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El gobierno disolvió el martes diez organizaciones en Nicaragua, entre ellas universidades, grupos religiosos y organizaciones no gubernamentales (ONG). Esta última medida forma parte de una ofensiva contra las entidades independientes del país.
El Ministerio del Interior, controlado por el gobierno del presidente Daniel Ortega, justificó la medida alegando "irregularidades financieras" en la documentación de las organizaciones, según informó Vatican News.
Entre los grupos afectados se encuentra una fundación católica, lo que aumenta la preocupación por las tensiones existentes entre el gobierno y la Iglesia.
Esto se produce en un contexto más amplio de restricciones a la sociedad civil. Desde 2018, más de tres mil 500 entidades, incluidos partidos políticos y ONG, han sido cerradas por el gobierno nicaragüense.
Iglesia católica diezmada por la persecución
Las últimas medidas afectan especialmente a la Iglesia católica, que ya está lidiando con los efectos de anteriores medidas enérgicas. Por ejemplo, según los informes, casi el 40 % de los sacerdotes de la diócesis de Matagalpa han fallecido o han huido del país desde 2018. Esto ha dejado a muchas comunidades sin líderes religiosos y ha obstaculizado significativamente la capacidad de la Iglesia para servir a sus miembros.
El sacerdote nicaragüense exiliado Carlos Adolfo Zeledón Montenegro describió la situación como "devastadora", destacando las dificultades que enfrentan las comunidades debido a la falta de clero. Añadió que la capacidad de la Iglesia para prestar servicios básicos se ha debilitado considerablemente.
Los informes indican que al menos 97 sacerdotes se han visto obligados a abandonar Nicaragua desde 2018, y que otros 13 han fallecido en el mismo período. Esto equivale a una pérdida total de 110 sacerdotes, lo que representa aproximadamente el 20 % del clero registrado en 2020.
Esta última medida del gobierno nicaragüense aumenta aún más la preocupación sobre el estado de la sociedad civil y la libertad religiosa en el país.
