El cardenal Leopoldo Brenes (abajo-C) y miembros de la Iglesia Católica llegan al barrio de Monimbó en Masaya, Nicaragua, en un intento de detener los ataques de las fuerzas antidisturbios, el 21 de junio de 2018
Entre abril de 2018 y mayo de 2022, los cuatro años y un mes desde que iniciaron las protestas en contra del gobierno de Nicaragua, la Iglesia católica de ese país centroamericano ha sufrido 190 hechos o acciones de hostilidad en su contra por parte del Gobierno y sus seguidores.
Este es el resultado que arroja la reciente investigación Nicaragua, ¿una Iglesia perseguida?, elaborada por la abogada Martha Patricia Morales, maestra en Corrupción y en Estado de Derecho y miembro del Observatorio Pro-Transparencia y Anticorrupción de Nicaragua.
La hostilidad del régimen que encabezan Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, se expresa en robos, amenazas, exilio, agresiones; también en campañas de desprestigio y discurso de odio. Este último, motivado por el apoyo a los manifestantes que protestaban por una fallida reforma del sistema de seguridad social en abril de 2018; y que degeneró en represión, muerte, cárcel y exilio para miles de personas.
A la par con el pueblo
Morales dijo al portal nicaragüense Expediente Público que la Iglesia católica fue una de las primeras instituciones que demostró su apoyo a quienes se lanzaron a las calles de Managua y de otras ciudades del país contra el nuevo sistema de pensiones propuesto por el gobierno sandinista.
La revuelta fue creciendo en la medida de la represión gubernamental y acumula, a la fecha, aproximadamente 350 personas muertas; y casi cien mil refugiados y exiliados, entre ellos dos sacerdotes que viven en Miami: el padre Edwin Román y el obispo Silvio José Báez.
“Los sacerdotes y obispos han estado a la par de la verdad, a la par del pueblo, han abierto sus iglesias; y no para cometer actos de terrorismo, como lo asegura la administración pública Ortega-Murillo (…) También denuncian las agresiones que la pareja presidencial comete en contra del pueblo”, dijo Morales a Expediente Público.
Ataques, hostilidad
Según la investigación de Morales, en 2018 la Iglesia católica de Nicaragua sufrió 46 ataques; en 2019 (que ha sido el año más peligroso) subió a 48 ataques; por 40 en 2020, 35 en 2021 y 21 en los primeros cinco meses de 2022.
Las agresiones a sacerdotes, obispos, seminaristas, laicos y los exilios forzados por amenazas de muerte –según la investigación de Morales—representan poco más de un tercio (37 por ciento) de las hostilidades detectadas en contra de la Iglesia desde abril de 2018.
El siguiente renglón de hostilidades, con un 19 por ciento de las situaciones registradas, corresponde a profanaciones de los templos católicos diseminados por toda la geografía nacional. El 17 por ciento corresponde a asedios, destrucción, quemas, bloqueos de servicios básicos, entre otros.
Los mensajes de odio ocupan el 9 por ciento de los actos hostiles del régimen sandinista en contra de la Iglesia (todos provenientes de la pareja Ortega-Murillo), mismo porcentaje que presentan los obstáculos interpuestos contra oenegés católicas, 6 por ciento en pintas y mensajes y un 3 por ciento de robos.
¿Qué busca el régimen?
Como en toda persecución contra la Iglesia católica llevada a cabo por regímenes autoritarios, la de Ortega-Murillo (han llegado a llamar “golpistas” a los obispos y “criminales” a sacerdotes como el padre Román), el objetivo es callarla e intimidarla.
“Lo que ellos quieren –dijo Molina—es tener monigotes que no los critiquen, y este caso no es el de la Iglesia católica, porque no se va a prestar a esta situación. Si ellos están viendo que el pueblo está sufriendo, están llamados a denunciar las agresiones, y eso es lo que la pareja presidencial no quiere; los quiere tener callados, silenciados”.
Antes de abril de 2018, los ataques a la Iglesia católica eran esporádicos en Nicaragua. Pero desde esa fecha, concluye Molina, “el lenguaje ofensivo y amenazante de la pareja presidencial contra la jerarquía católica se hizo cada vez más evidente y frecuente” y a la amenaza de encarcelar a sacerdotes y obispos.
