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La Comisión de Derecho Internacional fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1947 y se reúne anualmente. Uno de los ámbitos en los que ha estado estudiando una nueva ley internacional es la expulsión de inmigrantes de un territorio en el que carecen de estatuto jurídico.
El representante del Vaticano en las Naciones Unidas reafirmó recientemente varios principios que deberían formar parte de cualquier ley de este tipo.
"Los refugiados, solicitantes de asilo, emigrantes y víctimas del tráfico y la trata de seres humanos se enfrentan a menudo a inmensos desafíos y se les culpa injustamente de los problemas sociales actuales", afirmó el arzobispo Gabriele Caccia, Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, en una intervención el dos de noviembre en la sede de la ONU en Nueva York.
"Por desgracia, un número significativo de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a la persecución, violencia, desastres naturales y pobreza. La migración, en tales circunstancias, es una respuesta humana natural a las crisis, basada en el deseo humano universal de una vida mejor".
El arzobispo Caccia comentó el proyecto de artículos presentado por la Comisión de Derecho Internacional. "Aunque el proyecto de artículos no cuestiona el derecho de los Estados a regular la migración, ni impone restricciones indebidas a los casos en que se justifica la expulsión del extranjero, sí hace hincapié en la primacía de los derechos humanos y la dignidad humana sobre los intereses nacionales", dijo el arzobispo.
"Por esta razón, mi delegación acoge con satisfacción el artículo cinco, que establece que las medidas relativas a la expulsión de extranjeros deben llevarse a cabo de conformidad tanto con el marco jurídico nacional como con las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional".
No poner a nadie en peligro
El jefe de la diplomacia vaticana en la ONU afirmó que la Santa Sede "apoya firmemente" la ampliación del principio de no devolución, que garantiza que nadie debe ser devuelto a un país en el que pueda sufrir torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y otros daños irreparables.
La Santa Sede también apoya el desarrollo progresivo en la limitación de la pena de muerte.
"En este contexto, mi delegación celebra, en particular, el párrafo dos del artículo 23, que extiende a los Estados que actualmente no aplican la pena de muerte -aunque todavía pueda existir en su legislación- la prohibición de expulsión de extranjeros a Estados en los que exista un riesgo real de que sean sometidos a la pena de muerte", dijo Caccia. "De hecho, ninguna persona debe ser expulsada, devuelta o extraditada a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que su vida o su integridad física correrían peligro".
Las personas que se enfrentan a una deportación deben ser tratadas siempre con dignidad, añadió. "Debe darse la máxima prioridad al derecho a la vida familiar y a la prevención de la separación familiar, tal y como se indica en el proyecto de artículo 18". "El interés superior del niño debe ser la consideración primordial en todas las decisiones que se tomen en su nombre".
El arzobispo concluyó que los conflictos en diversas partes del mundo están exacerbando el número de personas marginadas y angustiadas. "Por lo tanto, la Santa Sede apoya plenamente la adopción de un instrumento internacional vinculante que aborde la expulsión de extranjeros, así como la creación de un comité ad hoc o de un grupo de trabajo de composición abierta a todos los Estados, para negociar dicho instrumento", dijo. "La naturaleza compleja y políticamente sensible de este asunto, que afecta a innumerables personas, requiere la formulación de normas comunes y estándares claros".
