre Montecinos está siendo investigado «por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación de conformidad con el artículo 1 de la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, y Autodeterminación para la Paz». Cualquier cosa que esto signifique.
Al padre Montecinos, precedieron las detenciones de los sacerdotes Pastor Rodríguez y Leonardo Guevara, quienes oficiaban en parroquias de Jalapa y Estelí. Ambos sacerdotes enfrentan una «investigación» referente a «asuntos administrativos de la extinta Cáritas Diocesana de Estelí». No se descarta, dados los antecedentes de otras acusaciones, que, al final, sean encarcelados por una serie de delitos similares a los del padre Montecinos.
En este sentido, la abogada e investigadora Martha Patricia Molina señaló que el gobierno de Ortega-Murillo busca provocar «una asfixia sin precedentes» en contra de la Iglesia católica. «Ortega y su esposa Rosario Murillo tienen una guerra declarada en contra de la Iglesia católica», agregó Molina, quien en un reciente estudio ha documentado 529 ataques contra la Iglesia católica desde 2018, cuando estallaron las protestas contra el régimen.
¿Desaparecer a la Iglesia católica?
Con la complacencia del régimen sandinista, en 2023 ya van 90 ataques, entre ellos el último de la semana pasada en contra de la capilla de Nuestra Señora de Fátima en Campuzano, en el municipio de Nindirí, departamento de Masaya. «Un grupo de desconocidos profanó el Santísimo Sacramento, sacaron las hostias consagradas del sagrario y las abandonaron en una propiedad cercana», según dijo a los medios Jesús Silva, párroco de la parroquia de Santa Ana de Nindirí, a la que pertenece la capilla.
Los atropellos siguen. Y seguirán -dicen los especialistas como la abogada Molina- hasta obtener lo que quiere Ortega-Murillo: desaparecer a la Iglesia católica en un país mayoritariamente católico. Una empresa condenada, históricamente, al fracaso. Es más: al ridículo.
