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Con 6,8 millones de habitantes, Nicaragua es uno de esos países centroamericanos que oscilan constantemente entre distintos regímenes autoritarios. Liderando la lucha contra el dictador Somoza, Daniel Ortega y los sandinistas tomaron el control del país en 1979. Daniel Ortega fue Presidente hasta 1990, antes de perder las elecciones presidenciales. Sin abandonar nunca la política, regresó al poder en 2007 y modificó la Constitución para abolir los límites de los mandatos.
Hombre fuerte de Nicaragua durante más de 15 años, hizo elegir a su esposa vicepresidenta e instaló a miembros de su familia en puestos clave del país. Ha organizado una implacable represión de los opositores políticos, incluida la detención del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, condenado en febrero de 2023 a 26 años de prisión tras ser declarado "traidor a la patria" en un juicio amañado. Se negó a exiliarse en Estados Unidos, prefiriendo permanecer en su país, aunque ello le supusiera pasar muchos años en prisión.
Un régimen firmemente arraigado
Nada ha podido derribar el régimen del Presidente Ortega, cuyo pensamiento y práctica se forjaron en las luchas sandinistas de los años setenta. Es uno de esos supervivientes de las revoluciones marxistas que, como en Cuba, han conseguido hacerse con el poder y mantenerse en él sin que Estados Unidos pueda hacer nada al respecto. Aunque son muchas las fantasías ligadas al poder desbordante de la CIA y de Washington, está claro que el gigante norteamericano es impotente para derrocar a un régimen que le es hostil.
Apoyándose en los poderosos cárteles de la droga, Daniel Ortega financia a sus vasallos y afiliados para mantener unido al país, no dudando en reprimir duramente las manifestaciones, como las de 2018, que se saldaron con numerosos muertos y detenidos, sin lograr hacer tambalear un régimen sólidamente arraigado. Encarcelado en un lugar no revelado, nadie sabe qué ha sido de monseñor Álvarez, e incluso circulan rumores de que está muerto.
Represión contra los católicos
La represión no se limitó a la detención del obispo de Matagalpa. En mayo de 2023, se congelaron las cuentas bancarias de varios sacerdotes del país. Una medida idéntica se aplicó a las escuelas y parroquias católicas. Un informe orquestado por el régimen acusó a la Iglesia de blanqueo de dinero y terrorismo. Estas acusaciones se lanzan contra cualquiera que se oponga al régimen.
En agosto, a varios sacerdotes que habían viajado a Lisboa para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud se les denegó el permiso para regresar a Nicaragua. Ese mismo mes, el gobierno confiscó la universidad dirigida por los jesuitas, los bienes de la orden y ordenó su disolución. Una vez más, por "terrorismo". Una cómoda razón para amordazar a la oposición. El gobierno también expulsó al Nuncio Apostólico, privando a la Santa Sede de enlaces e información sobre el país.
Dinero de la droga
Pero la represión no es nada nuevo. Durante su visita en 1983, Juan Pablo II se enfrentó a uno de los viajes más difíciles de su pontificado. Con los micrófonos silenciados para que no se oyera su voz, y soldados sandinistas al pie del podio gritándole e insultándole, el Papa polaco no se rindió y aguantó su viaje hasta el final. Un viaje marcado en particular por una amonestación contra el padre Ernesto Cardenal, entonces ministro de Cultura del gobierno de Daniel Ortega.
Por el momento, no hay salida visible. El Presidente Ortega está firmemente atrincherado, controla los engranajes clave del ejército y la policía, y paga a sus partidarios con dinero del narcotráfico. Nicaragua desespera a Estados Unidos, que nunca ha conseguido desalojar a los sandinistas. Al igual que en Venezuela y Cuba, estas dictaduras, arraigadas en una profunda historia, están sólidamente ancladas a su país.
